Presentaron nuevo pedido de juicio político contra el intendente Orazi
El Concejo Deliberante de Regina analiza un pedido de juicio político contra el intendente Marcelo Orazi por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El Deliberante pasó la denuncia contra el intendente a la comisión de Juicio Político. (Foto gentileza)
Un nuevo pedido de juicio político por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario púlbico contra el intendente Marcelo Orazi ingresó al Concejo Deliberante de Regina que decidió pasar la denuncia a la comisión de Juicio Político para determinar la procedencia de la misma.
La presentación fue realizada por un referente del Movimiento Vecinalista de Villa Regina (MOVER), que tomó como base para la denuncia una serie de medidas del ejecutivo municipal, como la disposición por la que se autorizó el pago del seguro del vehículo particular del jefe comunal con fondos municipales, y el uso de una tarjeta de débido vinculada a una cuenta del municipio para el pago de viáticos, entre otros.
Es la segunda denuncia con pedido de juicio político que se presentó contra Orazi. La anterior en junio de 2020, impulsada por la misma persona, fue rechazada por el Concejo Deliberante al considerar que la denuncia no “tenía entidad” y que “no se precisaron los hechos ni tampoco se ofrecieron pruebas”.
El pedido ingresó esta semana al Concejo Deliberante, que luego de dar lectura a la denuncia, determinó que la misma pase a la comisión de Juicio Político para evaluar si cumple con todos los requisitos exigidos en la Carta Orgánica para abrir las instancias que establece el proceso.
En la denuncia, el referente del MOVER sostuvo que el jefe comunal “ha incurrido en la falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, que redundaría en graves consecuencias para el funcionamiento de los tres poderes del Estado municipal y al consecuente daño al erario municipal”.
En 21 puntos, sostuvo que Orazi no contestó pedidos de informes del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante, que incumple con la ordenanza de Emergencia Económica, que realizó la compra directa de alimentos para comedores escolares sin realizar una licitación pública, y que mediante una disposición -que fue dada de baja- se autorizó el pago del seguro del vehículo particular del intendente con fondos del municipio.
Entre otros hechos mencionó que el intendente “incurrió en una malvesación de fondos” de los montos previstos para las obras de renovación de la terminal de colectivos y para la construcción del nexo cloacal del sector suroeste, y en incumplimiento de la Carta Orgánica al no designar a un Fiscal Municipal y a un Juez de Faltas.
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