La Constitución Provincial y el Río Negro que viene

Río Negro está dejando de ser la provincia que su Constitución describe. El texto de 1988 se escribió para una economía de fruticultura, ganadería y turismo, actividades que conservan y conservarán su centralidad, pero que hoy deben compartir lugar con la minería, los hidrocarburos y la economía del conocimiento. También la función estatal se modificó, desde un Estado de expediente de papel y ventanilla hacia un entorno digital. Ese Estado sigue siendo el que ordena, pero cuatro décadas después tiene que conducir un ciclo mucho más grande con la norma de entonces.

Hoy hay un gasoducto de 472 kilómetros en construcción, un oleoducto que desemboca en Punta Colorada y dos buques de licuefacción que convertirán al Golfo San Matías en la salida del gas de Vaca Muerta. En junio salió desde Bariloche el primer despacho de doré de Calcatreu.

Y están los centros de datos de inteligencia artificial, que buscan energía disponible, clima frío y recursos humanos calificados, las tres condiciones que la provincia reúne.

Estamos además en época de reformas. Entre 2023 y 2025 reformaron su constitución Jujuy, La Rioja, Formosa y Santa Fe, mientras Río Negro conserva uno de los cinco textos más antiguos del país.

El desarrollo necesita previsibilidad, y la más fuerte que un Estado puede ofrecer es la que escribe en su norma suprema. Cláusulas de fomento para las actividades que sostienen a la provincia, estabilidad fiscal, prohibición de retroactividad tributaria y regulatoria, protección de los contratos con el Estado. Todo eso puede hacerse por ley, pero una ley se deroga con la misma facilidad con que se sanciona.

Nada de esto significa carta blanca. La misma firmeza vale para las reglas ambientales, para la participación de las comunidades y para que las regalías dejen algo permanente donde se produce. Vale para no quedarse en la extracción, porque alrededor de la minería, la energía y las nuevas tecnologías tiene que crecer una industria proveedora rionegrina. Y vale para el empleo y los proveedores locales, porque la prioridad de los rionegrinos en los proyectos que se instalan en su territorio no debería depender de la ley que esté vigente cada año.

Una reforma constitucional es antes que nada una discusión sobre la estructura del poder. Del lado del Ejecutivo, un ciclo de inversión de esta magnitud exige controles a su altura, con publicidad de los contratos que el Estado celebra, límites y autorización legislativa para el endeudamiento, y rendición de cuentas verificable sobre el destino de la renta de los recursos naturales.

Poco se gana con una justicia más profesional si las decisiones económicas más importantes se siguen tomando sin que nadie pueda revisarlas a tiempo.

Del lado del Poder Judicial el desajuste se advierte con más claridad, porque allí llegarán los conflictos que este ciclo genere. Hace falta una justicia independiente y profesionalizada, preparada para materias que hasta hace poco casi no llegaban a sus estrados, como los contratos públicos, la energía y el ambiente.

Eso se juega en el mérito y en el tiempo. En el mérito, porque el Consejo de la Magistratura rionegrino cubre las vacantes, algo que otras provincias envidian, pero puede mejorar el equilibrio entre las etapas objetivas del concurso y las de apreciación subjetiva, y porque falta evaluar el desempeño del juez en el cargo.

En el tiempo, porque los jueces del Superior Tribunal deberían tener un mandato acotado e improrrogable que renueve con regularidad su composición, como ocurre en los tribunales constitucionales de Alemania, con doce años, España e Italia, con nueve, y Colombia, con ocho.

Con la Legislatura la palabra es democracia abierta. Hélène Landemore sostiene que abrir la deliberación a ciudadanos comunes produce mejores decisiones, no por virtud moral sino porque una asamblea diversa reúne más puntos de vista que un grupo cerrado de especialistas.

Para Río Negro eso significa proyectos y datos públicos por defecto, audiencias obligatorias antes de leyes que afecten a una región o actividad, y participación digital en el tratamiento de los proyectos. La paridad merece el mismo tratamiento. Río Negro ya la aplica en sus listas legislativas, pero una paridad que vive en una ley es revocable. Llevarla al texto y extenderla a los tres poderes es lo que corresponde a una provincia que quiere ser moderna.Queda el Estado mismo.

 Se dieron pasos importantes en digitalización y falta volverlos irreversibles, con derecho del ciudadano a tramitar y ser respondido digitalmente y plazos que corran contra el Estado cuando no cumple. Eso habilita algo que la Constitución previó en 1988 y quedó a mitad de camino, la regionalización.

 No se trata de discutir dónde está la capital, discusión saldada que sólo sirve para pelearnos, sino de que un ministerio funcione fuera de ella, la Legislatura sesione en otras ciudades y los tribunales de alcance provincial tengan asiento donde el servicio sea más accesible.

Por eso este debate tiene que estar en la próxima campaña, como discusión concreta que los rionegrinos puedan seguir y evaluar. Declarar la necesidad de la reforma exige dos tercios del total de los miembros de la Legislatura, una mayoría que ninguna fuerza alcanza sola y que obliga a un acuerdo entre bloques.

Esos consensos políticos y sociales no se construyen el día después de asumir si el tema no estuvo en la agenda antes. Río Negro tiene por delante las décadas más importantes de su historia económica y debe adaptar su norma suprema a los tiempos que vienen.Adrián Federico

*Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Profesor de Derecho Constitucional en la FADECS (UNCo) y Secretario General de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.