Pacto 30-30-30, el camino a la Salud Universal

Maureen Birmingham*

En ocasiones, cuando hablamos de Salud Universal puede parecer un concepto muy amplio. Sin embargo, su definición es muy clara y existen recomendaciones muy concretas para que las personas puedan efectivamente ejercer su derecho a la salud.

La Salud Universal significa que todas las personas tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios de salud integrales, de calidad, cuando y donde los necesitan, sin exponerlas a dificultades financieras, que les permitan una vida saludable para su desarrollo humano y bienestar. Es el fundamento de un sistema basado en los valores del derecho a la salud, la equidad y la solidaridad.

Para eso, es necesario que los países transformen sus sistemas de salud hacia un modelo de atención basado en la Atención Primaria de la Salud (APS), trabajando en redes integradas de servicios de salud (RISS). Y esto no quiere decir que se trate de brindar servicios básicos, sino todo lo contrario: consiste en un enfoque amplio e integral de la organización y operación de los sistemas sanitarios en el que los diferentes centros de salud de cada localidad –desde el más pequeño hasta el hospital más grande– estén comunicados y funcionen en red, como para que cada persona se pueda atender en el lugar más apropiado de acuerdo con sus necesidades y su cuadro de salud.

La APS consiste además en centros de salud que estén conectados con su comunidad, es decir, que tengan información sobre la situación de salud de las personas que residen en su zona, que ofrezcan servicios de salud continuos, resolutivos y basados en las necesidades de las personas y su comunidad y que, a su vez, la comunidad tenga voz y participación en la gobernanza. Además, la estrategia de APS es proactiva e integral; o sea, no simplemente espera que se enferme la población para tomar acción, sino lo contrario, comprende acciones con participación de la comunidad para promover la salud y prevenir enfermedades, y ofrece servicios curativos, de rehabilitación y de cuidados paliativos.

También es necesario que los gobiernos inviertan (porque no es “gasto”, es inversión) de manera eficaz al menos un 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) en salud. Según la evidencia, este mínimo nivel de inversión pública en salud es necesario y además está directamente relacionado no solamente con una mejora en la salud de la población, sino también con menos pobreza causada por un problema de salud; es decir, más inversión pública en salud resulta en menos gasto de bolsillo, especialmente para personas en situaciones de vulnerabilidad. Por eso, es aún más importante esta inversión en tiempos de crisis socioeconómica.

En este punto, es importante considerar que la inversión total de Argentina en salud alcanzó en 2017 el 9,4 % del PBI, de acuerdo con un análisis realizado recientemente por la Dirección de Economía de la Salud de la Nación, con la cooperación de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS). De la cifra total, el 2,7 % corresponde al gasto público; el 3,9 %, al gasto de la seguridad social –incluyendo PAMI–, y el 2,8 %, al gasto privado.

También es necesario que los gobiernos inviertan (porque no es “gasto”, es inversión) de manera eficaz al menos un 6 % del Producto Bruto Interno (PBI) en salud.

De todas formas, cuando nos acercamos al Día de la Salud Universal, que se conmemoró ayer, nos encontramos con que los avances en el acceso a la salud y la cobertura de salud evolucionan lentamente en los países de las Américas, principalmente por la persistencia en las barreras de acceso. Estas barreras pueden ser geográficas, de género, de edad, etnia, culturales, socioeconómicas o institucionales, entre otras.

En este contexto, la OPS/OMS lanzó el “Pacto 30-30-30, APS para la Salud Universal”, un llamado de acción a los países para que transformen los sistemas de salud para 2030 –con vistas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible– con base en la APS; que eliminen las barreras de acceso en al menos un 30 %; y que aumenten el gasto público en salud e inviertan al menos el 30 % de estos recursos públicos en el primer nivel de atención. Todo eso para tener un máximo impacto y equidad en la salud de la población, además de máxima eficiencia en el uso de los fondos públicos.

El Pacto 30-30-30 es un llamado para asumir no solamente con palabras, sino con acciones aceleradas y basadas en pruebas científicas, el compromiso de Salud Universal para que todas y todos en las Américas, independientemente de su género, etnia, cultura, edad o situación socioeconómica o geográfica, puedan ejercer sus derechos plenos de autodeterminación, salud y bienestar. Es un llamado para seguir derribando las barreras a la salud en la búsqueda de equidad y justicia social para todas y todos.

(*) Representante de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) en Argentina