Petrolera jibarizada



Cuando el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se apropió de buena parte del paquete accionario de Repsol en YPF esperaba conseguir no sólo los beneficios políticos que le supondría la recuperación por el Estado de una empresa emblemática sino también un instrumento que le permitiría superar el fenomenal desaguisado energético que se ha producido. Al concentrarse en asegurar el suministro de energía baratísima a la clase media urbana, por motivos electoralistas o por suponer que ayudaría a impulsar el consumo, los kirchneristas se las arreglaron para abrir un agujero negro fiscal que está causando tantos estragos en el resto de la economía nacional que el “modelo” corre peligro de estallar en los próximos meses. Por cierto, las perspectivas en dicho ámbito no son del todo promisorias. De repetirse los gigantescos apagones que paralizaron partes de la Capital Federal y el conurbano bonaerense en vísperas del cacerolazo multitudinario del 8N, el impacto en el estado de ánimo ciudadano sería con toda seguridad muy fuerte. A siete meses de la expropiación triunfal de YPF, ya es dolorosamente evidente que en aquella oportunidad el gobierno de Cristina cometió un error garrafal. Los beneficios políticos resultaron ser tan modestos como pasajeros, mientras que la empresa no parece estar en condiciones de aportar nada a una eventual solución de la crisis energética que fue provocada por la miopía oficial. Desde el anuncio de los planes oficiales las acciones de YPF han caído tanto que en la actualidad la empresa vale apenas 3.830 millones de dólares, menos de una cuarta parte de los 16.800 millones de dólares de inicios del año. Huelga decir que aquella pérdida colosal es consecuencia de la falta de confianza de los inversores en el gobierno y en una empresa manejada por aficionados politizados. Consciente del peligro así supuesto, la presidenta nombró a un profesional, Miguel Galuccio, como CEO de la petrolera nacional pero, desgraciadamente para él, su presencia no ha tranquilizado a los preocupados por la intervención de funcionarios gubernamentales, entre ellos militantes de La Cámpora. Tampoco ha servido de aliciente la existencia de enormes depósitos no convencionales de hidrocarburos en el yacimiento neuquino de Vaca Muerta. En Estados Unidos la explotación del gas y el petróleo de origen parecido ha dado lugar a una revolución energética de profundas connotaciones geopolíticas, ya que dentro de poco la superpotencia no tendrá que importar crudo de Medio Oriente, pero aunque la Argentina figura entre los dos o tres países mejor ubicados para aprovechar las oportunidades posibilitadas por el progreso tecnológico nadie quiere arriesgarse invirtiendo por miedo a la inoperancia, arbitrariedad y rapacidad del gobierno kirchnerista. Hasta ahora han fracasado todos los esfuerzos de Galuccio por convencer a los demás de que YPF es una empresa seria. Las corporaciones extranjeras cuya colaboración necesita no han manifestado mucho interés en participar de la epopeya imaginada por Cristina y sus allegados. Para colmo, una gran empresa norteamericana que según algunas versiones se proponía vincularse con YPF, Chevron, estaría pensando en retirarse del país luego de aplicarle un juez local un embargo de aproximadamente 19.000 millones de dólares a pedido de la Justicia ecuatoriana que la acusa de haber ocasionado daños ambientales en la Amazonia varias décadas atrás. Otro revés experimentado por YPF provino de Brasil, donde empresas perjudicadas por la decisión de cortar los envíos de gas natural en el 2004 exigen una indemnización de 1.633 millones de dólares. Así las cosas, ya parece fantasioso el plan quinquenal de inversiones de casi 40.000 millones propuesto por Galuccio. Para cumplirlo necesitaría aumentar drásticamente los precios de sus productos y, claro está, lo que podría proporcionarle la Anses, además de las aseguradoras y los bancos locales presionados por el gobierno. Puesto que las fuentes de financiación disponibles están agotándose con rapidez, sería poco probable que YPF obtuviera lo que, según el CEO, precisa para poder acercarse a la meta fijada por el gobierno de restaurar el autoabastecimiento energético que el país ya había alcanzado antes del comienzo de la gestión de Cristina pero que, tal y como están las cosas, ya parece utópico.


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