Obreros «esclavos»
De vez en cuando, la opinión pública se siente horrorizada por el descubrimiento de talleres clandestinos en los cuales inmigrantes indocumentados, por lo común de origen boliviano o peruano, trabajan por salarios sumamente bajos. La mayoría comparte plenamente la opinión del subdirector de operaciones de la DGI, Guillermo Farías, de que quienes percibían de tres a cinco pesos por día por una jornada de catorce horas confeccionando ropa en un barrio del conurbano bonaerense eran «obreros-esclavos» que, con suerte, se llevarían, cada uno, una entrada mensual de entre 60 y 100 pesos. Se trata de un ingreso miserable, ¿qué duda cabe?, pero sucede que según un informe reciente, casi el veinte por ciento de la población del país tiene que manejarse con 65 pesos mensuales o menos, de suerte que por duro que haya sido el destino de estos inmigrantes no es peor que el de millones de argentinos.
Como siempre ocurre en estas circunstancias, tanto los funcionarios del gobierno como los periodistas que dan rienda suelta a su indignación creen que están defendiendo los derechos fundamentales de las «víctimas» de la explotación por parte de empresarios inescrupulosos. Sin embargo, no dicen lo que harían para remediar esta situación desafortunada. ¿Ayudarían a los inmigrantes ilegales devolviéndolos a sus países de origen, donde los salarios son todavía más bajos y las condiciones de trabajo más duras? ¿Ordenarían la detención de los empleadores, eliminando de este modo lo que es, al fin y al cabo, una fuente de trabajo? Por desgracia, no son muchas las «soluciones» que serían claramente preferibles a la situación denunciada.
En las distintas economías, los ingresos de los más pobres, los cuales incluyen en sus filas al grueso de los inmigrantes indocumentados, dependen en buena medida de la productividad del conjunto. Es por eso que un obrero explotado en un país como Alemania gana más que un argentino cuyo status laboral es normal. Por desgracia, nuestra economía es sumamente ineficiente, razón por la cual el ingreso per cápita apenas supera el 30 o el 40% del habitual en los países de la Unión Europea, dato que por distintos motivos la mayoría suele pasar por alto al dar por descontado que salarios propios de Francia o Alemania son los que deberían pagarse y que en consecuencia los abonados aquí son vergonzosamente reducidos. Esta propensión a mirar la realidad a través de un prisma primermundista hace que la actitud mayoritaria frente a la explotación de los inmigrantes se parezca mucho a la de los sectores progresistas de Europa Occidental y América del Norte. Quienes sienten simpatía por los pobres en otras partes del mundo quieren que disfruten de los mismos derechos que sus propios compatriotas y que perciban salarios comparables, lo cual es muy bueno, pero también se proclaman resueltos a sancionar mediante barreras proteccionistas a cualquier empresa en cualquier lugar que no respete las condiciones que consideran mínimas, lo cual no lo es en absoluto cuando supone el cierre de fábricas y la eliminación de salidas de la pobreza ancestral.
Para los muy pobres -o sea, para buena parte del género humano-, la única forma de dejar atrás la miseria consistirá en repetir la experiencia de los europeos, estadounidenses y japoneses de antes, trabajando con ahínco por recompensas exiguas. Aunque es probable que gracias al desarrollo tecnológico les sea más fácil de lo que fue para las primeras generaciones después de la Revolución Industrial, por ahora cuando menos tendrán que soportar condiciones que otros, beneficiados por la buena suerte de haber nacido en un país ya próspero, denunciarían por infrahumanas. En el mundo real, las opciones frente a los bolivianos y peruanos explotados en talleres bonaerenses no son tan atractivas como sus presuntos amigos parecen suponer. Para ellos, aquellos sesenta o cien pesos mensuales equivalen a la primera cuota hacia la compra de una vida mejor. Privarlos de ellos sin ofrecerles una alternativa superior podría servir para tranquilizar la conciencia de algunos bien intencionados, pero no ayudaría a las «víctimas».
De vez en cuando, la opinión pública se siente horrorizada por el descubrimiento de talleres clandestinos en los cuales inmigrantes indocumentados, por lo común de origen boliviano o peruano, trabajan por salarios sumamente bajos. La mayoría comparte plenamente la opinión del subdirector de operaciones de la DGI, Guillermo Farías, de que quienes percibían de tres a cinco pesos por día por una jornada de catorce horas confeccionando ropa en un barrio del conurbano bonaerense eran "obreros-esclavos" que, con suerte, se llevarían, cada uno, una entrada mensual de entre 60 y 100 pesos. Se trata de un ingreso miserable, ¿qué duda cabe?, pero sucede que según un informe reciente, casi el veinte por ciento de la población del país tiene que manejarse con 65 pesos mensuales o menos, de suerte que por duro que haya sido el destino de estos inmigrantes no es peor que el de millones de argentinos.
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