Pericia clave para saber si hubo delito con fondos de Techo Digno
La Procuración rionegrina encara los trabajos técnicos.
En Bariloche se apuraron a entregar medio centenar de viviendas (Archivo)
El equipo contable de la Procuración General, que conduce Jorge Crespo, se encuentra haciendo la pericia contable para determinar si hubo malversación de caudales públicos con los fondos que Nación envió años atrás para financiar planes de viviendas del programa nacional Techo Digno, en Río Negro.
En el caso de Bariloche se investigan el destino de 75.528.922 pesos, que Nación había enviado al municipio para la construcción de viviendas, un gimnasio, una sala de teatro y un sector de un gasoducto. Según el Tribunal de Contralor Municipal, la entonces intendenta María Eugenia Martini usó esos fondos para cubrir gastos corrientes.
Por eso Martini, que hoy preside el bloque de legisladores provinciales del Frente de Todos, está imputada, junto con el exsubsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas de la Nación Germán Ariel Nivello y los empresarios Juan Armando Castelli, de Oriente Construcciones, y Alberto Usandizaga, de la constructora Alusa.
La causa que se tramita en Bariloche, a cargo del fiscal Guillermo Lista, comenzó hace unos 4 años, pero hasta el momento no avanzó, aunque en el medio hubo varias idas y vueltas.
El juez de garantías de esta ciudad Ricardo Calcagno le concedió el viernes una nueva prórroga de 6 meses al fiscal para que resuelva qué hará con esa espinosa causa.
Es la segunda prórroga consecutiva que Calcagno autoriza. La primera la había concedido en agosto del año pasado, cuando se le vencían a Lista los primeros 6 meses de plazo para la investigación preliminar. En ese momento, Lista pidió un año porque se trata de una causa compleja. El viernes consiguió 6 meses más.
Hay causas iniciadas por el presunto desvío o malversación de caudales públicos del programa de Nación Techo Digno, destinado a la construcción de viviendas, en Viedma y Roca, recordaron desde la Procuración. En esos expedientes están bajo la lupa exintendentes, exfuncionarios del gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y empresarios. Los fondos los giraba entonces el Ministerio de Planificación Federal, que conducía el súperministro de esa época Julio De Vido.
Desde la Procuración informaron el sábado que la prórroga que había pedido Lista no es un planteo aislado. “Son prórrogas que se están pidiendo en toda la provincia, como la investigación se está haciendo de manera coordinada con un fiscal en cada circunscripción, con la coordinación de la fiscal jefa Graciela Echagaray, de Roca”, explicaron.
Afirmaron que la pericia “la está haciendo el equipo contable de la Procuración General”. Por eso, aclararon que son prórrogas que ya se pidieron en Viedma y en Roca “hasta que se culmine la pericia contable, que es un estudio bastante complejo”.
Recordaron “todas las vicisitudes que tuvo la causa, que pasó al fuero federal y tardó meses en volver”. Admitieron que en el caso de Bariloche es una causa “vieja, pero es compleja y tuvo un montón de cuestiones que la hicieron aún más compleja. No hay nada escondido atrás de la prórroga”.
La prórroga de 6 meses que Calcagno dispuso sólo corre para Castelli y Usandizada, porque en el caso de aquellas personas que fueron funcionarios públicos, como Martini y Nivello, la investigación preliminar no está sujeta a ningún plazo, según lo prevé el artículo 128 del Código Procesal Penal de la provincia.
El Tribunal de Contralor Municipal desestimó en diciembre de 2016 un juicio de responsabilidad contra Martini y el exsecretario de Hacienda Guillermo Pérez Gallinger por el desvío de 75.528.922 pesos que Nación había enviado al municipio y que se usaron para cubrir gastos corrientes, según el Contralor.
Pero la Sindicatura General de la Nación intervino después y denunció el hecho en el juzgado federal que estaba a cargo del entonces juez Claudio Bonadío, que investigaba las presuntas irregularidades con los fondos del programa de Nación Techo Digno, que apuntaba a varios intendentes.
Bonadío acumuló en mayo de 2017 el expediente con la documentación del caso de Bariloche y de Ingeniero Jacobacci, que se tramitaba en Roca. Pero tuvo que devolver los expedientes en agosto de 2018 para que la investigación siga en la justicia provincial tras un fallo de la Corte Suprema, que declaró la falta de competencia del magistrado para llevar adelante esa causa. Por eso, el expediente retornó al despacho de Lista.
A finales de junio pasado, RÍO NEGRO informó que de las 875 viviendas del programa Techo Digno, unas 53 casas habían sido entregadas en marzo de 2019 con un acuerdo con los adjudicatarios que aceptaron recibir las unidades habitaciones sin servicio de gas de red ni cloacas.
La Provincia les provee el gas en tubos, como ocurrió tiempo atrás con las 645 Viviendas.
En ese momento, el ministro de Obras Públicas, Carlos Valeri, recordó que la totalidad de las viviendas están adjudicadas a cooperativas de trabajo y sindicatos como Soyem, Unter y Ate, entre otros.
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