Otra vez empetrolado

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gerardo bilardo gbilardo@rionegro.com.ar

Desde el verano las variaciones de la política petrolera sacuden a la gestión de Jorge Sapag. Primero fue la inicial indefinición del gobernador ante la expropiación de las acciones de YPF en manos de Repsol. Ahora enfrenta incómodos planteos en su partido por el debate que generó el reglamento de la llamada ley de Soberanía Hidrocarburífera, que centraliza las decisiones de inversión en una comisión de planificación que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Política Económica de la Nación, a cargo de Axel Kicillof. Aunque finalmente se encolumnó con el resto de los gobernadores, Sapag tuvo un comportamiento errático dentro de la Organización Federal Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) cuando el gobierno central impulsó el proceso que terminó con la aprobación de la mencionada norma legal que incluyó, entre otras pautas, el control estatal de YPF. Ante la fijación de las nuevas reglas, Sapag debió recalcular en el verano las estrategias de lo que fue y es su principal línea de gestión: la política energética. El reglamento de la ley, aprobado a través del decreto 1277, pone en manos del gobierno nacional el manejo y la planificación de las inversiones. Se trata de un escalón más de la política petrolera aprobada por el Congreso con la sanción de la ley 26741, respaldada por los gobernadores que integran la Ofephi. El contenido de la reglamentación conocido recientemente abrió un debate acerca de si esta norma colisiona o no con la Constitución nacional y la ley Corta de Hidrocarburos en lo referido a la propiedad y decisión de las provincias en el manejo de los recursos naturales. Guillermo Pereyra, secretario adjunto de la CGT que conduce Hugo Moyano, opositora al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, fue la primera voz regional en contra de la nueva regulación. El también secretario general de Petroleros Privados y hombre del partido provincial sostuvo que el decreto viola la Constitución y pidió un pronunciamiento a los gobernadores de la Ofephi. Dos días después Sapag salió en defensa del decreto y lo hizo con una interpretación sobre la jerarquía de la norma, sin abordar aspectos del contenido. El decreto es “inferior a la Constitución del 94, es inferior a la ley de Hidrocarburos y a la ley Corta”, dijo el gobernador y afirmó que “no se puede leer ni interpretar” que se están afectando los derechos de las provincias sobre el dominio y control de los yacimientos. Desencantado con la postura asumida en público por Sapag, al día siguiente el líder sindical de los petroleros ratificó su rechazo al decreto y anunció que mañana habrá una asamblea de sus dirigidos, en la que prometió reunir a 10.000 afiliados para debatir un paro en contra de esta decisión del gobierno nacional. El mismo argumento de Pereyra es el que utilizó el presidente del Movimiento Popular Neuquino, Jorge Sobisch, para marcar distancia de la postura asumida por Sapag en este tema. El exgobernador convocó a los legisladores nacionales del partido a una reunión “para que tengan claro cuál es la posición del órgano político del MPN”, según dijo en la semana. El decreto en cuestión crea una comisión de planificación y coordinación para promover inversiones de corto, mediano y largo plazo; garantizar el autoabastecimiento, expandir la capacidad de refinación, conseguir el autoabastecimiento a precios razonables y asegurar la competencia del sector, entre otros objetivos. Las provincias petroleras no forman parte de la comisión. La integran las secretarías de Política Económica, de Energía y de Comercio Interior. Es posible que, con el nuevo esquema, Sapag deba redefinir una vez más su estrategia de gestión energética. El gobernador diseñó un plan para manejar la actividad. Un primer paso fue la creación, en el 2008, de Gas y Petróleo (G&P), una firma que incorporó atractivos yacimientos a sus activos. A fines del 2010 G&P tenía derechos de exploración sobre 66 áreas en una superficie de 56.240 kilómetros cuadrados. Casi la mitad de esos bloques se encontraba sin actividad y otros 34 estaban en desarrollo con los respectivos planes de inversión, según figura en el balance 2011 de la empresa. “G&P tiene los derechos de exploración y producción en una proporción importante, tal vez no equiparable con ninguna otra compañía que opere en la Cuenca Neuquina o en el resto del país. Esto adquiere una importancia muy grande, máxime a partir del estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos que ubicó a la Argentina como el tercer país mundial con recursos potenciales de gas no convencional detrás de China y Estados Unidos”, dice uno de los párrafos en la última memoria de la empresa. La discusión sobre la nueva reglamentación –resistida también por dirigentes de otros partidos políticos, entre ellos el intendente Horacio Quiroga– tiene que ver con el federalismo, pero también con el potencial negocio que representa la Cuenca Neuquina, expresado en lo que G&P proyecta para el futuro. Si las provincias quedan afuera de decisiones estratégicas, como sostienen Pereyra, Sobisch y compañía, no queda claro el motivo por el cual el gobernador asumió una posición de cautela frente al decreto reglamentario. En el oficialismo algunos afirman que Pereyra podría estar hablando en nombre de Sapag, respondiendo a un doble comando: el sindicalista muerde mientras el gobernador palmea la espalda para no romper con el kirchnerismo. Otros dicen que el dirigente petrolero tiene autonomía y toma distancia porque pronto comenzarán a discutirse los recambios.