Pacto de silencio



Mientras que algunos países, de los que el más notable es Alemania, han procurado enfrentar los períodos más truculentos de su propio pasado con honestidad, en otros la mayoría ha tratado de convencerse de que los crímenes fueron cometidos por un puñado de personas a espaldas de una ciudadanía que no sabía nada de lo que ocurría. La Argentina pertenece a la segunda categoría. Una vez restaurada la democracia, políticos, clérigos, jueces, periodistas y empresarios que en su momento habían apoyado a la dictadura militar sin sentirse preocupados por la violación sistemática de los derechos humanos por creer que, dadas las circunstancias, era la alternativa menos mala, se autoamnistiaron, para entonces convencerse de que en el fondo siempre se habían opuesto a la metodología empleada. Puesto que tantos tendrían motivos para olvidar su propia conducta en aquellos tiempos, les resultó fácil aferrarse a una especie de pacto de silencio consensuado que beneficiaría a casi todos salvo los militares y algunos civiles supuestamente emblemáticos, de los que muchos aún están encarcelados en condiciones que, de tratarse de otras personas, motivarían la indignación de quienes se afirman comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Ya han transcurrido más de treinta años desde que abandonó el poder la dictadura, abrumada más por su propia inoperancia que por las presiones de la sociedad civil, pero a pesar de sus esfuerzos por dejar atrás aquellos tiempos, algunos personajes eminentes siguen viéndose constreñidos a minimizar su propio aporte a la represión ilegal. El mejor conocido es el jefe del Ejército actual, el general César Milani, un especialista en tareas de inteligencia acusado de la desaparición y presunto asesinato de soldados, pero así y todo cuenta con el apoyo de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y por lo tanto de las organizaciones que, con la aquiescencia de buena parte de la ciudadanía, se han apropiado de la causa de los derechos humanos. Otro es el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni que, como Milani, se ha visto indultado, por decirlo así, merced a su militancia política oficialista. Si bien nunca ha sido un secreto que Zaffaroni inició su carrera como juez jurando por los estatutos del Proceso militar, la mayoría parece haberse convencido de que sólo se trataba de un desliz insignificante juvenil. Cuando el exintegrante del gobierno de la Alianza, y líder de la UCR, Rodolfo Terragno, aludió a la trayectoria sinuosa del juez que a su modo representaba el progresismo en la Corte Suprema, pocos prestaron mucha atención a los detalles que subrayó. Tampoco lo perjudicaría demasiado la revelación de que en algunas propiedades que le pertenecían funcionaban burdeles. ¿Hubiera sido distinta la reacción de haber sido Zaffaroni un notorio polemista “gorila”? Es de suponer que sí. De todos modos, parecería que, al acercarse a su fin el ciclo kirchnerista, ciertas actitudes públicas están cambiando y que ahora está permitido recordar detalles que muchos preferirían dejar sepultados. Poco antes de difundirse la noticia de que Zaffaroni ocuparía un lugar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, algunos memoriosos lo enfrentaron con un libro que escribió durante el Proceso, “Derecho Penal Militar”, en el que reivindicó el golpe de Estado, se refirió a “la excepcional necesidad de dar muerte al delincuente” y nos enseñó que “la homosexualidad militar es inconstitucional”. Claro que en aquellos años tales ideas estaban de moda entre juristas no sólo conservadores sino también relativamente moderados, razón por la que Zaffaroni habrá pensado que adoptarlas no le ocasionaría dificultades en el futuro. Asimismo, por haber dejado descolocadas a muchas personas el colapso de la dictadura, habrá confiado en que, por imperar un pacto de silencio conforme al cual sería considerado inaceptable criticarlo por lo hecho y escrito cuando los militares gobernaban el país y parecieron destinados a mantenerse en el poder por muchos años más, podría olvidar su propio pasado y aquel de miles de otros. Se equivocó, pero si bien sería saludable que no sólo Zaffaroni sino también muchos otros nos explicaran sin hipocresía las razones por las cuales habían apoyado a la dictadura militar, la posibilidad de que el país se someta a un baño de honestidad intelectual sigue siendo escasa.

Fundado el 1º de mayo de 1912 por Fernando Emilio Rajneri Registro de la Propiedad Intelectual Nº 5.196.592 Director: Julio Rajneri Editor responsable: Guillermo Berto Es una publicación propiedad de Editorial Río Negro SA Lunes 22 de junio de 2015


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