Permuta de tierras para regularizar una populosa toma en Bariloche

El Ejecutivo impulsa un acuerdo con uno de los propietarios de los terrenos para dar solución a 190 familias, la mitad de los residentes del lugar. El proyecto está en el Concejo Municipal para su debate.

El prometido convenio de canje que el municipio negoció durante tres años para hacerse de las tierras privadas donde se conformó la toma 29 de Septiembre ya está en manos de los concejales, que ahora deben evaluar si le dan vía libre.

La aprobación de la ordenanza permitiría regularizar casi la mitad del barrio (unas 10 hectáreas) y brindar solución a unas 190 familias. El actual titular del inmueble aceptó cederlo al municipio y a cambio recibiría otros lotes ubicados en las reservas fiscales del barrio Quimey Ruca y del fraccionamiento Lera.

El resto del 29 de Septiembre se asienta sobre tierras que pertenecen a otros cinco propietarios, que todavía no avanzaron en acuerdo alguno.

El convenio de permuta fue firmado en marzo pasado y ya pasó el filtro de la comisión de Transacciones, que integran los titulares del Ejecutivo Municipal, el Concejo y el Tribunal de Contralor. Pero sólo tendrá validez efectiva si lo aprueba también el pleno del Deliberante, que debe conformar una mayoría especial de ocho votos.

El propietario que aceptó las condiciones ofrecidas por el municipio es Gustavo Balabanian y las negociaciones comenzaron en 2018, siete años después de la conformación de la toma.

Según el articulado del convenio, el particular transfiere a la municipalidad “en el estado de ocupación en el que se encuentra” el 100% del inmueble escriturado a su nombre, que comprende un total de 10,2 hectáreas.

En compensación el municipio cede a Balabanian tres lotes de la reserva fiscal en Quimey Ruca y otros dos, más grandes, en el fraccionamiento Lera. Los cinco suman una superficie de 2,4 hectáreas y el propio artículo segundo aclara que el canje tendrá validez una vez aprobado el planteo urbanístico “para la zona de Esandi y circunvalación”.

La concejal del Frente de Todos Julieta Wallace dijo que el proyecto ingresó al Concejo en vísperas de la última sesión ordinaria y fue derivada a la asesoría letrada para un primer estudio.

Cuando tengan ese dictamen en mano comenzarán a examinarlo los concejales que -entre otras cosas- evaluarán no solo la solución que ofrece a los vecinos de la toma sino la razonabilidad del canje de tierras acordado.

El titular del Tribunal de Contralor, Estanislao Cazaux (FdT), dijo que avalaron por unanimidad el convenio porque “hay que otorgar un voto de confianza en estos casos” y consideró que “ahora los concejales deberán determinar si corresponde, no solo desde lo político sino desde lo técnico económico”.

El debate que se viene

Wallace admitió que la presión ejercida por los propios moradores del barrio va a jugar de algún modo en la decisión. Dijo no haber realizado todavía un análisis pormenorizado para emitir opinión, pero cuestionó a priori que el municipio se embarque en un canje de tierras y descarte de plano la expropiación, como la que propuso el propio FdT para la toma Alun Ruca, que está asentada sobre una propiedad de la empresa Roque Mocciola.

“Habrá que ver bien cuál es el compromiso en este caso (el de Balabanian) porque el negocio para el privado no es recibir tierras, sino tierras con parámetros para urbanizar”, explicó la concejal.

Dijo que en cualquier caso el Estado se “descapitaliza” para resolver el conflicto de una toma, y es función del Concejo examinar cuál es el mecanismo más conveniente.

El asentamiento que nunca paró de crecer

La toma 29 de Septiembre se inició en esa fecha del año 2011 y está a punto de cumplir una década. El grupo inicial estuvo integrado por 13 personas, que lograron sobreponerse a los primeros intentos de desalojo (el propio municipio sostenía que no había otra opción, porque allí estaba vedada la urbanización), hasta que el parcelamiento se comenzó a consolidar, llegó más gente y ya no tuvo vuelta atrás.

El municipio tuvo que cambiar de planes, elaboró mensuras y comenzó a buscar algún acuerdo con los propietarios para regularizar el asentamiento.

Según el censo realizado en la toma viven allí actualmente 393 familias, de las cuales 203 todavía deberán esperar por una solución. Con la permuta de tierras en estudio podrán regularizar 193 ocupantes. Muchos de ellos ya construyeron casas de material, aunque no cuentan con los servicios básicos y reciben la luz de tableros comunitarios.

La ubicación fue uno de los temas que generó polémica desde un principio, porque el barrio tiene acceso privilegiado a la ruta 40 Sur, por delante de las 645 Viviendas, que se construyó alejado de la carretera porque supuestamente esas tierras eran de mayor valor y tenían otro destino.

Patricia Millalonco, referente del barrio aseguró meses atrás que los vecinos esperaban con impaciencia el acuerdo y que los vecinos estaban dispuestos a pagar sus lotes a razón de 2.500 pesos mensuales en 10 años. Ese preacuerdo data de 2018, pero ahora los montos serían otros. “Podríamos llegar a un nuevo acuerdo”, dijo.


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