Polémico acuerdo por las tierras del Puerto SAE: La municipalidad deberá mensurar las hectáreas
Es el paso que sigue a la promulgación de la ordenanza. El bloque unipersonal de la UCR en el CD elabora una presentación de nulidad
YPF también avanza en el proyecto para crear un nuevo puerto petrolero de aguas profundas en Punta Colorada, al sur de Río Negro. Fotos: Archivo
Tras la sanción de la polémica ordenanza que entregará, sin costo alguno, más de 1.100 hectáreas de frente costero ubicadas en el Puerto de San Antonio Este, la municipalidad deberá mensurarlas.
Esas tierras, que ascenderían a un valor de más de U$S 400 millones serán otorgadas a descendientes de antiguos pobladores de la localidad sin tener en cuenta la ley de tierras, que, entre los distintos puntos, prevé que para que haya un reconocimiento debe existir, como mínimo, una tenencia precaria que se haya renovado al constatar «la radicación de capital en mejoras, o ganados y cultivos, de un modo que quede asegurada la correcta explotación».
Debido a esto la oposición votó en contra de la iniciativa y uno de los ediles, que representa al bloque de la UCR, presentará un pedido de nulidad. Se trata de Matías Rodríguez, que adelantó que se encuentra en Bahía Blanca abordando el tema, porque están redactando la presentación “un abogado bahiense y otro profesional de Viedma”.
Cabe recordar que el acuerdo prevé entregar 479 hectáreas a la familia Velázquez Rojas, 450 a la familia Ullúa y 230 a los Caro. A los primeros, incluso, se les habría contabilizado una hectárea más que la que surge del texto del convenio, que plantea que 91 le serán otorgadas a Aldo Velázquez, 91 a Pablo Rojas, 232 a Elda y Amelia Velázquez y 64 al abogado Emiliano Gallego, que, curiosamente, recibe 32 hectáreas por cada uno de los acuerdos cerrados, pese a que representó a particulares de la misma familia.
Esa suma hace 478, y no 479, como consta en el croquis del acuerdo. También le pagará a su hermana Diana (que trabaja en el Poder Judicial), pese a que ahora no patrocina a los particulares, pero alegan que fue «clave» para lograr el trato.
De ese grupo sólo unos poseen una sentencia firme de la Justicia, obtenida en una resolución que se dio poco antes del inicio de la pandemia y que no fue apelada por el municipio. Los otros particulares judicializaron el reclamo pero obtuvieron, inicialmente, un revés judicial, y el otro ni siquiera acudió a ese estamento, y apenas inició un pedido por vía administrativa.
Los Ullúa, por caso, son fuertemente cuestionados. “Ellos ya recibieron tierras, que son las del loteo Saco Viejo” afirmó un integrante de esa urbanización, que no quiso ser mencionado. “Genaro Ullúa, con el patrocinio del abogado Enrique Lasa, obtuvo hace alrededor de 30 años 180 hectáreas de la Provincia. Se dividieron 90 para Ullúa y 90 para el abogado, que actualmente está con el desarrollo ‘Costa Blanca’” detalló.
“Ahora apareció un nieto de Genaro, llamado Esmir Ocampo, que usurpó las tierras, derribó médanos y comenzó a vender. Hicimos denuncias por el tema, ante Ambiente de la Provincia y el municipio. Pero Casadei nos desoyó. No hay sustento para dar nuevas tierras a ese grupo” cuestionó.
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