No avanza la causa por supuestas irregularidades en millonaria compra de alimentos en Bariloche

El denunciante, que integra el Tribunal de Contralor Municipal, afirmó que el fiscal no dispuso ninguna medida de prueba hasta ahora. La denuncia la hizo en agosto pasado.

El gobierno municipal de Bariloche apeló al giro en descubierto en septiembre y octubre y debió pagar intereses. Archivo

El gobierno municipal de Bariloche apeló al giro en descubierto en septiembre y octubre y debió pagar intereses. Archivo

La investigación para determinar si hubo irregularidades en la compra directa de alimentos por 8,3 millones de pesos, que la municipalidad hizo a principios de abril pasado a la empresa Almacén de Campo, para los módulos que distribuyó entre las familias en riesgo social de esta ciudad, no arranca.

“El fiscal ni siquiera me citó a declaración testimonial como para ampliar la denuncia”, sostuvo el abogado e integrante del Tribunal de Contralor Municipal por la oposición Estanislao Cazaux.

“Le había pedido medidas de prueba cuando presenté la denuncia pero no hizo ninguna. Hasta el momento no tenemos ninguna novedad de algún avance de la causa”, explicó.

Cazaux presentó la denuncia hace más de 3 meses para que el fiscal Guillermo Lista investigara el caso. “El titular de la acción es el fiscal, pero no hay avances sustanciales”, reiteró.

Desde el área de prensa de la fiscalía explicaron que Lista “está trabajando en esa causa y que en los próximos días salen citaciones de otras medidas de prueba”, que mantuvieron en reserva.

“Es como que quieren que pase el tiempo con este tipo de denuncias”, planteó Cazaux. “O pretenden que el denunciante aporte las pruebas cuando es el fiscal el titular de la acción y es quien debe investigar el hecho”, recordó.

“Yo hice una denuncia en mi carácter de vocal del Tribunal de Contralor a partir de lo que algunos medios habían informado”, rememoró. Y explicó que en ese organismo de control hay una investigación administrativa abierta que espera por los avances de la fiscalía.

Advirtió que el intendente Gustavo Gennuso y el secretario de Economía de la Municipalidad, Diego Quintana lo habían recusado para que no intervenga en ese expediente administrativo, pero ambos planteos fueron desestimados por el Tribunal de Contralor.

Cazaux afirmó que se había excusado en esas votaciones y que las recusaciones fueron rechazadas por los otros dos miembros del Tribunal de Contralor.

El integrante del Tribunal de Contralor denunció en agosto pasado que el municipio pagó un 40 por ciento más caro los productos para los módulos alimentarios. Observó que la oferta más baja rondaba los 5 millones de pesos, pero la Municipalidad pagó 8,3 millones de pesos.

La denuncia que presentó se fundamentó en el dictamen que elaboró el exasesor legal del Tribunal de Contralor Juan Manuel García Berro. Por eso, Cazaux pidió a la fiscalía que se investigue si alguno de los funcionarios del Ejecutivo municipal cometió los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude en perjuicio de la administración pública.

Recordó en la denuncia que la compra directa se dispuso en el marco de la ordenanza 3150-CM-2020, que declaró el estado de emergencia económica, social y de servicios en Bariloche por el COVID-19, y autorizó al Ejecutivo municipal a a prescindir del procedimiento usual de compras previstos por la normativa vigente.

Cazaux explicó, cuando presentó la denuncia, que el municipio había convocado a un concurso de precios al que se presentó La Varense, Almacén de Campo y Puelche. Dijo que se hicieron dos compras.

Puelche era la oferta más baja, pero propuso entregar los productos requeridos en un plazo de 5 días. Almacén de Campos no tenía todos los artículos por lo cual La Varense le facilitó algunos. Cazaux planteó en la denuncia que los funcionarios que intervinieron en la compra omitieron “observar posibles relaciones entre dos empresas oferentes”.

Dijo que el Ejecutivo municipal alegó que se requerían los alimentos con urgencia y, por eso, procedió a la compra. Sin embargo, los módulos se entregaron en un plazo de 17 días, advirtió el denunciante.

“Como conclusión, podemos aseverar que ni los tiempos de entrega, ni las primeras marcas fueron condicionantes de la compra, lo que acredita que la selección de valor más alto entre las ofertas efectuadas carece de todo justificativo y ha resultado ser ruinoso para el patrimonio municipal”, enfatizó en la denuncia.

“No hay mérito, oportunidad ni conveniencia en el accionar administrativo ruinoso para el erario municipal, ni elemento alguno que acredite o justifique la elección del valor más alto y los precios más gravosos en la compra de alimentos realizada”, manifestó.


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