Reformas al Código Procesal Penal: un peligroso camino hacia el fracaso

La Legislatura aprobó por mayoría un conjunto de reformas al Código Procesal Penal de la provincia bajo el poco original nombre “Paquete de leyes de seguridad”. Se apunta a otorgar a la Policía y al Ministerio Público Fiscal herramientas para investigar el microtráfico de drogas.

Acompañadas por la sanción de una nueva Ley Orgánica de la Policía y la creación de un Consejo Provincial de Seguridad, las reformas a la normativa procesal incluyen modificaciones que alcanzarán al conjunto de los delitos que se investigan provincialmente -la incorporación de la reiterancia- y otras que apuntan a otorgar herramientas a las Fiscalías para investigar los delitos de la Ley de Estupefacientes (23.737) desfederalizados recientemente.

En éste último sentido, se aprobó la validez de las denuncias anónimas; los allanamientos nocturnos sin presencia del fiscal; la  incorporación de la figura del agente revelador, es decir un policía que funciona  encubierto, designado para colaborar en una investigación; y la figura del informante, que autoriza una remuneración económica por parte del Estado a la persona que brinde “datos, informes, testimonios, documentación o cualquier otro elemento” para iniciar o guiar una investigación.

Estas modificaciones, presentadas ante la sociedad bajo el relato de fortalecer la seguridad, consolidarían peligrosas prácticas que acompañan el inevitable camino hacia el fracaso de la política criminal asumida, con enormes riesgos de vulnerar derechos y garantías.

La desfederalización de ciertos tipos penales enmarcados en la Ley de Estupefacientes, comúnmente identificados como microtráfico o narcomenudeo, han dado muestras de fracaso en otras jurisdicciones a lo largo de experiencias colectadas durante dos décadas.

La provincia de San Luis se adhirió a la desfederalización en septiembre de 2022. Sin embargo en agosto de 2024, a pedido del Poder Ejecutivo la Legislatura promulgó una ley para suspender la misma, en principio por un año. Los fundamentos, con apoyo en estadísticas de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), exhiben las debilidades de esta política en otras jurisdicciones. 

En Neuquén ¿estamos preparados? Esta política criminal, que responde a discursos penales de emergencia, nos lleva a un inminente aumento del flujo de causas en trámite, desafío no menor para un Poder Judicial en constante tensión presupuestaria. Asimismo se acrecentarán las detenciones en un sistema penitenciario provincial ya desbordado. Tan solo por citar un ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se efectivizó el traspaso del narcomenudeo en enero de 2019. El año anterior hubo 11.976 causas iniciadas por todos los delitos de la Ley de Estupefacientes en la justicia federal, y entre enero y septiembre de 2019 el número se incrementó a 18.450 causas recibidas por el Poder Judicial de la Ciudad sólo por los delitos traspasados: un aumento cuantitativo del 54%.

Sin lugar a duda el caso testigo del fracaso de la provincialización de algunos delitos vinculados al narcotráfico, es el de la provincia de Buenos Aires. Desde hace 20 años está funcionando, y basta con acceder a algunas noticias para contemplar la derrota de esta política. Los últimos datos del Ministerio Público Fiscal bonaerense expresan un aumento en la comercialización de estupefacientes en comparación al período anterior.

En diciembre de 2020 la Red Penal de Jueces Bonaerenses sacó un duro comunicado alertando el fracaso de la provincialización basándose principalmente en la ineficacia de la misma para desarticular verdaderamente organizaciones criminales. Es que la desfederalización sin lugar a duda desarma la cadena de investigación que permite llegar al tráfico a gran escala, criminalizando principalmente al pequeño comercio y a los consumidores

En Provincia de Buenos Aires, de 76.390 causas iniciadas en 2023, apenas el 3,33% no comenzaron por impulso de la Policía. Fuerzas policiales con el poder de alimentar denuncias anónimas, guiar investigaciones con agentes reveladores, promover el financiamiento de informantes, allanar sin presencia del fiscal en horario nocturno, constituyen decisiones de política criminal arriesgadas y sin casos de éxito registrados. Además, herramientas como la denuncia anónima y el informante suelen volverse de ayuda a las bandas criminales que operan en un determinado territorio, para disputar segmentos del negocio que no controlan.

Sobre las denuncias anónimas es clarísimo el pensamiento del jurista Alberto M. Binder, persona indispensable en el diseño del actual Código Procesal Penal de la Provincia, quien sostiene que estas pueden “convertirse fácilmente en un instrumento de persecución -inclusive, de persecución política-. Sería impropio de un Estado republicano dar curso a denuncias anónimas.” ¿Qué pensará al ver mancillado de esta forma un código acusatorio modelo como el nuestro?

* Abogado penalista