Mina de Andacollo: diputados reclaman la renuncia de Irigoyen

Soledad Martínez afirmó que el titular de Cormine "no tiene méritos para continuar en el cargo". También se presentó un proyecto para su interpelación en el recinto. Lo señalan como responsable por el nuevo fracaso del proyecto de oro y plata.

El conflicto con la mina de oro y plata de Andacollo se puso en debate este jueves en la Legislatura, a más de una semana de corte de los trabajadores en Arroyito para reclamar el pago de sus salarios adeudados. La diputada del Frente de Todos, Soledad Martínez, exigió la renuncia del presidente de Cormine, Martín Irigoyen, a quien señaló por «incompetencia y negligencia» en la adjudicación y control del proyecto.

«Tenemos que hacer responsable a la provincia en la persona de Irigoyen quien, inexplicablemente, ha logrado sortear los cambios de gobierno sin que sus buenos antecedentes justifiquen su continuidad en el cargo», afirmó la legisladora, quien señaló que el funcionario «ha sido parte de innumerables escándalos».

Enumeró que, cuando se debatía un proyecto minero en Loncopué, se descubrió que «la empresa que pretendía explotarlo tenía domicilio en Neuquén en la oficina de Irigoyen». También indicó la venta irregular de terrenos en Villa Nahueve «a 3.500 pesos» en el que también estuvo involucrado el titular de Cormine.

«Ahora nos enteramos que ese millón de dólares de garantía que tenía que depositar la empresa Trident no le fue exigido dentro de los 90 días que es condición de ley», manifestó sobre el incumplimiento de la actual concesionaria de la mina.

«Este conflicto se soluciona pagando a trabajadores lo adeudado y pidiendo la renuncia de Irigoyen porque no tiene méritos para continuar en el cargo y todo lo que ha mostrado ha sido un fracaso o un escándalo», concluyó.

Su par de bancada, Sergio Fernández Novoa, coincidió en que «una persona con esas características no continúe en esa función por el bien de la provincia y de los pobladores que dependen de la minería».

Durante la sesión también hubo un pedido de la diputada Patricia Jure (FIT) para que se apruebe la moción de preferencia de un proyecto para interpelar a Irigoyen en el recinto. «Ha sobrevivido a todos los gobiernos siendo parte de un negociado que se ha llevado el oro dejando espaldas rotas y bolsillos vacíos», sostuvo. El oficialismo y sus aliados no acompañaron en la votación y la propuesta se envió a comisión.

El legislador César Gass (Juntos por el Cambio) lamentó la falta de acompañamiento y evaluó necesario que el funcionario comparezca para que «la consolidación de la democracia no sea formal sino real».

«Tienen que venir a dar información para sacarnos los fantasmas, lo que no nos parece claro y nos parece que está escondido. Necesitamos verificar datos», planteó el diputado, quien preguntó «cómo Cormine dejó operar a una empresa como esta sin tener la garantía exhibida». «Si eso no hubiera ocurrido, en este momento no estaríamos hablando de rescisión del contrato sino de la ejecución de la garantía», advirtió.

La diputada Ayelén Gutiérrez (Frente de Todos) reclamó por el costado social del conflicto y advirtió que «la falta de sensibilidad del Poder Ejecutivo es tremenda». «Ayer los trabajadores nos pedían colchones porque como les retuvieron los vehículos en Zapala iban a tener que dormir en el piso. Tuvimos que salir a las 11 de la noche a pedir colchones por todos lados», graficó.

También planteó que el comunicado que envió Gendarmería para justificar los operativos en las casas de los mineros «es una vergüenza» y que se puso en conocimiento del Ministerio Seguridad de Nación. «No son las fuerzas de seguridad que queremos», aseguró.

Desde el oficialismo, salió a contestar el jefe del bloque Maximiliano Caparroz (MPN). Manifestó solidaridad con los trabajadores pero dijo que «no hay falta de sensibilidad». Recordó las negociaciones en el contexto de la mediación y dijo que el gobierno llegó a ofrecerle un préstamo a la empresa Trident para que pague los salarios adeudados.

«La empresa, en medio de estas reuniones, sin avisar a la provincia ni trabajadores presenta un concurso de acreedores en Buenos Aires lo cual sorprende a propios y extraños. Por lo cual, al gobierno no le quedó otra posibilidad para resguardar a trabajadores y al capital invertido que hacer una rescisión«, indicó.


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