Paso al costado

A comienzos de su gestión, el presidente Fernando de la Rúa dio a entender que, a diferencia de su antecesor, alejaría en seguida a cualquier colaborador denunciado en base a datos comprometedores por haber violado las normas éticas, aun cuando se tratara de un amigo personal íntimo o de un radical de trayectoria partidaria impresionante. Parecía comprender que respaldar a un amigo o a un correligionario bajo sospecha no sólo sería deshonesto, sino que también le supondría un costo político muy pesado e incidiría de forma sumamente negativa en la sociedad, al poner en duda la sinceridad de «la lucha contra la corrupción» que el gobierno nacional jura estar librando. Por desgracia, De la Rúa no ha actuado conforme a los principios que él mismo suele reivindicar. Durante semanas rehusó reconocer que no le serviría para nada continuar apoyando a su amigo Fernando de Santibañes sin procurar explicar los motivos de tanta «lealtad» hacia una persona que, al fin y al cabo, podría seguir funcionando como asesor presidencial sin ocupar algún cargo formal. Para colmo, si bien el presidente finalmente reconoció la necesidad de aceptar la renuncia de Santibañes a su puesto de jefe de la Secretaría de Inteligencia, lo hizo por razones netamente tácticas, no a raíz de la convicción ya generalizada de que el ex banquero había tenido mucho que ver con la compraventa de votos senatoriales. Según parece, De la Rúa considera meramente «anecdóticas» las acusaciones en tal sentido, dando por descontado que los motivos de quienes las formulan son ideológicos.

En efecto, no cabe duda de que la hostilidad de la mayoría de los radicales y frepasistas hacia De Santibañes se inspira principalmente en el perfil a su juicio crudamente «neoliberal» del ex jefe de los espías, no a su eventual participación protagónica en el mayor escándalo político de los últimos tiempos. Por cierto, los comentarios amargamente antialiancistas que pronunció en vísperas de su renuncia ocasionaron más indignación en las filas de la UCR y del Frepaso que todas las muchas maniobras sucias que le habían sido atribuidas. Desde el punto de vista del propio Santibañes, el cual no tardó en afirmarse «víctima de persecuciones ideológicas», habrá sido motivo de alivio el que sus enemigos hayan prestado más atención a sus dichos que a sus presuntos actos porque, lo mismo que tantos otros acusados de irregularidades graves, no le resultará demasiado difícil convencer a quienes comparten sus inquietudes de que las denuncias en su contra carecen de entidad.

Con todo, Carlos «Chacho» Alvarez se equivoca si cree que la salida de Santibañes será «el fin de este ciclo de crisis política». Mal que le pese, «la crisis» es fruto de muchísimo más que la presencia al lado de De la Rúa de un personaje a su juicio maligno que en todo momento subraya la necesidad de eliminar el déficit fiscal y que no comulga con las ideas muy distintas de hombres como el ex presidente Raúl Alfonsín. Tiene su origen en la negativa de De la Rúa a combatir la corrupción institucionalizada con vigor y en el hecho patente de que a pesar de que los dos movimientos que conforman su base política sean mayoritariamente anticapitalistas, al gobierno no le queda otra opción que la de intentar profundizar las reformas iniciadas por Carlos Menem y Domingo Cavallo.

Para los que creen que el pecado más grave del mejor amigo del presidente son sus planteos antipáticos, lo que está en juego no es tanto la lucha contra la corrupción propia de la «vieja política» cuanto el «rumbo» económico del país, el cual, en su opinión, es demasiado «derechista» y en consecuencia habrá de ser «corregido». Desgraciadamente para ellos, el paso al costado de Santibañes no cambiará mucho. Las medidas que ha tomado el gobierno no se debieron a sus consejos sino a factores económicos decididamente más convincentes y, de todos modos, De la Rúa siempre ha sido un radical atípico de actitudes bastante conservadoras. Por eso, no sorprendería en absoluto que la renuncia de Santibañes, lejos de impulsar un giro hacia la izquierda, tuviera el efecto contrario porque el gobierno se sentirá obligado a tranquilizar los «mercados» enviándoles «señales» de que no se le ocurrirá emprender una aventura populista.