El municipio de Bariloche, decidido a exprimir la “ecotasa” mientras le sea posible

El gravamen está destinado a desaparecer porque la Corte lo declaró iconstitucional, pero el fallo todavía no es de aplicación efectiva. Mientras tanto, el gobierno acelera la aplicación de los fondos y difunde sus beneficios.

El ejecutivo municipal comunicó en los últimos días que “la comisión de ecotasa” (así se llama el gravamen), integrada por funcionarios públicos y representantes del empresariado turístico, avanzó en la definición de los trabajos a ejecutar “en las próximas semanas” para mejorar los espacios públicos “utilizados por turistas y residentes”.

En un intento de sintonizar con las principales demandas desatendidas, colocaron entre los primeros lugares de esa nómina “la construcción de baños públicos en el Centro Cívico”.

Recordaron que ese proyecto ya había tenido algunas obras preliminares durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso pero quedó trunco, a pesar de que “ha sido solicitado reiteradamente tanto por turistas como por residentes”. Los baños estarán ubicados hacia el sur de la plaza Derechos de la Mujer, frente a la intendencia de Parques Nacionales.

El gobierno de Walter Cortés sostuvo también que la comisión aprobó el enripiado y colocación de adoquines en un tramo de 200 metros de la calle Félix Goye, en Colonia Suiza, que enfrenta crecientes problemas de tránsito y estacionamiento vehicular. Destacó que esa pequeña aldea ubicada al pie del cerro López es un sitio “de visita constante para los turistas” que llegan a Bariloche y buscan propuestas que vinculen “costumbres, sabores y paisajes”.

Otras obras enumeradas son el completamiento de la “mejora y refuncionalización” de las luminarias en edificios del Centro Cívico, ya parcialmente ejecutada, y la compra de materiales para reparar las garitas de guardavidas, que presentan visible deterioro. Todo con fondos de la tasa al turista, a pesar de que -fallo mediante- está llamada a desaparecer en el mediano plazo.

Luego de un trámite judicial que llevó más de siete años, el propietario de cabañas Santiago Cantaluppi consiguió en julio pasado una sentencia unánime de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la tasa aplicada en Bariloche a los turistas que pernoctan en cualquiera de los establecimientos habilitados.

El tributo fue creado y sostenido por Gennuso, que cuando se enteró del fallo de la Corte hizo una excepción a su retiro político para defender y reivindicar la tasa a través de las redes sociales. La aplicación de ese gravamen es de las únicas iniciativas del gobierno anterior que Cortés y sus funcionarios rescatan como una herramienta clave, que no están dispuestos a perder.

En lo que va del año la tasa al turista recaudó 485 millones y difícilmente cumpla la meta presupuestaria de llegar a diciembre con ingresos por 1.416 millones. Aun así, el dinero es aplicado en obras que tanto la gestión anterior como la actual consideran imposibles de afrontar con otros recursos.

Por eso desde el gobierno de Cortés han señalado que ya trabajan en un proyecto para redefinir la “ecotasa” con un formato ajustado a las impugnaciones fijadas por la Corte.

Plan alternativo

Hasta ahora el Ejecutivo no avanzó con una iniciativa de ese tipo, pero sí lo hizo la concejal Roxana Ferreyra (Nos Une Bariloche). Con asesoramiento del arquitecto y exfuncionario de varias gestiones municipales Raúl Martiniau, presentó un proyecto para reemplazar la tasa malograda por una “contribución”, que también pagarían los turistas al alojarse en la ciudad y que tendría el expreso fin de compensar el impacto ambiental generado por la actividad.

El proyecto de Ferreyra la denomina Coversa (contribución verde de sostenimiento ambiental) y en la práctica tiene pocas diferencias con el diseño actual. Los hoteles y bungalows continuarían como agentes de retención, y no está previsto cómo cobrarles a los turistas que no se alojan en esos lugares (y lo hacen por ejemplo en casas de familiares o amigos). Ese fue uno de los cuestionamientos por falta de “equidad contributiva” señalados en el fallo de la Corte.

En los fundamentos del proyecto de Ferreyra se subraya que en otros destinos turísticos del mundo existen desde hace años “tasas ecológicas” que deben pagar los visitantes, y que llegan hasta los 7,5 euros por noche.

Sostiene que el turismo no escapa a la generación de gases de efecto invernadero y la contribución estaría dirigida a cubrir “los servicios e infraestructuras que colaboren a la mitigación de los GEI”, incluida “una adecuada gestión de los residuos sólidos, un consumo consciente del agua y de la energía eléctrica y un uso responsable del transporte urbano”.

Al igual que en la “ecotasa”, la contribución impulsada por la concejal opositora sería administrada por una “comisión especial de seguimiento”, con participación privada, y crearía además una “comisión técnica de ejecución”, con la misión de “confeccionar y poner en práctica los programas urbanos necesarios para el sostenimiento permanente de la ciudad”.

Martiniau dijo que la contribución que idearon se diferencia en “todo” de la tasa actual, y que son “conceptualmente distintas”. Subrayó que no pueden los visitantes quedar eximidos de algún gravamen local cuando “”generan residuos, contaminación ambiental” y cuando el año pasado arribaron en un número que es “cinco veces la población estable”.

El empresariado hotelero no acuerda con esos criterios y sostiene la idea de que Bariloche debe evitar imposiciones que no existen en otras ciudades de la región y que le generan una desventaja competitiva.

Algunos de ellos acudieron a la Justicia y consiguieron hace un par de semanas una medida cautelar que los exime de cobrar la tasa a sus pasajeros. Pero la Asociación Hotelero Gastronómica fracasó en el intento de conseguir un fallo similar, de alcance colectivo, para sus más de 200 miembros. Por eso impulsa ahora la presentación de nuevos recursos a título individual.


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