Para el PJ de Neuquén, la concesión de CALF se demora por presiones

En agosto ingresó el contrato de concesión y el marco regulatorio para CALF al Deliberante.





El concejal Marcelo Züñiga aseguró que al Municipio le falta “determinación” para definir la concesión eléctrica con la cooperativa CALF por la «incapacidad» de enfrentar intereses “de sectores que pretenden mantener los privilegios”.

“Lo que debe hacer esta gestión es llevar a la práctica el compromiso que asumió electoralmente, que fue de acompañamiento con la cooperativa”, sostuvo el concejal del Frente de Todos.

Aseguró que la dilación en firmar la concesión, luego de que ya existe un acuerdo entre el Ejecutivo y la concesionaria de tener un contrato a 20 años, se debió a que “rediscutir la cuestión tarifaria significa tocar intereses y avanzar en un esquema distinto al que sostuvo la gestión anterior, que fue la de descalificar y poner en riesgo la gestión de CALF”, dijo Zúñiga.

Agregó que la “falta de voluntad” en llegar a un acuerdo se debe a que el MPN “cede ante los intereses de sectores que pretenden mantener sus privilegios, como los desarrollos inmobiliarios que se oponen a la eliminación del ARO (reitegros por obras eléctricas que deben realizar los inversores)”, sostuvo.

Recordó que Gaido aseguró que las concesiones de CALF y del EPAS serían los primeros acuerdos de la gestión, pero “llegamos a un tiempo prudencial en lo que va del año, con más de 2 años de tratamiento tanto del contrato como del marco regulatorio y la Cooperativa tiene un contrato extendido desde 2017, sujeto a los avatares de la politica y sin previsibilidad”, criticó.

Zúñiga dijo estar de acuerdo con la creación de un ente regulador de todos los servicios y de avanzar con el marco regulatorio, pero insistió en la “falta de voluntad por parte de la conducción del Estado Municipal para aplicar normas en beneficio de la comunidad y en resguardo del patrimonio”.

Agregó que por esta característica del gobierno del MPN, “cuando se trata de ir contra los sectores de poder económico y del poder político, se le complejizan las normas”, en alusión directa a la falta de reglamentación de la ordenanza por el anexamiento indebido de terrenos públicos.

“Es una regla de tres simple: se multiplica el valor de referencia por metro cuadrado de tierra apropiada: el Rincón Club tiene 8 hectáreas que están ocupando y se aplica desde que salió la ordenanza, son unos 50 millones de pesos por mes, según los números del municipio, que deberían haber cobrado”, planteó.

Recordó que la ordenanza cajoneada por le gobierno de Cambiemos desde 2016, fue publicada por la gestión actual hace 4 meses. “Serían 200 millones de pesos que el municipio podría contar desde que publicó la ordenanza cajoneada: debía intimar a la devolución y cobrar, esta dilación es para que se sigan manteniendo los privilegios”, aseguró.


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