Nuestra peculiar monarquía presidencial

ALEARDO F. LARÍA (*)

No hay semana en que nuestra peculiar monarquía presidencial no nos ofrezca muestras de una versátil imaginación dirigida a buscar modos de aumentar el concentrado poder del Ejecutivo. La semana pasada estuvo signada por dos episodios que, vistos desde una perspectiva democrática, entrañan claros excesos. Pero ya son tantos que pasan desapercibidos por aquella habituación que la cultura popular grafica con la irónica expresión que dice: “¿Qué le hacen dos manchas más al tigre?”. La primera manifestación de desafuero presidencial la ofrece un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU) por el cual se interviene una empresa privada. Al igual que aconteció con la intervención de Repsol, el gobierno nacional dispuso la intervención de la Compañía de Valores Sudamericana (ex Ciccone Calcográfica SA) utilizando un DNU. Esta decisión de intervenir una empresa dispuesta por decreto presidencial debe distinguirse del envío de un proyecto de ley para que el Congreso apruebe la expropiación, previo abono de la indemnización. Mientras esta segunda actuación se ajusta a las previsiones constitucionales, la primera es arbitraria y carece de soporte legal, puesto que el PE no tiene capacidad jurídica para intervenir sociedades comerciales privadas. En nuestro ordenamiento jurídico no existe norma alguna que le permita al Poder Ejecutivo “intervenir”, es decir hacerse con el control de una compañía privada regulada por la ley 19.550 de sociedades comerciales. Esta facultad la tienen en cambio los jueces, que pueden, al declarar la quiebra de una firma, disponer la designación de nuevos administradores. Era justamente la situación en la que se encontraba Ciccone, cuya quiebra fue levantada por pedido de la AFIP. Por lo tanto, si la empresa estaba de algún modo bajo tutela judicial, lo correcto hubiera sido solicitar nuevamente al juez la reanudación del expediente de quiebra, y no disponer la “intervención” por el Poder Ejecutivo. Naturalmente, en este caso, los interventores hubieran sido elegidos por el juez y no por el Poder Ejecutivo como acontece en este caso. Esta extralimitación en el uso de los DNU recuerda aquel insólito raid del presidente Chávez, cuando recorriendo las calles de Caracas se detenía frente al edificio de una compañía para señalarlo con el dedo y pronunciar el ucase presidencial: “¡Exprópiese!”. La segunda manifestación de atropello a los valores democráticos la ofrece la disertación presidencial transmitida por la cadena nacional de radiodifusión con motivo de la inauguración de una ampliación de la destilería de YPF en La Plata. (Por cierto, no deja de ser un sarcasmo que en este afán presidencial de inaugurar emprendimientos privados se habilite con pompa oficial una obra realizada por Repsol, la empresa expropiada por haber incurrido supuestamente en “falta de inversiones”). El motivo de escándalo, en este caso, no es el uso injustificado de la cadena nacional ni el largo soliloquio presidencial –algo a lo que ya nos hemos resignado– sino el ataque personal a un periodista. Que la presidenta utilice un medio público de difusión para dar libre curso a sus obsesiones personales, discrepando con el enfoque dado a una noticia, y sin concederle al periodista derecho a réplica, dada la naturaleza del medio empleado, resulta francamente abusivo. Son formas de proceder que no se registran en ninguna democracia moderna y parecen más bien propias de las extinguidas monarquías absolutas. Que todos estos comportamientos se incorporen de forma habitual a nuestra cultura política sin dar lugar a consecuencia alguna es la prueba más elocuente de la extrema debilidad de nuestro entramado institucional, que carece de capacidad para resistir los embates autoritarios del presidente de turno. Como no estamos ante datos nuevos, dado que durante la presidencia de Menem hemos asistido a espectáculos similares, debemos reflexionar sobre las causas que operan para alcanzar estos resultados. Algunos observadores atribuyen la mayor responsabilidad a la escasa cultura democrática de nuestra sociedad. No les falta razón. Si por cultura democrática entendemos el cuidado de las instituciones y el respeto a la ley, evidentemente estamos mal situados. Una gran parte de nuestros ciudadanos –tal vez una mayoría– no registra sensibilidad alguna por las cuestiones institucionales. La consecuencia es que las extralimitaciones de los gobiernos no reciben luego suficiente castigo electoral en las urnas, por lo que se siguen reproduciendo. Esa anomia cultural es, en el fondo, la consecuencia de un fracaso institucional. Ni las instituciones educativas en la infancia y juventud, ni las prácticas institucionales que se pueden hacer luego en la sociedad a través de un partido político, una ONG o un club deportivo, favorecen la incorporación de una cultura democrática. Más bien al contrario, cuando observamos que la militancia en un partido político o en un club de fútbol es considerada simplemente un trampolín para mejorar el estatus económico personal. Como ha señalado el Banco Mundial, los países no pueden desarrollarse sin instituciones efectivas, y éstas son efectivas cuando se cumplen tres condiciones. La primera es la seguridad contra los actos predatorios (robo y violencia sobre las personas). La segunda es la protección contra los actos arbitrarios del gobierno (desde actuaciones impredecibles hasta intervenciones abiertas que vulneran los derechos de propiedad). La tercera es la existencia de un sistema judicial razonablemente justo que ponga límites al exceso de los otros poderes. Cuando se consideran todos estos elementos, se advierte que la calidad institucional es tan importante como la tecnología, la disponibilidad de capital, el ahorro o la formación del capital humano para provocar el desarrollo de las sociedades. Las instituciones establecen el sistema de incentivos que permite realizar el intercambio económico, social y político, base del progreso y la equidad. Mientras no se tome conciencia de la importancia que tiene el respeto a la ley y a las instituciones, nuestro desempeño económico será frágil e inestable, con riesgo de afrontar en cualquier momento una brusca involución. (*) Abogado y periodista


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