Monstruos lejanos

Una de las consecuencias de la difusión vertiginosa de la doctrina de la “extraterritorialidad”, principio según el cual tribunales en virtualmente cualquier país pueden juzgar a los acusados de cometer crímenes de lesa humanidad o de guerra aun cuando se produjeran en otro continente, consiste en que jueces de naciones cuya trayectoria reciente deja muchísimo que desear han podido erigirse en paladines firmes de los derechos humanos sin tener que preocuparse demasiado por la eventual reacción de sus propios compatriotas. El más célebre por sus labores en este sentido es, de más está decirlo, el español Baltasar Garzón, magistrado que no se ha permitido el lujo de perseguir a los asesinos y torturadores del régimen franquista, pero que ha conseguido convertirse en una figura mundialmente famosa embistiendo contra sus equivalentes de la Argentina y Chile que, para colmo, se habían inspirado en el ejemplo que les habían brindado el caudillo hispano y sus esbirros. Otro juez, menos célebre que Garzón, que está participando en este movimiento es el mexicano Jesús Guadalupe Luna, quien concedió la extradición a España del ex marino argentino Ricardo Miguel Cavallo porque, dijo, la Argentina, a pesar de haber firmado la convención internacional sobre genocidio, tortura y terrorismo, no la está respetando debido a la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

Hace veinte años, la forma que eligió el gobierno del presidente Raúl Alfonsín de hacer frente a los problemas planteados por la violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen anterior fue considerada tan valiente como progresista. A diferencia de los neodemócratas españoles, se rehusó a amnistiar a los responsables de un sistema represivo aberrante, de ahí los mundialmente celebrados juicios a los comandantes en jefe y otros criminales del Proceso. En cuanto a las leyes polémicas que en efecto limitaron los juicios a los jefes máximos, se trataba de una necesidad pragmática destinada a eliminar el peligro de nuevos golpes castrenses. Así, pues, puede afirmarse sin exageración alguna que en materia de la defensa de los derechos humanos, el gobierno de Alfonsín hizo mucho más que su homólogo español, mientras que, como es notorio, en México las violaciones de dichos derechos por la policía y el ejército siempre han sido frecuentes, y aún no se sabe si el nuevo presidente, Vicente Fox, sabrá emular al líder de la UCR.

Tanto en Europa como en América Latina, no es nada fácil hacer frente a un pasado plagado de crueldad porque los comprometidos con los regímenes responsables suelen conservar una cuota significante de poder. Es por eso que incluso en Francia una larga serie de gobiernos trató de minimizar las connotaciones de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial y en los conflictos coloniales que le siguieron. En España, los posfranquistas optaron por una amnistía generalizada, estrategia que fue imitada por los gobernantes democráticos chilenos que sucedieron a Augusto Pinochet. Aquí, la “solución” consistió en enjuiciar a los responsables de la dictadura sin arriesgarse emprendiendo un curso que bien pudiera haber supuesto el encarcelamiento de todos los uniformados. Tales formas de reconciliarse con el pasado han sido imperfectas pero, conforme a la situación de cada país, parecieron ser las menos malas factibles.

De consolidarse el principio de la “extraterritorialidad”, en el futuro los sucesores de regímenes inhumanos no tendrán que correr tantos riesgos porque siempre habrá tribunales extranjeros que estén más que dispuestos a ayudarlos, pero durante cierto tiempo la voluntad de magistrados de países notoriamente reacios a juzgar a sus propios criminales podrá ocuparse juzgando a extranjeros y manifestando su desprecio virtuoso por las presuntas deficiencias jurídicas ajenas. Es de suponer que tanto la Argentina como Chile tienen derecho a participar en la nueva era: sus jueces podrían hacer un aporte al progreso de la extraterritorialidad examinando con una lupa los currículos de visitantes oficiales españoles -o mexicanos- de cierta edad a fin de averiguar si, en una encarnación anterior, tenían algo que ver con los delitos salvajes perpetrados por regímenes que, por fortuna, ya pertenecen a la historia.