Mejor hablar de ciertas cosas

Actualmente se debate en el Congreso Nacional una serie de proyectos de ley que, de ser finalmente sancionados, tendrán dos efectos precisos: incrementarán la población carcelaria y el tiempo en prisión de muchas de las personas condenadas en nuestro país.

Ninguno de esos proyectos de ley, sin embargo, menciona siquiera la necesidad de introducir serias reformas en ese ámbito crucial que es la cárcel. Crucial en tanto constituye la columna vertebral del gobierno de la penalidad.

Se trata, en definitiva, de un verdadero tema tabú, intocable por parte de unos y de otros, tanto por quienes tienen la obligación de su administración como por aquellos que claman por su expansión y multiplicación.

Conviene tener presente que, según un reciente estudio elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la población privada de libertad en la Argentina se encuentra en un pico de crecimiento histórico que no ha sido acompañado por una ampliación estructural del sistema.

Tan es así que en menos de veinte años la población detenida se incrementó un 145%: pasó de 29.690 en 1997 a 72.693 en el 2015. Y desde el 2004 a la fecha la tasa de encarcelamiento del país aumentó un 44%.

Ese crecimiento ha venido generando sobrepoblación penitenciaria y, por lo tanto, un importante deterioro en las condiciones de detención, ya de por sí muy deficientes.

La sobrepoblación está íntimamente ligada al aumento sostenido del encarcelamiento y al uso masivo de la prisión preventiva. De acuerdo al Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, la mitad de las personas alojadas en cárceles se encuentra detenida preventivamente.

En el caso del Servicio Penitenciario Bonaerense la sobrepoblación es del 80%. Y si se tiene en cuenta la población alojada en dependencias policiales alcanza el 94%.

Esta situación se presenta también en otras jurisdicciones del país. Como respuesta las autoridades suelen recurrir al alojamiento de las personas detenidas en dependencias policiales por un prolongado período de tiempo.

Ese remedio, sin embargo, contradice lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Verbitsky, Horacio s/habeas corpus”, que en el 2005 declaró ilegal el alojamiento en calabozos y celdas de comisarías.

Allí se sostuvo que esos espacios no se encuentran ni mínimamente preparados para tal fin. Y menos aún para concretar los fines y objetivos que en nuestro Estado constitucional orienta la aplicación de la pena privativa de la libertad.

No obstante ello, desde el 2013 se generó un nuevo incremento. En febrero de 2017 se registraron, sólo en la provincia de Buenos Aires, 3.014 detenidos en dependencias policiales. Una cifra que creció en un 61% respecto al año anterior.

Cabe tener presente, además, que la falta de atención en materia de salud constituye la principal causa de muerte en los servicios penitenciarios federal y de la provincia de Buenos Aires, que concentran el 70% de la población privada de la libertad en el país.

En el Servicio Penitenciario Federal las muertes por salud representaron el 60% del total de decesos ocurridos en el 2016, en tanto que esa causa de muertes pasó de 180 a 210 cada 100.000 personas encerradas.

Sería conveniente que la cuestión carcelaria dejara de ser un tópico tabú y que ingresase en la discusión colectiva, a través de plataformas y ofertas electorales.

De ese modo los ciudadanos podríamos saber qué se propone hacer o no un determinado grupo político con ese espacio tan conflictivo del universo institucional. Es decir, si lo dejará librado al abandono y a la falta de inversión. O por el contrario, si habrá de implementar reformas estructurales dirigidas a hacer de la experiencia carcelaria algo más que sufrimiento y acumulación de tiempo muerto.

*Profesor titular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)

La población privada de libertad en la Argentina se encuentra en un pico de crecimiento histórico que no ha sido acompañado por una ampliación estructural del sistema.