Pichetto: es un “mamarracho” igualar delitos contra la administración pública con los de lesa humanidad

Uno de los puntos en discusión es la imprescriptibilidad, porque entiende que asimila ambos tipos de delitos. “No es una buena medida para esta norma”, dijo el senador y cuestionó: ¿a qué condenamos a las personas jurídicas, a prisión?”.

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Foto: DyN.

El jefe del bloque del PJ-Frente para la Victoria del Senado, Miguel Ángel Pichetto, confirmó hoy que el proyecto para castigar a las personas jurídicas por delitos contra la administración pública que aprobó Diputados será modificado porque, dijo, “queremos hacer algo serio” y que la norma “sea coherente y sirva al Estado para investigar”.

El jefe del principal bloque opositor fijó, de esta manera, posición respecto del texto que aprobó Diputados el 5 de julio con importantes cambios introducidos en medio del debate en particular que fueron aceptados por el interbloque Cambiemos por la necesidad de conseguir los votos para darle media sanción.

Las incongruencias en el articulado que saltaron después hicieron que la Cámara baja demorara varios días en girar el texto al Senado para su revisión.

Durante una segunda reunión de consulta con jueces y fiscales realizada por la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Pichetto consideró “un verdadero mamarracho asimilar los delitos contra la administración pública a los delitos de lesa humanidad”, ya que un artículo agregado en Diputados a instancias del Frente Renovador dispuso la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.

“Si la necesidad de la sociedad es lograr resultados más rápidos, estamos consolidando procesos que durarán 30 años, hasta el fin de la vida del imputado”, advirtió Pichetto, por lo que afirmó que “éste es un tema que va a ser revisado. No resiste análisis” porque “estos delitos ya tienen la prescripción en el Código”, recordó.

También el senador por Río Negro manifestó su rechazo a que se asimile “la malversación al cohecho” y citó el caso de intendentes que suelen mover partidas para cubrir baches administrativos sin que ello implique la comisión de delito.

Los senadores, además, tienen bajo la lupa el artículo primero de la norma, que extendió –en contra de lo que establecía el dictamen de mayoría que en Diputados firmó el interbloque Cambiemos- a las personas jurídicas los delitos que alcanzan a las personas físicas.

Al respecto, el fiscal general de la Cámara del Crimen y vicepresidente de la Asociación de Magistrados, Ricardo Saénz, sostuvo que “es mejor que el artículo 1 vuelva a la versión del dictamen de mayoría” porque explicó que “no distinguir los delitos implica que toda la ley es aplicable a todos los delitos”.

Saénz cuestionó, por otra parte, la elevación de las penas para que no sean excarcelables y coincidió con Pichetto y otros expositores en que “la imprescriptibilidad no es una buena medida para esta norma” porque asimila los delitos contra la administración públicos a los delitos contra los derechos humanos”.

En otro orden, el fiscal estimó que la decisión de elevar el mínimo de las multas del 0,5 al 1 por ciento de los ingresos brutos y bajar del 20 al 10 por ciento el máximo “es la decisión del legislador” y no tomó partido.

Pichetto también señaló en la reunión que es “peligroso instalar en cierta medida la responsabilidad objetiva saliendo del derecho penal clásico” y cuestionó la “independencia de las acciones” que establece el proyecto, porque se preguntó “¿a qué condenamos a las personas jurídicas, a prisión?”.

El senador marcó que “queremos hacer algo serio, tratar de modificar esta norma para votar algo que sea coherente, que le sirva al Estado investigar” porque “todos sabemos para qué es esta norma”, apuntando a los resonantes casos de corrupción bajo investigación.

Además de Saéz el Senado consultó a los jueces Gustavo Hornos, de la(Cámara de Federal de Casación; Sergio Fernández, juez de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal; Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal ; Carlos Mahíques, vocal en la sala II de la Cámara Federal de Casación Penal y Carlos Gemignani, juez de la Cámara Federal de Casación Penal.


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