Bariloche instalará nuevos radares en puntos estratégicos para controlar la velocidad

El sistema de radarización en las avenidas más transitadas de la trama urbana de Bariloche, que ya genera un promedio de 2.000 infracciones por semana, se extenderá con la incorporación de nuevos equipos sobre la avenida Bustillo y la ruta 40 Sur, según informó el municipio.

La ampliación de la red de control debió atravesar primero un estricto pliego de requisitos exigidos por la Nación a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y también por la necesaria intervención del INTI, que debe homologar los radares. De otro modo, la municipalidad podría enfrentar impugnaciones en la Justicia, como pasó en otras localidades.

El propósito es regular la velocidad de los vehículos, aportar a la seguridad y responder a los continuos reclamos de peatones y vecinos, quienes se quejan por las dificultades para cruzar.

La colocación de radares comenzó en 2020, y en la actualidad hay fiscalización con esos instrumentos en dos puntos de la avenida Esandi, otros dos en la avenida Pioneros y uno en la Costanera céntrica. En todos los casos con dos equipos, uno para cada mano de circulación.

Ahora el municipio comunicó la instalación de diez radares más, que sumarán controles en la avenida Bustillo y en la ruta 40 sur, sobre el ingreso del barrio El Pilar, donde en los últimos meses se produjeron graves accidentes.

El cerco sobre los conductores que incumplen los límites de velocidad se completa con dos radares móviles, que funcionan en un vehículo equipado con ese fin.

Un componente clave en el sistema de radarización es la participación privada. El municipio no lo opera por cuenta propia, sino que lo delegó en la empresa Vial Control SA, que aporta la tecnología y se queda con una porción considerable de las multas.

El subsecretario de Tránsito y Transporte, Daniel Pincheira, dijo que el empleo de radares busca desalentar las conductas de alto riesgo y prevenir hechos como el ocurrido en febrero pasado en la ruta 40 sur, donde cuatro turistas murieron en un choque frontal.

Para obtener habilitación de radares para Bustillo el municipio debió cumplir con estudios “observacionales” sobre la velocidad promedio de los conductores y aportar antecedentes de siniestros, que en el último tiempo causaron ocho muertes registradas sobre esa vía.

La empresa adjudicataria del contrato se queda con el 60% de las multas. Según la información brindada por Pincheira, los radares fijos registran “un promedio de 2.000 infracciones por semana”. Para los radares móviles la estadística de febrero a mayo contabilizó 462 infracciones.

En estos días se pusieron en marcha los trabajos para instalar la cartelería obligatoria y las necesarias “espiras”, que hacen falta verificar el paso de los rodados y su velocidad.

Pero los nuevos radares todavía no tienen homologación del INTI, que debe verificarlos de manera presencial, de modo que recién entrarían en funcionamiento a fines de agosto.

Pincheira reconoció que no se pueden saltear pasos para no poner en riesgo la legitimidad de las multas. Dijo que la empresa es la primera interesada en multiplicar los puntos de control. Según el funcionario, la contratista se vio perjudicada recientemente por la rotura de una espira en la Costanera debido a las obras de repavimentación, porque la salida de servicio de ese radar afecta su ecuación económica.

Lo mismo ocurre con las cámaras para fotomulta en los semáforos, para sancionar a quienes pasan en rojo.

En relación con los nuevos radares, ya está definido que habrá cuatro en la Bustillo según el siguiente detalle: uno en el kilómetro 6,8, otro en el 7,9 (Playa Bonita), un tercero en el kilómetro 15,4 y uno más en el 17,1. En todos los casos con doble control para abarcar ambos sentidos de circulación.

Además el municipio comprometió la colocación de dos radares enfrentados en el kilómetro 2030,2 de la ruta nacional 40, donde hay una recta con pendiente que suele ser recorrida a gran velocidad.

Los cambios derivados de la incorporación de tecnología en la persecución de infractores tuvo directo correlato en la recaudación municipal.

Las multas por exceso de velocidad tienen en la actualidad un monto que puede variar entre 16.575 pesos y 51.000 pesos, con descuento a la mitad para quien paga dentro de cinco días de la notificación. Por pasar un semáforo en rojo (falta considerada “muy grave”) las multas varían entre 56.000 y 113.000 pesos.

Este año, hasta el 30 de abril, el municipio llevaba recaudados 59,8 millones de pesos por “controles de tránsito” y el año pasado la recaudación fue de 161,5 millones.

El director de Tránsito, Carlos Catini, aseguró que el municipio barilochense, a diferencia de otros, se aseguró de cumplir con todos los trámites para evitar impugnaciones. Además de habilitar las máquinas debió capacitar y habilitar al personal, en el caso de los cinemómetros móviles.

Aseguró también que las multas tienen una alta tasa de cobro, porque es suficiente atractivo la quita por pago inmediato. El infractor sabe que, si no lo hace, igual deberá pagar sus multas para obtener un libre deuda a la hora de renovar su licencia.

Catini dijo que la presencia de los radares “ha bajado notoriamente” la velocidad promedio de los autos. Señaló que durante las pruebas iniciales en la Costanera “hay registro de gente que pasaba a 103 kilómetros por hora, y muchos otros a 85 ó 90”, donde la máxima permitida es de 60 km/h. Hoy la conducta cambio visiblemente, y lo mismo ocurrió en Pioneros, porque “la gente sabe que está el radar y se cuida”.

Los semáforos con videocámara producen un efecto similar. En el cruce de Moreno y Onelli el municipio registró alguna vez hasta 150 infracciones por semana y hoy no son más de cinco.

La Defensora del Pueblo, Analía Woloszczuk, inició hace más de un año un “avocamiento” al tema de los controles de tránsito con radares y videocámaras, para determinar si no hay ninguna “ilegalidad ni ilegitimidad” por parte del municipio, pero todavía no arribó a ninguna conclusión.

La defensora dijo ayer que todavía están en la etapa de recepción de denuncias, que les hacen llegar automovilistas disconformes con la actuación municipal. “Estamos reuniendo elementos, con el fin de comprobar si todo el procedimiento es correcto, si los radares están homologados” y si la actuación del municipio cumplió con el “debido proceso” y el derecho de defensa.

Explicó que muchas de las objeciones surgen cuando la gente va a tramitar un libre deuda y se entera de multas de cierta antigüedad, que nunca les fueron notificadas. “Por ahora sólo hay un avocamiento”, reconoció Woloszczuk.