Plata dulcísima

Si bien siempre ha sido público y notorio el hecho de que «los políticos» disponen de fuentes de dinero muy especiales, durante décadas la ciudadanía lo ha tolerado, acaso por creer, equivocadamente, que sólo se trataba de sumas relativamente pequeñas, pero últimamente esta situación ha comenzado a cambiar. Hace algunos meses, se reveló, en base a un informe oficial que asustó al propio gobierno que en nuestro país las legislaturas provinciales cuestan mucho más que sus equivalentes de los Estados Unidos, lo cual es una aberración a la luz de la diferencia entre el ingreso per cápita norteamericano, que es superior a los 30.000 dólares anuales, y el nuestro de apenas 9.000. Pues bien: a fines de agosto, el diario porteño Página/12 nos explicó cómo la Legislatura bonaerense se las arregla para utilizar ingresos que superan los de California, Estado norteamericano que de figurar como un país independiente tendría un Producto Bruto enorme, tanto como para obligar al Grupo de los Ocho a convertirse en Nueve. Según parece, cada diputado y cada senador, trátese de peronistas o aliancistas, de la provincia de Buenos Aires maneja entre 30 y 40 mil pesos por mes, sin tener que rendir cuentas ante nadie. No sorprende, pues, que los políticos así privilegiados hayan bautizado este tesoro «la caja mágica».

Este sistema de financiamiento «mágico» de la política – mejor dicho, de los políticos -, se originó en una ley que fue aprobada en noviembre de 1985, cuando los radicales gobernaban la provincia más poblada del país, y desde entonces no ha dejado de hacerse cada vez más milagroso, sobreviviendo a las vicisitudes electorales que se han producido a partir de entonces por una razón muy sencilla: conviene a todos que haya fondos reservados que pueden usarse para fines supuestamente legítimos pero no obstante ello inconfesables. Es que a pesar de las diferencias genuinas, el PJ y la UCR podrían considerarse dos cabezas de un solo movimiento que se asemeja mucho al Partido de la Revolución Institucional (PRI) mexicano, una organización clientelista sumamente corrupta que, lo mismo que sus parientes locales, ha combinado un discurso progresista y populista con una forma de actuar oligárquica, por no decir mafiosa. En términos políticos, dicha receta ha resultado ser sumamente eficaz; entre otras cosas, sirve para ablandar a los jóvenes idealistas cuando éstos aún no tendrían mucho que perder luchando contra el statu quo, preparándolos para que más tarde sean corrompidos al aceptar compartir los privilegios que puede repartir el poder. Sin embargo, la estabilidad así garantizada conlleva costos muy altos: la retórica populista ha mantenido atrasadas e inequitativas las economías de los países latinoamericanos y la hipocresía institucionalizada ha redundado en un grado fenomenal de corrupción.

Los políticos aparte, virtualmente todos concuerdan en que es urgente una profunda reforma política para que las prácticas locales se acerquen más a las habituales en los países más avanzados, lo cual supondría una reducción drástica de los costos económicos de actividades que por lo común sólo benefician a los políticos mismos. Pero si bien el revuelo provocado por el caso de los presuntos sobornos en el Senado de la Nación ha sensibilizado a la población, la «sociedad civil» aún no parece estar en condiciones de impulsar los cambios necesarios, los cuales, obvio es decirlo, tendrían que ser obra de quienes hegemonizan las instituciones que habrá de transformar. Para que se dé la modificación así supuesta, tendrá que verificarse una revolución en las urnas similar a aquella que por fin produjo la derrota del PRI en México. En buena lógica, ya deberíamos estar asistiendo a la consolidación de un movimiento comprometido con normas distintas de las tácitamente reivindicadas por peronistas y radicales. Sin embargo, por ser socio de la UCR en la Alianza, el Frepaso, el cual es la única fuerza que podría desempeñar dicho papel aunque sólo fuera porque es relativamente joven, tiene una capacidad de maniobra muy limitada, razón por la cual es probable que el país tenga que convivir algunos años más con la inmoralidad política estructural.