¿Pobres o empobrecidos?



Conforme al último informe del Barómetro de la Deuda Social Argentina, alrededor de 560.000 argentinos sufrieron hambre o no tuvieron qué comer en el último trimestre del 2011, en tanto 1.300.000 compatriotas experimentaron alguna forma de inseguridad alimentaria en el mismo período. Según dicho documento indubitado, 8.700.000 personas son pobres en el país y 1.800.000 hogares sufren pobreza estructural, esto es, padecen necesidades básicas insatisfechas y no pudieron mejorar su situación entre el 2007 y el 2011. Ante semejantes guarismos, ¿acaso alguna cosmogonía explica y justifica cómo, con el universo, fue institucionalizada y expandida una inhumana inequidad distributiva? ¿No fue mejor una destinación universal de los bienes sin afiliaciones ni acepción de personas? Nuestra realidad nos propone repensar las causas últimas de la humanidad para no quedarnos en la periferia de alivios o placebos para sus efectos. La recesión económica actual, la inflación, la corrupción, la ineficiencia, el autoritarismo y la impunidad agudizan la crisis del desarrollo humano. Los ajustes para reactivar el crecimiento, el abastecimiento y la satisfacción a lo largo y a lo ancho de la historia económica no se ocupan del mejoramiento del nivel de vida de las personas. Todo lo contrario. ¡Se salvan bancos antes que personas! Son propias de toda barbarie las consecuencias inhumanas que se imponen a los pueblos de las naciones, provincias, comunas y municipios. Un absurdo, inequitativo, persistente e injusto empobrecimiento de los pueblos explicado por el obsceno enriquecimiento e ineficiencia de la clase política dirigente intergeneracional ya alcanza la categoría de escándalo. Es inaceptable tanto cinismo intelectual en el ámbito de los poderes republicanos, como tanto federalismo clausurado ante demasiada Justicia impotente. Si entre nosotros sólo consideráramos la grave situación (¿de júbilo?) de nuestros ancianos jubilados, que a su tiempo trabajaron y aportaron en serio, prestaríamos mayor atención y máxima ejecutoriedad a la alcurnia del dispositivo constitucional “...atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos” (artículo 36 de nuestra Constitución nacional). “Quienes se quedan con los sueldos de los maestros, quienes roban a las mutuales o se ponen en el bolsillo el dinero de las licitaciones no pueden ser saludados. No debemos ser asesores de la corrupción. No se puede llevar a la televisión a sujetos que han contribuido a la miseria de sus semejantes y tratarlos como señores delante de los niños. ¡Ésta es la gran obscenidad! ¿Cómo vamos a poder educar si en esta confusión ya no se sabe si la gente es conocida por héroe o por criminal?”. (Sabato) Más allá de acendrados individualismos e insolidaridad social, la corporación política vernácula –sin inhabilitados– no ha escatimado nepotismos, enroques, desencuentros, mezquindades, corrupción e ineficiencia, ¡faltaba más! Consecuentemente, desde esta perspectiva con sus sobradas razones, apropiadamente, ya no deberíamos hablar de pobres sino de empobrecidos. (*) Docente e investigador. Córdoba

ROBERTO FERMÍN BERTOSSI (*)


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