Obama endurece castigos al gobierno de Maduro
Amplía sanciones ya definidas por el Congreso.
AP
WASHINGTON/CARACAS (DPA/AFP/AP).- Los gobiernos de EE. UU. y Venezuela dieron ayer otro paso en una escalada de tensiones diplomáticas que se acentuó en los últimos días. El presidente Barack Obama recurrió al argumento de “amenaza a su seguridad nacional” para endurecer una serie de sanciones contra siete funcionarios venezolanos, presuntamente culpables de violaciones de derechos humanos. El presidente venezolano Nicolás Maduro llamó a su encargado de negocios para estudiar una respuesta a la medida.
El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado en diciembre sanciones con la llamada Ley para la Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de Venezuela, que Obama ratificó el 18 de diciembre. Ayer la Casa Blanca implementó y amplió esta legislación e identificó a los afectados en una orden presidencial.
Son el comandante Antonio José Benavides Torres, el director general de la inteligencia Gustavo Enrique González López, el ex comandante Justo José Noguera Pietri, la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padron, el director de la policía nacional Manuel Eduardo Pérez Urdaneta, el jefe de brigada Manuel Gregorio Bernal Martínez y el inspector general de las fuerzas armadas Miguel Alcides Vivas Landino.
Como suele ser habitual en la terminología de este tipo de órdenes presidenciales, Obama declaró “una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos planteada por la situación de Venezuela”. Esta declaración permite implementar las sanciones. La Casa Blanca se resistió durante meses a aplicar los castigos a funcionarios venezolanos como le pedían desde el Congreso, con la esperanza de que el diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición diera frutos, pero se ha cansado de esperar, aseguran.
La Casa Blanca se mostró muy preocupada “por los esfuerzos del gobierno de Venezuela por aumentar la intimidación de sus oponentes políticos”. “Los problemas de Venezuela no se pueden resolver criminalizando la disidencia”, dijo el portavoz Josh Earnest, quien hizo un llamado a Maduro para que “libere a todos los prisioneros políticos, que incluyen a docenas de estudiantes, al líder opositor Leopoldo López y los alcaldes Daniel Ceballos y Antonio Ledezma”.
Washington dejó claro que las sanciones no van dirigidas contra el pueblo venezolano ni contra la economía de ese país ni contra el gobierno venezolano en su conjunto. Funcionarios del gobierno explicaron que el sector petrolero no se verá afectado.
A los funcionarios venezolanos afectados por las sanciones se les bloquearán o congelarán las propiedades y cuentas bancarias en Estados Unidos y se les prohibirá la entrada al país. Además se prohibirá a estadounidenses que hagan negocios con ellos.
En respuesta, el gobierno de Venezuela llamó a consultas a su encargado de negocios en Estados Unidos, Maximilien Arveláiz. Las relaciones entre Caracas y Washington están a nivel de encargados de negocios desde 2010. La tensión aumentó en los últimos días: el presidente Maduro acusó a EE. UU. de estar detrás de un intento de golpe para derrocarlo.Y ordenó a ese país reducir su delegación diplomática a un 20% de su dotación actual en un plazo de dos semanas. Washington ha negado la acusación.
AP
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