Nicaragua: ahora Ortega también detiene a candidatos a vicepresidente opositores

La exreina de belleza Berenice Quezada, candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad, fue inhabilitada para participar en las elecciones generales del 7 de noviembre y se encuentra bajo arresto domiciliario, denunció esa organización política.

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Hasta el momento ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han confirmado el arresto de Quezada, quien según Ciudadanos por la Libertad (CxL) fue notificada de su detención domiciliaria la noche del martes «por autoridades judiciales y del Ministerio Público, acompañadas por la Policía».

Quezada permanece «sin acceso a comunicación telefónica, con restricción migratoria e inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular y se encuentra actualmente en su casa con custodia policial», indicó CxL en un mensaje en Twitter.

La modelo de 27 años, que ganó el concurso Miss Nicaragua en 2017, se había inscrito el lunes como compañera de fórmula del excomandante de la «contra» antisandinista Oscar Sobalvarro para disputarle el poder al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicemandataria Rosario Murillo, confirmados el mismo lunes como candidatos a la reelección por el gobernante Frente Sandinista.

Horas antes de que CxL denunciara el arresto un grupo de sandinistas que se identificaron como «familiares de víctimas del terrorismo» solicitó la inhibición de Quezada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos alegando que la exreina de belleza había realizado «apología del delito» e «incitado al odio y la violencia».

Tras inscribirse ante el tribunal electoral, Quezada llamó a «votar masivamente» contra la «dictadura» y pidió la liberación de los «presos políticos» encarcelados desde 2018 -unos 140, según la oposición- incluidos siete aspirantes a la presidencia acusados de «traición a la patria» detenidos desde el pasado 2 de junio.

Quezada es la octava candidata opositora en ser arrestada a sólo tres meses de los comicios.
A los otros aspirantes a la presidencia se los acusa de delitos incluidos en la polémica Ley 1055, como cometer «actos que menoscaban la independencia, soberanía y autodeterminación, por incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos», «aplaudir sanciones» y «pedir intervenciones militares, organizarse con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización».

CxL convocó a una «reunión de emergencia» de sus directivos para analizar la situación tras el arresto de su candidata, que fue rechazado por organismos de derechos humanos.

«Repudiamos la persecución del régimen Ortega Murillo contra Berenice Quezada. EXIGIMOS el respeto a todos sus #DDHH y su INMEDIATA LIBERTAD. #NoALaCriminalización», tuiteó el Comité Nicaragüense de Derechos Humanos, cuyas oficinas fueron clausuradas y confiscadas por el gobierno en 2018.

También en la red social Twitter la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su «condena al arresto domiciliario y la inhibición» de Quezada, mientras Erika Guevara, directora regional de Amnistía Internacional, denunció «Daniel Ortega ha sido señalado como responsable de crímenes de lesa humanidad. Miles de víctimas esperan justicia, pero el mismo perpetrador de violaciones de DDHH quiere volver a reelegirse como presidente».

Las elecciones tendrán lugar en medio de una grave crisis que estalló en abril de 2018 cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por la policía y paramilitares, con un saldo de 328 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos en distintos momentos y más de 100.000 exiliados y refugiados, según la CIDH.

El gobierno acusa a los opositores presos de ser «criminales y terroristas» y de haber participado en un «fallido golpe de Estado» para derrocar a Ortega, que gobernó entre 1985 y 1990, volvió al poder en 2007 y aspira a un cuarto mandato consecutivo a partir de 2022.