Otro caso de violencia policial en el Alto de Bariloche
Un fiscal adjunto intervino ante la denuncia de que policías de la Comisaría 42 trasladaban a un detenido propinándole golpes contra la pared.
El presunto agresor fue trasladado a la Comisaría 42. Foto: archivo
Otra vez la Comisaría 42, ubicada en el barrio 2 de Abril, es foco de conflicto por una nueva denuncia por violencia policial.
En este caso, el fiscal adjunto César Lanfranchi, se presentó en la unidad policial ante una denuncia que daba cuenta que agentes policiales ingresaban a la comisaría a un hombre demorado, propinándole golpes contra las paredes, según informó el Ministerio Público.
El fiscal adjunto una vez en la comisaría, se entrevistó de manera privada con la persona detenida, ordenó fotografiar al sujeto para constatar las lesiones sufridas y el estado general que presentaba.
Estas medidas se llevaron a cabo junto a la responsable de la Unidad Operativa de Investigaciones del Ministerio Público, Karina Uribe.
El fiscal adjunto pidió además que policías de otra comisaría realice el traslado al hospital Ramón Carrillo para ser atendido y evaluar el grado de las lesiones. También solicitó información del libro de guardia e imágenes de las cámaras de seguridad.
La actuación en persona del fiscal adjunto responde a la activación de un protocolo que diseñó el Ministerio Público y que está vigente mediante resolución del procurador Jorge Crespo.
El protocolo señala que cualquier miembro del Ministerio Público Fiscal que tuviera conocimiento de hechos constitutivos de violencia institucional, “ya sea que se configuren a través de atentados contra la vida, libertad , integridad personal, o en caso de tratos crueles, humillantes, intimidantes, degradantes o infamantes, deberá dar inmediata noticia de ellos al o la Fiscal en turno y al o la Fiscal a cargo de la Unidad Temática 3”.
Menciona además que “el o la fiscal interviniente deberá, de inmediato, comparecer al lugar en el cual se hubiera producido el hecho de violencia. Allí, su objetivo será hacer cesar la situación de violencia institucional en cuestión e iniciar de oficio la investigación pertinente, produciendo en el acto todas las medidas útiles y necesarias tendientes a la individualización de las personas que al momento de los hechos se encontraban presentes en la institución”.
Organismos de derechos humanos durante el 2018 denunciaron en varias oportunidades episodios de violencia policial e incluso impulsaron un hábeas corpus preventivo que fue rechazado por la jueza de Garantías, Romina Martini, quien remitió las actuaciones a la fiscalía para que se investiguen posibles delitos.
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