El Concejo Deliberante volvió a rechazar la Audiencia Pública para discutir la ordenanza de CALF

Las y los concejales no permitirán una audiencia pública en Neuquén porque el debate será sobre el cobro de la tasa CAN y la deuda de CALF con Cammesa

Por amplia mayoría, las y los concejales volvieron a negar la petición de Audiencia Pública. El MPN responsabilizó al grupo que juntó firmas, de haber tramitado de modo erróneo el pedido de Audiencia, al vincularlo a la presentación de la Iniciativa Popular para derogar la ordenanza que autorizó a CALF a percibir los dos nuevos tributos que se cobran desde marzo.

La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Argumero, ya había definido la no admisión de la Iniciativa Popular con base a que los temas tributarios no son objeto de este instrumento, según lo establece la Carta Orgánica. La apelación de esa medida (la competencia de la presidencia para rechazar el ingreso por fuera del control de forma) lideró el debate.

Se instaló que, por efecto cascada, si se rechazaba la Iniciativa Popular (que impulsaba derogar la ordenanza recaudatoria de CALF) entonces la Audiencia Pública tampoco se podía convocar porque el tema a debatir, sería la ordenanza que incluyó el cobro de CALF de la tasa CAN y la deuda de Calf con Cammesa.

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, planteó que si se deroga la ordenanza que sumó nuevos tributos a la boleta de energía «qué pasará con el agente de percepción (por CALF), qué pasará con la incorporación a la factura y la obligación del elemento de percepción de los fondos», preguntó. Agregó que fueron los iniciadores de los 2 expedientes (el de la Iniciativa Popular y el llamado a Audiencia) los que ataron un tema al otro.

La base del rechazo planteado por el MPN fue que los tema tributarios, no pueden ser objeto de la Iniciativa Popular. Se sumaron a la postura oficial de los bloques Hacemos Neuquén, Confluencia Neuquina, Unión por la Patria Nosotros Queremos Neuquén y Juntos por la Vida. En total sumaron 11 votos.

El concejal Nicolás Montero (Pro) (uno de los votos en contra) planteó que la ordenanza «no modifica la recaudación del municipio, quita el medio el agente recaudatorio, distinto sería una ordenanza que derogue las tasas», opinó. Luego recomendó «escuchar a los vecinos, más allá del fondo de la cuestión».

De modo similar se expresaron las concejales Laura Pérez (Comunidad) y Denisse Stillger (Pro), quien adelantó que estaba a favor de mantener la ordenanza, pero respaldaba la Audiencia Popular para escuchar los argumentos en contra. Adhirieron a esta postura también las ediles Valeria Todero (CCARI) y Karina Rojo (Pluralistas).

«Se siguen mezclando todos los temas. La intencionalidad es claramente política, con argumentaciones capciosas del rol o de las incumbencias de la presidencia del cuerpo», cuestionó Priscila Otton, del FIT, que desde enero presentó un proyecto para derogar esa ordenanza y no obtuvo votos de otro partido para que saliera de comisión.

«No importa lo que presenten, se van a negar. Sea con despachos separados o juntos, no lo iban a poner en consideración, porque hacen lo que les conviene. Si hoy se está tratando sobre tablas (el trámite rápido) es porque la Audiencia Pública tiene plazos de 15 días para responder y no llegaban a la próxima sesión», dijo en declaraciones a RIO NEGRO.

El público se retiró del recinto con expresiones de rechazo. El lunes, cuando fueron a explicar su postura a la comisión de Servicios Públicos, sostuvieron que fue «bochornoso» el trato que recibieron de los concejales, en tanto consideraron que el despacho en su contra ya estaba escrito antes de escuchar lo que tenían para decir.

El mismo grupo presentó una nota para adherir a la resolución de Nación de no incluir en las boletas de gas y energía otros tributos, aunque ya se conoce la postura del intendente Mariano Gaido en contrario.

En lo últimos 10 años, las únicas audiencias públicas que fueron las que convocó el Ejecutivo Municipal para presentar el nuevo transporte público, parte de los requisitos de transparencia que se exigían para el cambio de concesión.


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