Papeleras y papelones



Para sorpresa de nadie, los asambleístas de Gualeguaychú reaccionaron con indignación ante la firma por parte de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su homólogo uruguayo, José “Pepe” Mujica, de un acuerdo para el monitoreo conjunto de la papelera de la empresa finlandesa UPM en Fray Bentos. Lejos de coincidir con Cristina en que es “ejemplar”, lo repudiaron en el acto para entonces, con el respaldo de los infaltables militantes de la izquierda extrema, organizar nuevas protestas frente a la embajada de Finlandia en la Capital Federal. Pues bien, los motivos del rechazo por parte de los activistas parecen tener menos que ver con los detalles del acuerdo mismo o dudas en cuanto a su eventual implementación que con la convicción de que a ellos les corresponde manejar la relación de nuestro país con Uruguay y que por lo tanto es intolerable que el gobierno nacional se atribuya el derecho de poner fin a un conflicto que creen suyo. Como ya habrán entendido Cristina, su marido y el canciller Héctor Timerman, llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio con el gobierno uruguayo fue relativamente fácil, pero conformar a los asambleístas no lo será en absoluto. De tomarse en serio su retórica, creen que Finlandia y Uruguay son países “genocidas” poblados de “terroristas del medio ambiente” con los cuales no es posible llegar a ningún acuerdo que no suponga el desmantelamiento inmediato del proyecto industrial más grande de la historia de nuestro vecino. En vista de que Finlandia y, en menor medida, Uruguay se han destacado por el respeto por el medio ambiente, podríamos preguntarles a los militantes gualeguaychuenses: ¿cuáles epítetos les parecerían apropiados para calificar a un país, el nuestro, en que una serie de gobiernos se las ha arreglado para hacer del Riachuelo una inmensa cloaca cuya contaminación afecta a millones de personas? Timerman –funcionario que algunos han rebautizado, por decirlo así, “Twitterman” por su afición a una modalidad muy lacónica de comunicarse con los demás que últimamente se ha puesto en boga– tendrá que aprovechar todos sus talentos diplomáticos y periodísticos para explicarles a los asambleístas que, dadas las circunstancias, el convenio con Uruguay es el mejor posible y que por dicho motivo les convendría aceptarlo. Hasta ahora, sus esfuerzos en tal sentido sólo han servido para asegurarles a los asambleístas que siguen siendo interlocutores válidos del gobierno nacional, en pie de igualdad con las autoridades uruguayas y, desde luego, los ejecutivos de UMP y hasta los jueces de La Haya, condición que perderían si adoptaran una postura más flexible. Para quienes se han comprometido hasta tal punto con la guerra contra la ex Botnia y sus aliados uruguayos y finlandeses que, desde hace varios años, cortar rutas y puentes es su actividad principal, resignarse a la derrota no constituye una alternativa; en el caso de algunos, les significaría regresar al anonimato del cual les costaría salir nuevamente. El responsable principal de provocar este embrollo sin solución a la vista es el ex presidente Néstor Kirchner. Por motivos oportunistas, transformó a un grupo de activistas menores en líderes de una “causa nacional” supuestamente tan sagrada que en aras de ella sacrificó nuestra larga amistad con Uruguay y gastó mucho tiempo y dinero en tratar de impresionar con nuestro fervor ecológico a los con toda seguridad escépticos juristas de La Haya. De haber actuado en seguida para obligar a los militantes a mantener abiertas las rutas nacionales y los puentes internacionales, hubiera impedido que el asunto adquiriera proporciones tan absurdamente exageradas que ocasionaría graves dificultades económicas no sólo a los uruguayos sino también a los comerciantes y empresarios de Entre Ríos y que, como si esto no fuera suficiente, amenazaría con destruir el Mercosur. En su origen, fue legítima la inquietud que sentían muchos por la instalación de un complejo industrial importante en una zona turística a orillas del río Uruguay, y puede que las presiones resultantes hayan servido para que los finlandeses tomaran aún más en serio la necesidad de reducir al mínimo los eventuales daños ecológicos causados por las pasteras pero, tal eventualidad aparte, el saldo ha sido decididamente negativo.


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