Parque Indoamericano bis

No bien se dieron cuenta los estrategas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de que la ocupación del Parque Indoamericano por usurpadores movilizados estaba perjudicándola, le aconsejaron hacer las paces con el jefe del gobierno porteño, Mauricio Macri, pero era de prever que una vez terminadas las vacaciones de verano el conflicto se reanudaría. También lo es que las usurpaciones y saqueos sigan produciéndose en los meses próximos, ya que en el gobierno nacional son cada vez más los personajes que creen que es de su interés que se multipliquen enfrentamientos imputables a problemas sociales porque a su juicio sirven para desacreditar a sus rivales políticos. Por lo demás, la agitación de este tipo acaba de recibir el apoyo moral, por decirlo así, de la jueza María Cristina Nazar que, para indignación de muchos, falló que no es delito ocupar bienes de dominio público del Estado, como el Parque Indoamericano, pero ya es evidente que quienes están detrás de las usurpaciones no tienen la intención de limitarse a tomar espacios relativamente vacíos. Hace algunos días varios centenares de personas ocuparon viviendas de un complejo que está construyéndose en Bajo Flores, que habían sido adjudicadas a familias que hasta ahora viven en orillas de este monumento a la desidia de generaciones de políticos que es el Riachuelo. Además de instalarse en las viviendas, según Macri algunos grupos aprovecharon la oportunidad para llevarse “calefones y otros artefactos”. Como sucedió cuando estalló el conflicto del Parque Indoamericano, el gobierno porteño le pidió al nacional que ordenara a la Policía Federal desalojarlos, pero voceros del Ministerio de Seguridad de Nilda Garré contestaron insistiendo en que el problema es de Macri y que para solucionarlo dispone de la Policía Metropolitana. Tres meses atrás, Macri se vio tan beneficiado por la reyerta en torno al Parque Indoamericano que en opinión de sus seguidores su eventual candidatura presidencial recibió un impulso muy poderoso. No sorprende, pues, que en esta ocasión haya reaccionado de la misma manera, culpando directamente a Cristina por no hacer cumplir la ley. Para la presidenta se trata de un desafío difícil. Aunque sus allegados más influyentes se han convencido de que no le convendría en absoluto “reprimir” a pobres que son víctimas de la falta de justicia social, no puede sino entender que tal actitud es decididamente minoritaria en un momento en que para el grueso de la ciudadanía la inseguridad es un tema prioritario. De difundirse la idea de que, como afirmó Macri, “si le ocupan su casa, el gobierno nacional no va a ayudarlo”, la imagen aceptablemente buena que ha tenido Cristina a partir de la muerte de su esposo no tardará en deslucirse. Además de reflejar el desprecio que muchos sienten por la ley, episodios como los del Parque Indoamericano de Villa Soldati de hace tres meses y del complejo habitacional del Bajo Flores, que con toda seguridad se verán repetidos una y otra vez antes de las elecciones fijadas para octubre, nos dicen mucho sobre el estado de la cultura política del país. Dirigentes de posturas que podrían calificarse de populistas –o sea casi todos– llegaron hace mucho tiempo a la conclusión de que, si bien no les sería dado solucionar de forma satisfactoria lo que llaman los problemas de la gente, por lo menos podrían sacarles provecho achacándolos a quienes no comparten sus puntos de vista. Como resultado, hay demasiados políticos que quieren ver fracasar a los demás y que no vacilan en hacer lo posible para impedirles concretar sus promesas. Huelga decir que, en la lucha aberrante entre quienes apuestan al fracaso y los pocos que procuran ser constructivos, las bajas se cuentan por millones, cuando no por decenas de millones, ya que entre las víctimas de la politización de virtualmente todo están los depauperados por una serie al parecer interminable de crisis económicas, quienes tienen la pésima suerte de vivir en la amplia zona contaminada por el Riachuelo, los que temen verse asaltados por delincuentes y, claro está, los que no pueden acceder a una vivienda digna y que por lo tanto pueden ser movilizados por operadores que, por sus propios motivos, los usan como carne de cañón para ocupar terrenos y edificios.


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