Nueva suspensión en el juicio contra Feudal
La audiencia se reanudará el próximo 26 y deberán presentar los alegatos. También declarará Di Biase y los legisladores lo harán por escrito. Las partes desistieron ayer de los testimonios de Icare y otros testigos.
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Después de que ayer declararan otros cinco testigos en el debate de la causa por «abuso de autoridad» que tiene como imputados al ex intendente Atilio Feudal y al contador Jorge Yáñez, las partes desistieron de los testimonios del intendente Alberto Icare y otros testigos, y aguardan la presentación de Graciela Di Biase y de los cuestionarios que deberán responder los legisladores Ester Acuña y Claudio Lueiro.
El límite fijado por el juez Gregor Joos para escuchar a Di Biase, para la recepción de los cuestionarios y reanudar la audiencia es el 26 de febrero, fecha en que también deberían presentarse los alegatos.
Ayer declaró la edil Irma Haneck, quien recordó lo que conocía sobre la venta del pagaré e hizo referencia al marco ciudadano de fines de 2000 y a las dificultades que atravesaba el municipio.
Después fue el turno del contador Ernesto Saavedra, que estuvo a cargo de la secretaría de Economía entre diciembre de 1995 y febrero de 1999, y de manera contraria a las previsiones anunciadas por Feudal no «cargó las tintas» y sólo reiteró que «cuando hay disposición de activos se requiere la aprobación del Concejo».
Saavedra recordó que el pagaré correspondía a un ajuste por coparticipaciones mal liquidadas por la Provincia, y que durante su gestión había requerido la apro
bación del Concejo para adjudicarle al Bansud el descuento de una moratoria. Definió al instrumento financiero negociado como un «crédito o activo registrado, o acreencia documentada», que estaba en poder de la provincia y no se lo entregaron pese a haberlo reclamado.
El ex concejal Ricardo Ledo y actual secretario de Trabajo de Río Negro, consideró que la venta del pagaré había sido «uno más de los recursos para conseguir fondos», y que había generado algún res
quemor en el Tribunal de Cuentas. Entendió que era «materia opinable» la necesidad de aprobación del Concejo Municipal, que el Cuerpo Legislativo no hubiera objetado la operación, y que no creía que el hecho pudiera configurar un delito.
De manera parecida se manifestó a continuación Marcelo Cascón, quien también se desempeñaba como concejal y apuntó que «era público que se estaban realizando gestiones para la venta del pagaré». Mencionó que habían declarado la «emergencia económica y financiera» y que entendía que el Concejo hubiera aprobado la venta del pagaré «previo informe económico».
El último testigo fue el abogado Carlos Fernández, asesor letrado del municipio durante la gestión de Feudal, quien expuso que estaba convencido que la operación no precisaba de la aprobación del Concejo.
La fiscal Mirta Siedlecki realizó pocas preguntas, quizá convencida de que los testimonios expuestos en favor de los imputados no alcanzan para desincriminarlos, y de que podrá sostener la acusación pese a ellos.
La incógnita principal puede estar referida a la interpretación que haga el magistrado sobre las diferentes previsiones de la Carta Orgánica anterior y la actual, y si los imputados podrán beneficiarse con las disposiciones del artículo 2 del Código Penal, que garantiza la posibilidad de acogerse a la ley más benigna en cualquier etapa del proceso, e incluso tras de la condena.
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