La sindicalización de los gobernadores
En inédito zoom entre mandatarios y legisladores de todas las fuerzas (excepto los libertarios) acordaron avanzar en proyectos sobre el impuesto a los combustibles y los ATN.
Javier Milei tiene confianza extrema en Luis “Toto” Caputo. Es en esa terminal donde se define el vínculo con los gobernadores, lo que se les da y lo que se les quita. Así responde el Presidente cuando se le pregunta: “Véanlo con Toto”, repite. Los jefes provinciales están cansados, desde el jefe de gobierno porteño Jorge Macri a los del norte y sur. Reclaman, aunque no rompan con el Gobierno nacional y amenazan, aunque mantengan los buenos modales frente a la constante motosierra. Los peronistas aprovechan la ventana, sin lanzarse a una guerra: los dialoguistas no los acompañarían.
Las quejas de los patagónicos se oyen en la voz de Alberto Weretilneck. El chubutense Ignacio Torres empuja y se modera. Más al sur acompañan sin estridencias Claudio Vidal (Santa Cruz) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego) mientras Rolando Figueroa recibe los mayores elogios, sentado sobre Vaca Muerta. “Neuquén tiene un futuro extraordinario”, escribió en redes sociales Caputo tras reunirse con el neuquino y celebrar el récord de producción de crudo.
La prudencia de los gobernadores tiene razones de peso. La primaria, y original: creen las amenazas de Milei efectivizadas por el ministro de Economía y el de Desregulación. Sólo “Toto” puede abrir o cerrar el grifo. Ni Guillermo Francos tiene la llave como jefe de Gabinete. La segunda: le temen a los votantes de Milei, a los argentinos indignados con el gasto público, la casta política y la larga lista de desaciertos políticos que podrían derivar en octubre en un nuevo triunfo libertario. La tercera razón: están convencidos de que Milei es capaz de cercar al peronismo y la mayoría no quiere quedar emparentados con las huestes K.
Sin embargo la necesidad tiene cara de hereje y los aliados del presidente advierten que la lealtad, el acompañamiento y el ajuste en las arcas provinciales no se premia ni tiene trato diferencial. “No puede ser que a los buenos alumnos nos castiguen” dijo, palabras más palabras menos, el radical Maximiliano Pullaro el miércoles en Tribunales tras la audiencia convocada por la Corte para que Santa Fe, Economía y Anses expusieran sobre la deuda que Nación tiene con aquella provincia por la caja de jubilaciones. El monto que calculó el gobierno santafesino equivale a unos 1.500 km de rutas o 170 escuelas.
Dos gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio e Ignacio Torres; dos radicales, Alfredo Cornejo y Maximiliano Pullaro, y un peronista, Sergio Ziliotto, compartieron una reunión por zoom el viernes por la tarde. La sorpresa fue mayor: en un hecho casi inédito se conectaron los senadores jefes de los bloques más numerosos. Se unió José Mayans del interbloque de Unión por la Patria; Alfredo De Angeli, del PRO y fiel representante de Mauricio Macri, y por la UCR Eduardo Vischi (UCR). Como casi nunca coinciden también participó Martín Lousteau, a quien pidieron agregar varios gobernadores. El titular de la UCR se sumó al zoom desde Uruguay adonde viajó a un congreso del Frente Amplio. Otro dato llamativo fue la participación de la senadora rionegrina Mónica Silva en nombre de Weretilneck. Fue la única de los provinciales y de la Patagonia.
Esta pseudosindicalización de los gobernadores -y su acuerdo incluso con el peronismo- tiene márgenes acotados. Por ahora, al menos, lograron un denominador común para avanzar con tres proyectos de ley con los que buscan recuperar recursos que retiene Nación. El pacto se limita a conseguir la eliminación de los fondos fiduciarios y fedeicomisos destinados a obra vial para que ese porcentaje de recursos se derive a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Modificar ese esquema y la ley que instauró el impuesto a los combustibles líquidos, como también coparticipar el 50% del fondo de los Aportes del Tesoro de la Nación, será una tarea legislativa sobre la que hay diferencias, pero mucho consenso. Están los que piden que la presentación sea inmediata y los que piden negociar con el Gobierno para evitar un veto que el Congreso no podría rechazar.
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