Piden informes sobre el caso de Melipal II
El caso del remate en el loteo de Melipal II sigue generando polémica. Ahora, la edil Sandra Guerrero solicitó un pedido de informes sobre las atribuciones de la Asesoría Letrada de la municipalidad de Bariloche para saber por qué no se reclamó la deuda de la subasta, pese a tratarse
SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La concejala Sandra Guerrero pidió al Ejecutivo que informe sobre las atribuciones de la Asesoría Letrada alterar un procedimiento judicial a partir del reconocimiento realizado en tal sentido por el abogado del municipio Manuel Vázquez.
La inquietud surgió a raíz de la actitud prescindente del municipio en el remate de 21 lotes del fraccionamiento Melipal II, donde los representantes comunales no reclamaron el fruto de la subasta pese a tratarse de una ejecución fiscal.
En diálogo con «Río Negro» el letrado justificó su inacción en la existencia de un embargo trabado por un acreedor que impedía al municipio cobrar ese dinero. «No hubo apuro (en reclamar el saldo de la subasta) porque no teníamos interés en otro cobre el dinero y si hay un nuevo remate tampoco lo vamos a cobrar nosotros» dijo.
Esta respuesta fue considerada cuando menos llamativa por Guerrero que no descarta el inicio de acciones legales. El cuestionario, dirigido por elevación al intendente Alberto Icare, comienza preguntando «si la Asesoría Letrada ha omitido los pasos procesales indicados como consecuencia de una instrucción explícita de la máxima autoridad del Departamento Ejecutivo».
La concejala profundizó la pregunta solicitando «fotocopia del acto administrativo que así lo dispuso» para el caso de una respuesta positiva mientras que, para el caso contrario, pidió precisiones sobre las atribuciones de la Asesoría en el manejo de los juicios de municipio. Textualmente solicita «indicar si la Asesoría Letrada tiene plena disposición» de los litigios y «si se ajusta a alguna pauta general».
Además inquirió «si existen otros expedientes judiciales en los cuales la Asesoría Letrada omite actos procesales» y «cuales son» y «si existe algún procedimiento de supervisión o control» sobre esa dependencia.
Por último preguntó si se dio intervención al Tribunal de Cuentas para que «dictamine si hubo perjuicio fiscal o, si no habiéndolo, se incurrió en alguna falta reglamentaria».
A modo de reseña la edila recuerda que se subastaron más de 30 lotes sin base, «en virtud de no existir postores en los dos primeros llamados», de los cuales 21 fueron adquiridos por Rubén Gunkel mientras el resto ya está en trámite de escrituración.
En cuanto al nudo de su cuestionamiento enfatizó que «el municipio nunca pidió la integración del saldo de subasta» cercano a los 100.000 pesos. Vázquez justificó la decisión de no cobrar el producido de la ejecución fiscal en el embargo trabado sobre ese remate.
Este extraño accionar del municipio salió a la luz cuando el juez civil Marcelo Serra anuló la subasta y ordenó la determinación de fecha para un nuevo llamado tras comprobar que el adquirente aprovechó la «inactividad de la ejecutante» y no saldó el monto comprometido a un año del remate.
