Nación en problemas, ¿y las provincias?

PABLO VERANI (*)

El federalismo fiscal en la República Argentina está en vías de desaparecer. Tenemos un sistema de finanzas públicas que descentraliza el gasto y viene unificando cada vez más los recursos en manos del poder central. Nación sigue arrebatando cuantiosos ingresos a las provincias. Transgrede la ley de Coparticipación Federal de Ingresos y varios otros derechos de estas últimas, cuyos gastos aumentan al ritmo de la inflación, ya que consisten mayoritariamente en pago de salarios e intereses. Además, no disponen de herramientas para hacerse de recursos rápidos para afrontarlos, a diferencia de Nación, que cuenta con fondos de la Anses y el financiamiento del Banco Central y del Banco Nación, a lo que se suma ahora mediante declaración de utilidad pública, la facultad de manejar los recursos naturales propios de las provincias. De hecho, la crisis del federalismo fiscal consiste en un problema de índole crónica, sobre el cual vengo refiriéndome en forma reiterada durante los últimos años a través de mi labor en el Senado de la Nación. He presentado proyectos como: expediente 2950/08 sobre coparticipación federal de recursos fiscales; expte. 3511/08 sobre coparticipación impuestos débitos y créditos; expte. 4356/08 sobre régimen de distribución de recursos coparticipables retenidos por el Estado nacional para financiar obligaciones previsionales; expte. modificación decreto 976/01 sobre la tasa de gasoil-servicios ferroviarios; expte. 3282/09 sobre régimen de sustentabilidad fiscal y compensación mutua Nación-provincias; expte. 253/10 sobre monto mínimo a distribuir entre las provincias y pago a cuenta del servicio de la deuda pública provincial; expte. 1688/10 modificando el régimen de distribución del 15% de recursos coparticipables retenidos por el Estado nacional; expte. 2538/11 por el cual se extienden los plazos previstos en el programa de desendeudamiento de las provincias decreto 660/2010, entre otros, además de diversas expresiones públicas en torno a esta problemática. Esta crisis, como cualquier lector informado puede inferir, está agravándose últimamente en virtud del pobrísimo manejo macroeconómico por parte del gobierno nacional, su falta de anticipación y gestión de las finanzas del Estado y la cada vez más profunda crisis institucional que atraviesa el país, que involucra la falsificación lisa y llana de estadísticas públicas (Indec) –ahora con $ 6 come una persona– un exagerado desequilibrio de poderes de la Nación en favor del Poder Ejecutivo, casos de corrupción que involucran elevadísimos montos y comprometen hasta a la figura del vicepresidente, a lo que se agrega un largo etcétera. Volviendo a la relación financiera Nación-provincias, la ley de Coparticipación de 1988, parchada de mil maneras e inexplicablemente vigente aún a la fecha, estableció una distribución de recursos coparticipables entre la Nación y las provincias del 42,34% y un 57,66%, que nada tiene que ver con la distribución actual y que asignó en el último ejercicio fiscal (2011) sólo un 24,5% a estas últimas. Es decir: por debajo de la garantía mínima de distribución que esa misma ley exige, el 34% del total de lo recaudado por la administración central, situación que viene arrastrándose desde hace varios años. Por otro lado, a partir de 1992, de la masa coparticipable –es decir el 100% de los recursos a repartir entre Nación y provincias– se destina el 15% al financiamiento del sistema de seguridad social. Esto fue previsto en aquel entonces para afrontar los juicios por actualización de los haberes y para cubrir el déficit que produjo al Estado la aparición del sistema mixto de capitalización. Hoy, 20 años más tarde, con una Anses superavitaria y con el Estado nacional a cargo del total del stock y flujo de recursos previsionales, la famosa quita del 15% sigue vigente y, además de que debería haberse ratificado en el 2005, significa una pérdida anual para el conjunto de provincias estimada en cerca de $ 24.000 millones. Ya algunas provincias se han expedido en la necesidad de que estos recursos vuelvan a las provincias, he presentado desde el primer momento un proyecto para que esto ocurra. El Congreso no lo quiere tratar, la Nación no tiene ningún interés en revertir esta injusta quita que ha dejado de ser legal. Nos queda la Justicia, pero de acuerdo a las poco felices declaraciones del ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, parece que tampoco en este ámbito hay voluntad de resolver. Fue el propio juez Zaffaroni, alejándose de la Constitución nacional que en su artículo 116 establece que la Corte Suprema debe intervenir en todos los asuntos en que la Nación sea parte, quien dijo: “Habría que discutirlo en una mesa de negociación (…) es una cuestión política y por lo tanto no debe judicializarse, como lo hicieron las provincias de Santa Fe y Córdoba” Y esto, por supuesto, no es todo. En la actualidad existen más de 20 leyes específicas que redistribuyen recursos provinciales a favor de las arcas del Estado nacional. Por ejemplo las leyes 20628 y 26078, que asigna el 20% del impuesto a las Ganancias al sistema jubilatorio, o la ley 25413 del denominado “impuesto al cheque”, que sólo coparticipa el 30% de lo recaudado y destina el 70% restante directamente al Tesoro Nacional. En suma, la situación a la que llegamos es una crisis de índole política financiera que genera, por un lado, una perversa y desequilibrada relación entre gobernadores y el poder central y, por otro, una situación de fragilidad financiera de las provincias cada vez más preocupante. Se estima que la brecha de financiamiento que presentará el conjunto de provincias en el 2012 alcanzará los $ 31.000 millones, de los cuales $ 11.000 millones son para cumplir con el servicio de sus deudas y el resto para financiar sus respectivos déficits –según indica el último informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf)–. Guarismos alarmantes que pueden aún empeorar si continúan las tendencias recesivas de la economía. A este constante arrebato de recursos coparticipables le debemos agregar la intención transparentada del gobierno de hacerse del manejo de los recursos hidrocarburíferos provinciales. El gobierno nacional dicta el decreto 1277/12 con la excusa de reglamentar la ley de YPF, para poder intervenir directamente en el mercado del petróleo, creando una comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones para el sector. En líneas generales, será el gobierno nacional quien evaluará los planes de trabajo presentados por las petroleras y las inversiones realizadas, e incluso habilita a Nación a revertir las concesiones hidrocarburíferas en caso de “encontrar incumplimientos severos de la normativa”. Es un verdadero retroceso, se les está quitando a las provincias las potestades dadas por la Constitución nacional en su artículo 124, ratificado por la famosa “ley corta” que el mismísimo presidente Kirchner presentó. No tiene sentido la actitud de los gobernadores de haber consentido el acuerdo. Si no tienen ganas de gobernar, deberían haberse quedado en su casa. Evidentemente, están desempeñando el papel de gerentes generales de sus provincias. No entiendo el silencio de algunos o la adhesión de otros, el pueblo de sus provincias los eligió para que defiendan sus intereses, no para que permitan un saqueo cada vez mayor. Ahora al mercado petrolero lo controlará el triunvirato: Kicillof, Moreno y Cameron. Toda una “garantía” para nuestras provincias, dueñas de los recursos, que quedan excluidas de las decisiones. Serán ellos los encargados de exigir a las petroleras sus planes de inversiones, de regular sus stocks, su producción y hasta sus ganancias. El panorama es sombrío. Escaso es el margen de acción que tienen las provincias para reducir sus déficits, tanto por el lado del gasto, por su inflexibilidad, como por el lado de sus propios recursos. Aumentar impuestos provinciales en una economía en desaceleración, como se está haciendo o intentando hacer en varios distritos provinciales, es una medida que no puede conducir a buenos resultados. Por otra parte, el acceso a los mercados de crédito es para la mayoría de las provincias muy restringido, de modo que si Nación “no reacciona”, es posible que reaparezcan casos de emisión de cuasi monedas, con todas las consecuencias negativas que ello implica y que a ningún argentino le gustaría volver a experimentar, paradójica y absurdamente, luego de que el país vino creciendo a tasas “chinas” durante ocho años consecutivos y donde las posibilidades que ofrece el contexto mundial para nuestro país, así como para otros países de la región con orientación a la producción de materias primas, son de las mejores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. (*) Senador nacional por Río Negro. UCR