No somos japoneses
Muchos maestros acatan órdenes de sindicalistas. Por eso, a pocos se les ocurriría anteponer su deber con el niño a su papel de agentes movilizados y en guerra con enemigos elegidos por los militantes.
Como era de prever, el pedido del ministro de Educación, Juan Llach, a los maestros a que «hagan un paro a la japonesa», o sea, que manifiesten su disconformidad con su situación con medidas «imaginativas» que no supongan otro día sin clases, sólo provocó risas entre los dirigentes de la CTERA, los cuales no se parecen en absoluto a sus homólogos nipones. Gremialistas profesionales, están más interesados en participar en la «lucha» contra el nuevo ajuste al lado de todos los demás empleados públicos, que en las consecuencias para los niños, en especial los más pobres, de interrupciones repetidas que en algunas provincias son tan frecuentes que el cierre permanente de las escuelas apenas llamaría la atención. Por su parte, la mayoría de los maestros, los cuales tienen excelentes motivos para quejarse, se ha acostumbrado a acatar las órdenes de los sindicalistas, de suerte que a pocos se les ocurriría anteponer su deber hacia el niño a su papel de trabajador movilizado en guerra con los enemigos elegidos por los militantes. Sería saludable que lo hicieran: una de las causas fundamentales de la división de la Argentina en dos países -uno, el menor, todavía relativamente próspero; otro, el mayor, hundido en la miseria sin demasiadas posibilidades de sustraerse a ella- se debe en medida creciente al virtual colapso de la educación pública.
Puede que un paro docente no tenga las consecuencias contundentes e instantáneas que tendría uno protagonizado por médicos, bomberos o, en algunas zonas, por policías, pero esto no quiere decir que no haya ninguna diferencia entre los maestros y los estatales que se ocupan en oficinas de la administración pública o los obreros fabriles. Cuando éstos rehúsan trabajar, las pérdidas son por lo común muy limitadas, y en algunos casos serían imperceptibles aunque el paro durara años. En cambio, los paros docentes reiterados provocan perjuicios permanentes a millones de niños, muchos de los cuales están recibiendo el equivalente a una condena de miseria o exclusión vitalicia, lo cual es una forma sumamente extraña de luchar contra la injusticia social. Por supuesto, por tratarse de niños, pocos lo entienden, razón por la que las víctimas inmediatas de la militancia sindical ya rutinaria no están organizando protestas masivas contra los presuntamente responsables de prepararlos para el futuro.
Pero sería inútil culpar a los docentes por su actitud, la cual, dadas las circunstancias, es fácil de comprender. Cuando la sociedad decidió, hace muchísimas décadas, dejar la educación en manos de mujeres pésimamente remuneradas, también decidió que los maestros deberían compartir la mentalidad de otros «estatales» que ya subordinaban todo lo demás a sus propios intereses sectoriales. Aunque generaciones de políticos han cantado loas sensibleras a la figura del docente, sus ditirambos en tal sentido se han asemejado a los consagrados a la Constitución, a la austeridad y a otros ideales que para muchos son nobles pero, por desgracia, inalcanzables. Si la retórica significara algo, los docentes estarían entre los más privilegiados. Si nos atenemos a los hechos, en cambio, es innegable que conforman un grupo que es despreciado por el resto de la ciudadanía.
Como Llach sabe muy bien, los maestros japoneses son distintos, pero sucede que también lo es la sociedad japonesa cuyos representantes, además de manifestar en palabras su respeto por la enseñanza, han sido capaces de hacer grandes sacrificios, en situaciones incomparablemente peores que las experimentadas por la Argentina, para que los docentes sean conscientes de que forman parte de un sector privilegiado y que por lo tanto tienen más responsabilidades que derechos. Es por eso que cuando reclaman más prefieren hacerlo sin perjudicar a los alumnos aunque, claro está, si éstos perdieran algunas horas de clase -y ni hablar de días, semanas o meses-, la reacción de la ciudadanía sería con toda seguridad furibunda. De más está decir que su status en el Japón no se debe a ninguna campaña sindical. Es fruto de un orden sociocultural cuyos resultados envidiamos, sin por eso sentir deseo alguno de soportar los costos necesarios para producirlos.