Mujica propone reforma para gravar al campo

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El presidente insistió ayer en que el agro debe aportar más al Estado.

MONTEVIDEO (AFP).- El presidente uruguayo, José Mujica, planteó ayer la posibilidad de realizar “cambios constitucionales” ante una posible resolución de la justicia que declararía inconstitucional un polémico impuesto al campo impulsado por él y aprobado por el Parlamento a fines de 2011. “Al parecer la Constitución se opondría a que pague más quien más se beneficia. Entonces habrá que plantearse, en fin, cambios constitucionales”, dijo Mujica en su audición radial “Habla el Presidente”. La “batalla por cambios profundos en la ruralidad va a continuar y también tener en claro que no vamos a bajar los brazos, no vamos a cambiar de programa”, señaló el mandatario, quien sin embargo aclaró que “más allá de los puntos de vista, las decisiones de la Justicia en un Estado de derecho hay que obedecerlas”. El semanario Búsqueda adelantó ayer que la Suprema Corte de Justicia “declarará inconstitucional el impuesto al campo”, que afecta a propietarios de más de 2.000 hectáreas, mientras que el presidente del organismo, Jorge Ruibal Pino, señaló que aunque probablemente la respuesta “será sí” a la inconstitucionalidad “aún no está resuelto”, en declaraciones a radio Universal de Montevideo. El Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) prevé un gravamen anual de unos ocho dólares por hectárea para las extensiones de tierra productiva de entre 2.000 y 5.000 hectáreas; de 12 dólares por hectárea para las de entre 5.000 y 10.000 hectáreas y de 16 dólares por hectárea para las de más de 10.000 hectáreas. Según cálculos del gobierno, publicados por Búsqueda, el ICIR afecta a unos 1.200 propietarios particulares o empresas de un total de 47.300, cantidad que equivale a 2,5% del total. Sin embargo concentra el 36% de la superficie total de tierras de Uruguay (unos 5 millones de hectáreas). El impuesto fue duramente criticado y resistido por las asociaciones rurales y hasta la fecha ha provocado 127 recursos de inconstitucionalidad.


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