Minorías: ¿tolerancia o reconocimiento?

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Martín Lozada (*)

Este año venimos siendo testigos de un reclamo recurrente: los aborígenes de Formosa –donde hay unas 110 comunidades en total– solicitan ser recibidos por la presidenta para debatir y encontrar soluciones a la pérdida de 7.000 hectáreas de tierra que les fueron “arrebatadas” por las autoridades provinciales de Formosa. Exigen, entre otros puntos, que la Corte Suprema haga cumplir las leyes nacionales y los tratados internacionales que los protegen, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La cuestión remite a la presencia de minorías en nuestro país y, de modo más general, a su existencia en el mundo contemporáneo. Lo que acaso constituya uno de los asuntos más complejos del escenario colectivo, a punto tal que casi todos los conflictos internacionales están relacionados con sus demandas de reconocimiento. Y ello por cuanto nos encontramos frente a un creciente número de identidades que alegan tener historia, trayectorias colectivas, tradiciones y motivos para ser reconocidos como entidades particulares, diferenciadas de la sociedad mayoritaria. En adelante las sociedades deberán convivir sobre una compleja trama de diversidad interna y externa. Y, simultáneamente, estar preparadas para transitar los procesos de globalización tanto económicos como políticos y culturales que experimenta la humanidad. Puede entonces que la presencia de las diversas minorías no resulte una amenaza a la estabilidad social sino más bien una oportunidad para que los procesos de globalización sean cada vez más ricos social y culturalmente. Pero ello dependerá de cuán enfáticamente estemos dispuestos a rechazar todas las formas de intolerancia étnica, racial, política, sexual o religiosa. ¿Es el ejercicio de la tolerancia la garantía para asegurar una convivencia pacífica y cooperativa en reconocimiento mutuo e igualdad política? ¿O se trata, en realidad, de una expresión de menosprecio y dominación, la que no obstante funciona al mismo tiempo como un tipo de “reconocimiento” de minorías? Rainer Forst, discípulo de Jurgen Habermas y John Rawls y profesor en la Universidad de Frankfurt de Teoría Política y Filosofía, sostiene que, antes que nada, una convicción o una práctica debe ser evaluada como incorrecta o mala para poder ser considerada objeto de la tolerancia. Luego, tienen que existir otras razones, aparte de estas razones de rechazo, que expliquen por qué sería incorrecto no tolerar aquellas convicciones o prácticas incorrectas o malas, razones que llama “de aceptación”. En tercer lugar, tiene que haber razones de refutación, que determinen los límites de la tolerancia. De este modo se obtiene un cuadro complejo de inclusión y exclusión, de una mayoría y diversas minorías, algunas de las cuales son toleradas y otras no. Lo paradojal del caso resulta que las que se encuentran toleradas están al mismo tiempo incluidas y excluidas. Es decir: gozan de cierto reconocimiento y seguridad que no tienen otras, pero dependen de la protección del poder y deben, por lo tanto, demostrar mayor lealtad. Se trata de una concepción de tolerancia que se basa en la concesión de permisos. Bajo este modelo, la tolerancia jamás resulta una forma completa del reconocimiento positivo de otra práctica o de otra convicción o identidad. Y ello por cuanto ser reconocido como una minoría diferente, “no normal”, y obtener un estatus de minoría significa ser reconocido como ciudadano de segunda clase, como no igual. Contrariamente a lo que piensan muchos, el fin del absolutismo no fue el fin de la concepción de la tolerancia como permiso. Dicha concepción sigue estando presente en nuestras sociedades, aunque de otra manera, toda vez que la autoridad que tolera hoy aparece en ropaje de una mayoría democrática. Forst recuerda que el Estado de derecho otorga a todos los ciudadanos los mismos derechos fundamentales, a partir de lo cual todos ellos se reconocen unos a otros como libres e iguales. Condición que trae aparejada una concepción distinta de la tolerancia. Una que radica en el respeto del otro y no en su permiso para ser. Es decir una concepción en la que los ciudadanos democráticos se reconocen como equiparados jurídica y políticamente, aun cuando se diferencien en sus preferencias acerca de la forma de vida conveniente y deseada. Este pareciera ser el sentido mismo del reconocimiento, en tanto acto de respeto recíproco e igualdad jurídica, basado en una lógica libertaria que desestima tanto el dominio como el sometimiento del otro. (*) Catedrático Unesco. Profesor regular de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)