Crece el conflicto por los juzgados de faltas en el municipio de Bariloche

Los dos jueces se presentaron hoy en el Concejo para defender su continuidad en los cargos, ante la ofensiva del intendente para removerlos y llamar a nuevos concursos. Los bloques opositores acompañaron sus objeciones.

Los dos jueces de faltas municipales que enfrentan desde abril la presión del intendente Walter Cortés para desplazarlos de sus cargos se presentaron hoy en el Concejo Municipal, donde explicaron por qué consideran invadida su jurisdicción y pidieron la intervención de ese cuerpo en defensa de su estabilidad.

Tanto Gustavo Contín (titular del juzgado de faltas I) como Débora Bietti (del juzgado II, con incumencia en Tránsito) recurrieron a la Justicia ordinaria para pedir la nulidad de la resolución que firmó el intendente en abril pasado para declarar la “vacancia” de sus cargos y llamar a concurso con el fin de designar sus reemplazos.

Pero los jueces esperan también un pronunciamiento del Concejo, que hasta ahora guardó silencio. El conflicto se agravó días atrás cuando Cortés desplazó de sus funciones a los dos oficiales de justicia que trabajaban en el juzgado de Contín. El juez dijo que esa decisión le impide realizar clasusuras e intervenciones de mercadería y en la práctica significa la parálisis del juzgado.

El debate en el Concejo incluyó severas críticas hacia Cortés por “invadir” roles como el control de desempeño de los jueces, que es incumbencia de ese cuerpo.

Los más enfáticos fueron Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche) y Facundo Villalba (Primero Río Negro), Este último dijo que las decisiones administrativas del Ejecutivo están dirigidas a “vaciar los juzgados” y que sus consecuencias “no las pagarán los funcionarios sino todos los barilochenses”.

Reivindicó el poder del Concejo otorgado por la Carta Orgánica para designar o remover a los jueces de faltas y negó que el plazo de seis años que allí se establecen genere una caducidad de hecho de sus mandatos. Esa misma es la posición que defienden ambos jueces y por la cual se han mantenido en sus cargos en un caso desde hace trece años y en el otro casi una década, sin que nadie los objete.

Según Villalba, Cortés “habla de palos en la rueda. ¿qué palos en la rueda puede haber si hace lo que quiere? Quiere gobernar a espaldas del pueblo, cerrar el Concejo y gobernar como un emperador”.

La concejal Julieta Wallace (Incluyendo) señaló que urgía la firma de otra resolución del Ejecutivo que reincorpore a los oficiales de justicia.

En apoyo del intendente

La única voz de justificación respecto de lo actuado por Cortés surgió del presidente del Concejo, Gerardo del Río (PUL), quien dijo que “no se está removiendo a los jueces, simplemente se está llamando a concurso y ellos mismos se pueden presentar”. Señaló que en la legislación vigente no es clara. “Hay un gris que nos tiene en esta situación”, afirmó.

Su postura quedó en abierta minoría, y por eso el Concejo sigue sin nombrar los jurados para esos concursos, como le pidió el Ejecutivo por resolución hace más de cuatro meses. Lo cual mantiene frenado ese proceso. Los concejales acordaron no hacerlo “hasta que se expida la Justicia”.

Otras mociones presentadas hoy en la comisión de Gobierno y Legales para aprobar comunicaciones al Ejecutivo que deriven en la reposición de los oficiales de Justicia y para que revise la resolución original de las vacancias no llegaron a votarse. El acuerdo fue continuar con el tratamiento del tema el próximo martes.

La jueza Bietti se presentó con su abogada patrocinante Griselda Ingrassia, quien subrayó que el intendente incurrió en “un avasallamiento de la competencia del Concejo”. Dijo que los jueces continúan en sus cargos y no necesitan ser ratificados cada seis años. Señalló que la falta de objeciones opera como una confirmación “tácita” y que en el cuadro de situación actual el Concejo “tiene la facultad” de emitir un pronunciamiento que ponga fin a la causa judicial.

Contín dijo también que con las resoluciones de Cortés que pusieron en jaque su continuidad hubo “invasión de la competencia del Concejo” y en consecuencia “se afectaba el orden público”. Pidió expresamente que los concejales no renuncien a sus atribuciones y destacó que el dictamen de asesoría letrada del Deliberante había ratificado sus posturas.


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