Participación ciudadana, un desafío

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ana ochoa castellanos (*)

El proceso de revocatoria de mandato que se está desarrollando en la ciudad de San Carlos de Bariloche con el objeto de definir si el ahora suspendido intendente, Omar Goye, debe abandonar o continuar en su cargo, impone una reflexión sobre la democracia y sus formas de participación. Cuando hablamos de democracia, hacemos referencia a una forma de gobierno cuyo rasgo sobresaliente es que la soberanía reside en el pueblo. Se trata de una manera de organización social y política en la que la titularidad del poder reside en los ciudadanos. Etimológicamente, la palabra democracia significa “gobierno del pueblo” y proviene del griego demos (pueblo) y kratos (gobierno o autoridad). Conocida como democracia directa, tuvo su origen en la antigua Atenas en el siglo V a. C. En la polis griega, el poder recaía en una asamblea integrada por todos los ciudadanos varones, mayores de edad que no eran esclavos ni extranjeros y los cargos públicos eran elegidos por sorteo. En esa forma de democracia el poder es ejercido por el pueblo de manera directa mediante la deliberación de los asuntos públicos. En el mundo moderno, este modelo no ha resultado de fácil aplicación debido, entre otros aspectos, a la complejidad de las sociedades y la envergadura de las ciudades. En la mayoría de los países y ciudades contemporáneas, la forma de democracia que se adopta es la representativa. En ella, el pueblo no ejerce el poder por sí mismo sino por medio de sus representantes, quienes, elegidos por aquél, resuelven los asuntos públicos y ejercen el mandato que se les ha confiado en los distintos poderes del Estado. Sin embargo, a diferencia de la tradicional democracia representativa, en los Estados modernos se han ido incorporando diversos mecanismos de democracia semidirecta con el objetivo de favorecer una mayor participación y control ciudadano, buscando optimizar el funcionamiento y legitimidad del sistema. De esta manera, la ciudadanía puede ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. Los mecanismos como el referéndum o el plebiscito constituyen herramientas útiles para la construcción y consolidación de un ejercicio del poder más participativo y deliberativo. Claro que estas herramientas no deben ser entendidas como instrumentos que poseen el don de reparar las fallas del sistema político ni como una manera de socavarlo. Por el contrario, se trata de mecanismos que –utilizados en determinados contextos y circunstancias– pueden contribuir a mejorar la representatividad, como también a desconcentrar el poder y favorecer el interés de la ciudadanía por los asuntos públicos. En nuestro país, la reforma de la Constitución nacional de 1994 incluyó dos procedimientos de este tipo: la iniciativa popular –art. 39– y la consulta popular –art. 40–. También en las órbitas provinciales y municipales, en diversos casos, se ha incorporado la revocatoria de mandato. Particularmente en el municipio de Bariloche ha sido receptada para posibilitar la destitución del intendente, concejales, miembros del Tribunal de Contralor y defensor del Pueblo, por ineptitud, negligencia, indignidad, irregularidad en el desempeño de sus funciones e incumplimiento injustificado de su plataforma electoral. Es importante señalar que se trata de instrumentos que en general poseen altos umbrales de requisitos con el fin de evitar una excesiva o injustificada utilización. Claro está que estos dispositivos deben ser usados para dirimir asuntos de especial importancia y trascendencia que no hayan podido resolverse por los canales representativos adecuados. Su justo y equilibrado uso puede favorecer y complementar la democracia representativa. No huelga recordar que en el 2009 se acudió a un instrumento de este tipo para decidir si un establecimiento de una conocida cadena de hipermercados podía o no instalarse en la ciudad. En esa oportunidad y por tratarse de un tema de cierta importancia socioeconómica, hubo un profundo debate en el seno del Concejo Deliberante, ámbito en el que se debía tomar una decisión al respecto. La fuerte división social que se produjo se vio reflejada en la postura de los representantes, para quienes se tornó sumamente difícil lograr un consenso. El conflicto suscitado generó fuertes tensiones entre la sociedad y entre ésta y sus representantes. En ese marco, se resolvió que lo más representativo y democrático era que los ciudadanos, de manera directa y con su voto, decidieran al respecto. Así fue que se hizo uso de uno de los institutos de democracia semidirecta, previstos en la Carta Orgánica de Bariloche: el referéndum popular. Cuatro años más tarde nos encontramos frente a una realidad compleja vinculada a la posible destitución del intendente Omar Goye. Ahora, un nuevo referéndum ha sido convocado, esta vez con la finalidad de que la ciudadanía diga si destituirá o no al ahora suspendido intendente. Tal como establece la Carta Orgánica municipal, el derecho de revocatoria puede ser iniciado mediante un proyecto avalado por el 3% del electorado municipal o con el voto de los dos tercios de la totalidad de los miembros del Concejo Municipal. Como todos sabemos, en este caso el mecanismo fue puesto en marcha “desde arriba”, es decir que fue el Concejo Deliberante y no la ciudadanía quien dio inicio al proceso. Cualquiera sea el inicio, no se puede soslayar la importancia del lugar que ocupa la participación ciudadana que ha sido convocada, en primer término, para viabilizar el procedimiento de revocatoria, mediante la reunión del 10% de firmas del electorado municipal, requisito de legitimidad insalvable que no pareciera haber tenido escollos importantes. Sin embargo, cuando se realice el referéndum, serán no ya una pequeña porción del electorado sino los habitantes con derecho a voto en su conjunto quienes tomarán la decisión final sobre el futuro del intendente y de Bariloche. Son ellos quienes tienen la facultad de designar a sus representantes y el poder de destituirlos antes de que concluya su mandato. De allí que la ciudadanía no debe perder de vista la importancia de la participación a conciencia en la vida política de su municipio, sobre todo en aquellas circunstancias en las que su intervención –cualquiera fuere el resultado– puede contribuir al fortalecimiento de la democracia y la institucionalidad. Al fin y al cabo, la soberanía finalmente reside en el pueblo. (*) Licenciada en Ciencia Política (UBA)