Jueza rechazó hábeas corpus por violencia a jóvenes en el Alto

Remitió las actuaciones a la fiscalía para que se investiguen casos de violencia institucional. “Río Negro” reveló semanas atrás que hay 83 causas con policías en la mira en Bariloche.



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Jueza rechazó hábeas corpus por violencia a jóvenes en el Alto

La jueza de Garantías, Romina Martini, rechazó el hábeas corpus preventivo por los casos de violencia institucional en barrios periféricos de Bariloche, que presentaron organismos de derechos humanos el mes pasado, y ordenó que la fiscalía investigue los casos de violencia institucional.

Martini indicó en su fallo que la presentación realizada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Fundación Gente Nueva, el Ministerio de Desarrollo Social de la municipalidad y el Centro de Acceso a la Justicia, “no fue lo suficientemente clara ni precisa” aunque de todos modos mereció tratamiento porque se involucra a niños, niñas y adolescentes.

La jueza indicó que por el sistema de protección integral de los niños se establecen “obligaciones transversales a todos los organismos del Estado” y por eso la Justicia profundizó en la búsqueda de información.

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Las organizaciones en el hábeas corpus preventivo solicitaron que se arbitren los medios necesarios para garantizar la efectiva tutela de los derechos de niños, niñas y jóvenes que habitan los barrios 2 de Abril, Nahuel Hue, Malvinas y Unión. Indicaron que esos barrios se encuentran bajo el accionar de la Comisaría 42 y el objetivo de la presentación tenía como objeto el cese del hostigamiento y las repetidas acciones de amenazas por parte del personal de la fuerza policial.

La petición se fundó en los “reiterados hechos de violencia institucional que cotidianamente se viven en el barrio, donde y según la presentación, existen hechos de persecución, amenaza y hostigamiento que conforman una conducta permanente de los miembros de la fuerza policial”, informó el Poder Judicial.

La jueza previo al fallo pidió informes a la comisaría 42, a la defensoría penal juvenil, a los jefes de Fiscalía, la Secretaría de la Niñez y a la Unidad Regional Tercera de Policía.

Para la magistrada tras escuchar a las partes y conocer los informes “no se pudo verificar con la certeza necesaria, los extremos denunciados”.

Por eso indicó que para lograrlo “debe existir una investigación, con intervención del Ministerio Público Fiscal” y aclara que en su resolución “tampoco se puede afirmar que no hayan sucedido del modo en que lo expresaran los accionantes”.

Cabe recordar que un informe publicado el mes pasado por “Río Negro” recopiló 83 denuncias activas en las fiscalías por casos de abuso policial con distintos encuadramientos legales contra policías de Bariloche.

Martini en su sentencia indicó que se acreditaron este año en esos barrios solo 25 casos de violencia de los 2438 adolescentes y jóvenes del censo. La jueza remarcó que en ese caso es solo el 1% y que “esta circunstancia evidencia que no se ha podido acreditar que la libertad de todos los jóvenes en favor de los que se acciona se encuentre amenazada de manera inminente y cierta”.

Martini dijo que se debe investigar desde fiscalía y puso énfasis en la “preocupación que percibí” de las organizaciones denunciantes. “Es por ello que aún teniéndolos por efectivamente ocurridos, debo preguntarme si, por su cantidad y en el período de tiempo en el que habrían ocurrido, son idóneos o suficientes para acreditar un proceder permanente, indiscriminado, genérico y sistemático de todos los agentes de la Comisaría 42 que evidencie la existencia de un riesgo inminente de todos los adolescentes y jóvenes de los barrios indicados”, plasmó la jueza en su fallo.


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