Desfederalizar el narcotráfico

Es un trabalenguas pero no para investigar ese tremendo flagelo mundial. Es la motosierra puesta al servicio del narco. Para entenderlo: la investigación de los delitos vinculados a las drogas siempre fue competencia material de los juzgados federales. Desde el artículo 11 de la vieja ley 20.771 sancionada en septiembre del 74 en adelante -y luego remozada por la ley 23.737- tanto la tenencia para consumo como el nivel más alto de tráfico, es investigado como una madeja de la que se tiene una punta y se va tirando para llegar desde lo más bajo del narcomenudeo hasta el posible lavado de dinero y el secuestro de toneladas de estupefacientes.

Pero resulta que hace 20 años atrás y por la ley 26052 se decidió cortar esos casos conductores para que las provincias que así lo deseen se hagan cargo, desde su propio sistema de administración de justicia, de investigar los hechos de ventas directas al consumidor. Ya no mas la justicia federal como era antes.

Si un gobierno provincial quiere y le conviene se desfederaliza el narcomenudeo. Cortan, serruchan, separan, el chiquitaje para los jueces ordinarios y de ahí para arriba a los jueces federales.

En el año 2014 y en base a un estudio hecho por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Ministerio Público Fiscal de la Nación se advirtió sobre el fracaso del sistema que recientemente adoptaron las autoridades neuquinas.

El consumo de estupefacientes aumentó considerablemente en la provincia de Buenos Aires, una de las primeras en implementarlo, a pesar de que las presiones político institucionales para producir indicadores de eficiencia en la persecución de estos ilícitos era notable. Los problemas jurídicos e institucionales no tardaron en emerger y hoy se reproducen en todas las provincias que la han adoptado.

La ley es ambigua porque no establece “cantidades” y por lo tanto jueces provinciales y federales se pasan los casos unos a otros en lo que se conoce como “competencia negativa” y terminan en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, caso a caso va decidiendo a quien le toca. En algunos tribunales se declaró la inconstitucionalidad de las leyes provinciales de adhesión y el archivo de la causa.

En su momento -año 2012- el juez de nuestro más Alto Tribunal Dr. Raúl Zaffaroni dijo que “Hay delitos federales y delitos ordinarios. Nunca he visto un delito que se convierta en ordinario según la provincia quiera o no”.

La desfederalización ha fracasado en todas y cada una de las provincias en que se quiso implementar.
Claro que nadie lo quiere admitir hasta que el agua no les llegue al cuello como ocurre en Buenos Aires donde hay proyectos legislativos para derogar la ley de adhesión. Cierto es que nadie exhibe estadísticas probadas en datos de “un antes y un después” pero hay algunos datos en la PGN que dice que la tenencia con fines de comercialización de 2315 causas en el 2005 cayó a 270 en el 2008: un 88% menos. Los fiscales federales están encantados.

Bonus track: ante semejante fracaso por ley 27.502 exige la creación de una Mesa de Intercambio de Información entre magistrados ordinarios y federales en cada provincia que adhiera. Ninguna funciona. Nuestro pasado nos condena.

* Abogado, exfiscal federal.