Nueva polémica por el contrato de prórroga del cerro Catedral
Concejales plantean que el acuerdo firmado en junio por el intendente Gennuso y la empresa Capsa debe ser avalado por el Deliberante ya que incluye una nueva acta que modifica plazos y agrega condiciones. El Ejecutivo se niega.
El intendente Gennuso firmó en junio el contrato de prórroga de concesión del cerro Catedral con una empresa del grupo Vía Bariloche. Gentileza municipalidad
Una nueva polémica surgió en torno al contrato de prórroga de concesión del cerro Catedral que durante la cuarentena firmó el intendente Gustavo Gennuso con un permiso de explotación hasta 2056.
El nuevo dilema enfrenta a concejales y al Ejecutivo con posturas contrarias respecto de la validación del contrato y el acta que el 2 de junio firmó Gennuso y los representantes de la empresa Catedral Alta Patagonia, Helgamaría Salvatelli y Norberto Castro, apoderada y presidente de la compañía que pertenece al grupo Vía Bariloche.
La firma del contrato de prórroga se demoró dos años luego de la aprobación de la ordenanza Nº2929 de 2018, que por mayoría autorizó al gobierno municipal a extender el contrato. El freno lo generó una medida cautelar ante una acción impulsada por legisladores y concejales del entonces Frente para la Victoria, que tras el desestimiento de dos de los promotores, quedó sin efecto meses atrás.
Pero el contrato además incorporó un acta complementaria firmada el mes pasado en el que se modifican los plazos de las inversiones previstas por Capsa, se incorpora la actualización de costos vinculados a la construcción de los dos gimnasios municipales que debería edificar la empresa y se contempla que en este período que transcurrió se pudo ver “afectado el equilibrio de la ecuación del plan de modernización aprobado” por lo que debe ser evaluado por el concedente.
A partir de esta acta complementaria, en la comisión Legislativa semanas atrás, a instancias de una propuesta del bloque Frente de Todos, se decidió solicitar al Ejecutivo que remita el contrato y el acta para su análisis y tratamiento como ordena la Carta Orgánica Municipal en el artículo 8 inciso 7 y una ordenanza de 1995.
La normativa esgrimida por el cuerpo indica que todo convenio y concesión debe pasar por el Deliberante para su aprobación.
Sin embargo, el Ejecutivo respondió con una negativa a este planteo, esgrimiendo que el contrato ya fue discutido y aprobado en 2018, y aclaró que el acta complementaria solo incorpora un “corrimiento natural de los plazos” de las inversiones comprometidas.
“No procede reeditar la cuestión ante el Concejo Deliberante, lo que sería volver al punto de inicio sin justificación alguna, desprestigiando y desvalorizando la ardua tarea institucional realizada y poniendo en riesgo el patrimonio del municipio ante el supuesto de algún reclamo por incumplimiento de parte del concesionario”, indica la nota que firmó el jefe de Gabinete Marcos Barberis la semana pasada.
También señala Barberis en su misiva que a diferencia del derecho privado, una característica en los contratos administrativos es que “la prerrogativa es a favor de la administración” en caso de cambiar condiciones de contrato, “dentro de ciertos límites y con la consecuente obligación de indemnizar”. Enfatizó además que el acta “no sustituye ni modifica” ninguno de los términos del contrato avalado en 2018. sino que solo “adapta los plazos a la fecha de firma del contrato, sin alterar ningún aspecto sustancial del contrato”.
Esta disyuntiva motivó una contradicción entre los concejales oficialistas que habían acordado con la solicitud del contrato para su aval. En tanto, la Asesoría Letrada sugirió a los ediles que se de intervención al Tribunal de Contralor por esta contraposición entre dos poderes del Estado.
El Frente de Todos insiste con la exigencia de que el contrato y acta firmada deben ser avalados por el Concejo Municipal. Otros bloques unipersonales también acompañarían la propuesta.
El debate quedó abierto y a la espera de una definición. Este miércoles volverá a ser tratado en Comisión Legislativa.
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