Pidieron la detención de Jeanine Áñez por «terrorismo y sedición»

La denuncia también involucra a varios funcionarios en el marco de la investigación del golpe de estado de 2019 en Bolivia.

Un fiscal de La Paz ordenó hoy la detención de la expresidenta de facto, Jeanine Áñez y varios de sus colaboradores, en un proceso abierto por el golpe de Estado contra Evo Morales de 2019.

La acción contra Áñez fue revelada en medio de la tensión provocada por previas órdenes de detención contra exjefes militares y policiales que habrían participado en el derrocamiento de Morales (2006-2019) en noviembre de 2019, en un proceso activado por una denuncia de una exdiputada del partido gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS).

La exmandataria denunció que se trata de una «persecución política» y acusó al MAS de «volver a los estilos de la dictadura».

La orden de detención se hizo extensiva al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, de Defensa, Luis Fernando López, ambos refugiados en Estados Unidos, de la Presidencia, Yerko Núñez, de Justicia, Álvaro Coimbra y de Rodrigo Guzmán, de Energía.

La red privada Unitel reportó que Guzmán fue aprehendido en Trinidad y traslado por agentes vestidos de civil al aeropuerto de esa ciudad, desde donde se esperaba que sea trasladado a La Paz.

«Cuando llega al aeropuerto recién muestran la orden de aprehensión por caso terrorismo, nunca nos notificaron», relató a Unitel la esposa de Guzmán.

Fuentes de la fiscalía de La Paz dijeron que era probable una declaración oficial de esa oficina sobre el caso en las próximas horas.

Este mediodía, efectivos policiales detuvieron a Guzmán por su presunta vinculación con el caso de “terrorismo y sedición” cuando se produjeron las revueltas contra el golpe de Estado que dejaron 36 muertos y más de 800 heridos.

El caso de «terrorismo y sedición» fue presentado por sectores afines al MAS, que aseveran que la salida de Morales en 2019 fue propiciada por un golpe de Estado en medio de acusaciones de fraude electoral.

Kaliman, excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, se convirtió en el cuarto exjefe policial o militar sobre el que pesa órdenes de detención por su aparente participación en el golpe y es acusado por la presunta comisión de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración en grado de complicidad.


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