El caso Burlón ya tiene sumario abierto en el Tribunal de Contralor de Bariloche, un organismo en deuda

El Contralor tiene abiertos varios sumarios similares. Todos sin definición.

La controversia por las compras de efectos de uso personal que realizó en Europa el secretario de Turismo municipal Gastón Burlón con dineros públicos será examinado por el Tribunal de Contralor, que tendrá la misión de determinar si la actuación del funcionario se ajustó a las normativas o merece alguna sanción.

Pero los antecedentes impiden ser optimista, porque el Contralor ya tiene abiertos varios sumarios similares por temas de alta sensibilidad para el gobierno de Gennuso, algunos iniciados hace más de un año, y todos sin definición.

El presidente del Tribunal, Oscar Cannizzaro, dijo que la tarea que desarrollan es mucha y variada y que el personal del organismo es escaso. Esa limitación, sumada a la complejidad de las investigaciones, les habría impedido llegar a los esperados dictámenes.

Algunas de las investigaciones en marcha son por ejemplo la que debe determinar si Gennuso violó la ley de ética pública al viajar a Europa en noviembre de 2021 por invitación de las empresas que realizan inversiones con aerosillas en el cerro Catedral.

En principio no habría grandes dificultades para dilucidar qué ocurrió, porque el propio intendente reconoció públicamente que los pasajes los pagó de su bolsillo y el resto de los gastos fueron cubiertos por las empresas. Este medio informó en abril de 2022 sobre el inicio del sumario, que hoy sigue inconcluso.

El Contralor no habría respetado sus propios tiempos reglamentarios, porque según Cannizzaro un sumario no puede extenderse más de 90 días hábiles, con una prórroga por otros 90.

El Contralor también inició actuaciones por un cambio del contrato del transporte urbano que el Ejecutivo concedió en 2021 a la empresa Mi Bus, para flexibilizar la antigüedad de las unidades, y que no pasó por el Concejo. Esa investigación tiene la misma antigüedad que la del viaje de Gennuso, pero permanece también sin definición.

Otro sumario en curso busca determinar si existe un “circuito de recaudación paralelo” en el municipio relacionado con la aprobación de obras, como lo afirmó en noviembre pasado la exsecretaria de Gestión Urbana, Viviana Gelain, al momento de presentar su renuncia. Ese expediente tiene varios meses de trámite, sin ninguna novedad. Hay que decir que en ese caso también hay una causa abierta en la justicia ordinaria, sin resultados hasta hoy.

Cannizzaro reconoció que entre los sumarios por temas polémicos y alto interés para el gobierno hay que agregar el que puso el foco sobre las compras directas sin licitación, y ahora se suma el que examinará la conducta de Burlón.

Los que el Tribunal pudo cerrar con algún tipo de decisión o condena durante esta gestión se cuentan con los dedos de una mano. Entre ellos está la sanción económica impuesta en noviembre de 2021 al exsecretario de Ambiente y Desarrollo Urbano Pablo Bullaude por negarse a responder varios pedidos de informes sobre las reservas naturales del municipio. La acción fue impulsada por la ong Árbol de Pie y el funcionario recibió una multa de 9.500 pesos.

Cannizzaro dijo que existe una saturación de tareas en el Contralor, por la dotación limitada de personal, y explicó que la directora del organismo (una contadora de planta) tiene que realizar la instrucción de los sumarios y cumplir también con otros trabajos de rutina, con un escaso número de colaboradores.

El Tribunal es un poder independiente, está integrado por tres vocales electos por el voto popular y tiene un estatus equivalente al del Ejecutivo y el Concejo Deliberante.

Por Carta Orgánica debe ocuparse de monitorear la ejecución presupuestaria, la legalidad del gasto y la gestión financiera y patrimonial de la municipalidad. Cannizzaro dijo que también deben fiscalizar los balances de todos los organismos descentralizados (el Emprotur incluido) y las juntas vecinales. Debe ocuparse además de visar y aprobar cada llamado a licitación.

Virtual vaciamiento

Según Cannizzaro, el Tribunal tiene actualmente solo cinco empleados de planta y por esa razón iniciaron gestiones dirigidas a contratar dos contadores extra. “Es una estructura mínima, que incluso es más chica que la existente en 2007”, cuando él mismo cumplió otro período como vocal del cuerpo.

A su entender, el Tribunal de Contralor que tiene hoy Bariloche es desproporcionado en relación con la complejidad de las tareas y con el tamaño el presupuesto municipal que debe fiscalizar, que este año asciende a 23.200 millones de pesos.

El presupuesto de funcionamiento del órgano de control de las cuentas públicas es de apenas 50,9 milllones de pesos anuales, casi la mitad del asignado a la Defensoría del Pueblo (96,9 millones), cuya estructura de personal triplica a la del Contralor.


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