La Justicia no avanzará contra una comunidad mapuche de Neuquén

El municipio salió al cruce del fiscal Pablo Vignaroli por no avanzar en la denuncia que hizo por la ocupación de 50 hectáreas. El fiscal respondió que el caso no corresponde al fuero penal y que no hubo dolo.

El apoderado legal del municipio de Neuquén, Javier Pino Muñoz, cuestionó al fiscal jefe Pablo Vignaroli por desestimar una denuncia que realizó el municipio por la ocupación de 50 hectáreas en la meseta neuquina. Desde el ministerio Público Fiscal entendieron que el delito no estaba configurado porque existe un precedente donde la comuna tuvo intenciones de ceder el predio y argumentaron que el caso no corresponde al fuero penal.

El hecho tiene relación con un convenio que firmó el exintendente Martín Farizano, quien el 23 de marzo del 2013 firmó un convenio con la comunidad Nahuel Mapu, donde el ejecutivo cedía 500.000 metros cuadrados, pero que para concretar la entrega de los terrenos debía ser aprobado por el Concejo Deliberante de Neuquén.

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Al respecto Pino Muñoz, recordó que “pasaron tres años y el 25 de febrero de 2014 los concejales deciden dar por finalizado el trámite parlamentario y lo envían al municipio -durante la gestión de Horacio Quiroga-, que entonces decide archivar el expediente administrativo. Después de mas de dos años, 30 meses, la comunidad presenta una nota al Concejo para que se sancione la ordenanza. Lo que no quieren obtener por la ley lo obtienen por la fuerza”.

Explicó que “el 14 de julio la policía notifica a la municipalidad que se estaba produciendo una usurpación, concurrimos al lugar , hacemos la denuncia y dos días después el fiscal Pablo Vignaroli da la orden con un oficio e intima a la comunidad para que se retire en un plazo e 6 horas bajo el apercibimiento de que se va a utilizar la fuerza pública, 30 días después no sabemos porqué se arrepiente el fiscal y nos notifica que esta denuncia no configura ningún tipo de delito”.

En ese contexto criticó la postura del representante de la fiscalía y la vinculó a otro hecho ocurrido el año pasado en medio del conflicto por la baja 33 contratos laborales en la comuna donde las mujeres que había sido desafectadas amenazaron con incendiarse y tomaron el edificio municipal. En ese momento el apoderado de la municipalidad radicó la denuncia y la fiscalía tampoco avanzó.

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En respuesta, el fiscal indicó a “Río Negro” que “se desestimó porque entendemos que hay un precedentes generado por la propia municipalidad que es convenio firmado en la época de Farizano que quita el dolo en el delito. Hay un precedente en el derecho de ocupar esa tierra, entendemos que una cuestión ajena a lo penal y netamente vinculado al fuero Civil o Contencioso Administrativo”, puntualizó y concluyó que “puede que el municipio tenga razón, pero no es por la vía penal”.


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