Piden indagar a ejecutivos de Repsol por derrame

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NEUQUEN (AN).- El fiscal de Estado de Neuquén, Raúl Gaitán, le pidió al juez Daniel Varessio que llame a indagatoria a dos ejecutivos de la Regional Oeste de Repsol YPF en el marco de la investigación por un derrame de crudo en la zona aledaña al volcán Auca Mahuida.

Gaitán, en nombre del poder Ejecutivo y en su carácter de querellante, elevó la solicitud de indagatoria para dos ejecutivos locales, entre ellos el gerente de la Regional José María Moreno Villaluenga.

La información fue difundida ayer desde el área de prensa del Tribunal Superior de Justicia donde se informó, además, sobre una nueva recorrida realizada el jueves por el magistrado Varessio, quien concretó la inspección ocular «a pedido del fiscal de Estado, con el propósito de constatar si la empresa inició el plan de remediación de los perjuicios ambientales».

A través del mismo comunicado se informó que el juez fue también a la zona, donde en octubre hubo un derrame de crudo. Allí -dice la nota- se buscó «detectar nuevos episodios de contaminación».

El pedido de Gaitán incluye el pedido de indagatoria del gerente de Medio Ambiente de Repsol Roberto Console.

Quiebre

La contaminación de un área aledaña al Auca Mahuida y la denuncia penal que hizo el gobierno neuquino marca un quiebre en la relación entre la provincia y la empresa española.

El caso se hizo público a través de medios de comunicación oficiales y luego hubo una conferencia de prensa donde el propio ministro de Producción y Turismo, Marcelo Fernández Dotzel, se encargó de detallar la situación. En la oportunidad, anunció el retiro de la licencia comercial a Repsol YPF y aseguró que el derrame estaba dentro del área natural protegida.

Desmentida

Esta última afirmación fue desmentida luego por José María Moreno Villaluenga, la máxima autoridad que la empresa española tiene en la región.

«El derrame no fue dentro del área protegida y tampoco es de la dimensión que se ha informado», dijo el directivo hace un par de semanas. A Moreno Villaluenga y a Console, en un allanamiento a su oficina ordenado por Varessio, se les secuestraron las computadoras personales.

Para completar el cuadro, el sábado pasado el gobernador de la provincia, Jorge Sobisch dijo que «una cosa es ser aliado estratégico en el desarrollo y otra cosa es no cumplir la ley».

En este contexto, el jueves se realizó la inspección ocular y ahora es posible que Varessio -uno de los postulantes a ocupar la Cámara Penal de Apelaciones- llame a indagatoria a Moreno Villaluenga y Console.

Además del juez participaron de la recorrida, el director de Areas Naturales de la provincia, José Calderón, un geólogo, dos guardafaunas y dos guardaparques.

«Ningún directivo de la empresa participó de la inspección, pese a que fueron cursadas las notificaciones e invitaciones correspondientes», expresó prensa del TSJ.

«Hubo notificaciones pero no invitaciones, de haber sido invitados hubiéramos participado», respondieron desde la Unidad de Negocios Argentina Oeste de Repsol YPF.

Sugestivo cambio de política

Resulta llamativa la dureza con que la provincia ha salido reprender el derrame de crudo que Repsol YPF provocó en Auca Mahuida. No hay antecedentes de un pedido como el que el fiscal de Estado le hizo el juez Varessio. La historia de los controles y castigos a las petroleras estaba en blanco hasta aquí, a pesar de que en algún momento el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) mensuró un pasivo ambiental de mil millones de dólares.

Hace algunos años, en plena disputa entre la empresa española y las comunidades mapuches, se descubrió un derrame de crudo en aguas del río Neuquén. Durante varios días, desde un caño roto cayeron litros y más litros de combustible al curso de agua. La denuncia hecha por mapuches no mereció siquiera un sumario por parte de la provincia.

Por estos días, aunque nadie lo admita directamente, las relaciones entre Neuquén y Madrid no son como ayer y el derrame en Auca Mahuida es presentado como una catástrofe.

Es saludable que de una vez por todas la provincia avance con guardias ambientales e inspecciones regulares a los yacimientos en explotación e incluso áreas en exploración. El caso de Auca Mahuida marca un cambio de política en este sentido aunque hay demasiados indicios de que el castigo poco tiene que ver con la contaminación. (AN)