Mueca

HÉCTOR MAURIÑO vasco@rionegro.com.ar

Por un instante, la imagen cordial de un gobierno que se precia de tolerante se desdibujó dejando ver una mueca autoritaria. Lo que ha sacado de quicio a esta administración tiene un nombre: referéndum de Loncopué. También, un motivo: la defensa del principio de autoridad. Y una razón última: el sostenimiento a ultranza del modelo extractivo y rentista de los recursos naturales que sostiene al actual sistema político-económico de la provincia. Como si se tratara de parar un camión con las manos, el gobierno de Jorge Sapag salió el domingo pasado a poner palos en la rueda a la consulta popular sobre la actividad minera que se desarrollaba en la apacible localidad del noroeste neuquino. Pero no se puede parar un vehículo de varias toneladas de peso con el cuerpo, cualquiera que lo intente termina arrollado y eso es lo que les pasó a los funcionarios que salieron a último momento a tratar de impedir lo que ya no tenía vuelta atrás. Así, los ministros Gastaminza, Bertoya y Coco dispararon cada uno a su turno reproches amargos contra los parroquianos de Loncopué, endilgándoles entre otras cosas que han pagado mal el clientelismo recibido. Que a la hora de ponerle el cuerpo a la cuota de daño ambiental que les corresponde han olvidado que la mano que les da de comer está manchada con petróleo, algo que también contamina el ambiente. En realidad esta novela que no se sostiene –nunca es tarde para impedir o reparar un daño que puede alcanzar a toda la sociedad– a duras penas logra ocultar la ineficacia oficial. Si era tanto lo que estaba en juego en Loncopué, al punto que el propio MPN se dividió y la intendenta tuvo que hacer un mutis para no enfrentarse con su pueblo, ¿por qué el gobierno esperó a último momento para dar la batalla informativa? Si hace cinco años que Loncopué viene discutiendo lo mismo, ¿por qué los esclarecidos heraldos oficiales no se tomaron antes el tiempo necesario para desembarcar en el pueblo y explicar ampliamente sus razones? Tan descomedidos resultaron algunos de los tardíos comentarios oficiales que la propia vicegobernadora se vio obligada a tomar distancia. Pechen advirtió que, si bien el conflicto de poderes es real y ella está del lado oficial, hubo problemas de comunicación por parte del Poder Ejecutivo. Los loncopuenses –dijo– no actuaron “por voluntad de estafar a nadie” sino por “desconocimiento”. Y dejó sentado que “uno no puede desconocer que hay un pueblo que tiene un sentimiento que debe ser entendido y considerado”. Cuando el periodismo le marcó que su postura no era la misma que la del Ejecutivo, lo confirmó plenamente: “Claro que no. Yo soy la presidenta de la Legislatura y tengo mi convivencia en un marco heterogéneo”, apuntó haciendo gala de un pluralismo que en el Ejecutivo brilló por su ausencia. El matiz esbozado por Pechen no es menor, porque si el gobierno logra instalar en la Justicia su teoría de que el artículo 305 de la Constitución provincial sólo impide repetir el propio cargo, la actual presidenta de la Legislatura bien podría ser la candidata del MPN a la gobernación en el 2015. Volviendo a la patinada del Ejecutivo, tampoco suena válido el planteo oficial que quiere ver un exceso de celo en los loncopuenses porque, en definitiva, la explotación no tendría lugar dentro de los límites de la ciudad. Es evidente que las eventuales consecuencias de ese emprendimiento involucran al pueblo, como que es el único conglomerado urbano de cierto volumen que existe en las proximidades. Si el proyecto se materializa será Loncopué el que brinde la mano de obra y la logística y también, inevitablemente, su gente se beneficiará o perjudicará de todo lo que involucre a la mina. Al cerrarle la puerta a este proyecto, la gente parece haber elegido fortalecer su vínculo con el turismo que le brinda su proximidad con Copahue y Caviahue y otros rincones pintorescos de la cordillera. Es ese contexto, suena lógico que haya adoptado una postura defensiva contra actividades que acaso pueden traer riqueza pero al mismo tiempo podrían contribuir a degradar sus fuentes de ingresos a largo plazo. Tampoco suena convincente el supuesto conflicto de poderes invocado por la provincia. Más allá de cualquier planteo formal, la razón de fondo que mueve al gobierno no es precisar quién, la provincia o el municipio, tiene la potestad de permitir o impedir actividades que conllevan un alto riesgo ambiental, sino el cuestionamiento al eje del modelo económico neuquino, que no es otro que la actividad extractiva. Así visto, no es poco lo que se está jugando con el referéndum de Loncopué. Todos pudieron apreciar en la presentación que hizo esta semana el presidente de la nueva YPF estatal, Miguel Galuccio, que Neuquén será el principal blanco de las explotaciones petroleras no convencionales que piensa emprender la firma para remontar el déficit energético nacional. Lo del “queso gruyere” empieza a ser real y concreto. La Argentina necesita petróleo y gas para desarrollarse y Neuquén lo tiene. Eso puede traer grandes beneficios a la provincia pero a condición de que no se haga de cualquier manera. De lo contrario podrían ser más los perjuicios que los beneficios. Para que el saldo sea favorable, el gobierno y la sociedad deben tener muy claros los límites ambientales. Es allí donde la reacción del pueblo de Loncopué se revela valiosa y su punto de vista, lejos de ser caprichoso o “egoísta”, puede resultar necesario y digno de ser tenido en cuenta. Del único rubro que se puede descontar de antemano el impacto ambiental es del costo de producción. De otra forma el pasivo lo deberá asumir toda la sociedad. Tal vez el gobierno haya fallado en comunicarle al pueblo de Loncopué las ventajas del proyecto minero, pero si los funcionarios no entienden que una sociedad despierta y vigilante puede ser su mayor fortaleza, se pueden equivocar.