Poco avance para poner en regla la ocupación de tierras en Bariloche

Detrás de cada terreno ocupado suele haber una historia de urgencias familiares, zozobra económica, desconocimiento jurídico y necesidades de distinto tipo. Los casos son numerosos y hay barrios que crecieron casi exclusivamente bajo ese modelo.

Se trata de una realidad extendida en Bariloche que –al menos en ese rasgo– se parece mucho a las urbes más grandes del país.

La situación recurrente es la de un lote abandonado cuyo dueño no muestra interés alguno en recuperar. Transcurridos los años la familia afincada allí aspira a escriturar y disponer de la propiedad. Para encuadrar esos casos fue aprobada a nivel nacional la llamada Ley Pierri (la 24.374) hace ya 25 años.

En un principio se aplicó en La Matanza, Lomas de Zamora y otros municipios del conurbano pero no había llegado al interior del país. La cantidad de casos en Bariloche que podían ingresar a la ley (más de 8.000 calculan en el Instituto Municipal de Tierras y Viviendas) impulsó al municipio a implementarla a nivel local.

Pero a más de tres años del lanzamiento del plan, los resultados son decepcionantes. El listado de interesados ya supera los 400, pero hasta ahora no más de una decena de carpetas cumplieron con todos los requisitos y fueron remitidas al IPPV, que las devolvió con nuevas exigencias.

El vicepresidente del Instituto Municipal de Vivienda, Nicolás Pedernera, dijo que no lograron llegar todavía al punto final de ningún trámite, que es la emisión del “acta declarativa” por parte de un escribano, mediante la cual el ocupante accede a la titularidad provisoria del terreno, con “restricción de dominio”. En diez años, si no hay reclamos, puede tramitar la escritura definitiva.

“Estamos en la recta final”, dijo Pedernera. Lo cierto es que las primeras regularizaciones siguen en trámite, aunque la expectativa no se pierde.

En mayo de 2016 el municipio anunció el ingreso a la operatoria de “ley Pierri” y el intendente Gustavo Gennuso su mostró optimista. “Lo más preciado es tener nuestra vivienda, donde criar a nuestros hijos, donde vengan nuestros nietos y que sea nuestro –dijo ese día–. Hoy vamos a empezar un camino de regularización real, cierto, para que tengan posesión. Empezamos a mover la rueda, una rueda importantísima para todos los barilochenses, sobre todo de los sectores populares”.

Dos meses después dijo que formalmente Bariloche ya estaba en condiciones de aplicar la ley bajo la tutela del IPPV. Aseguró entonces que “muchos vecinos viven con temor desde hace años por no poder escriturar”. Dijo que el trámite administrativo de regularización que se impulsaba “es mucho más rápido que el proceso judicial” de usucapión, y señaló que el municipio ya contaba en ese momento con “80 carpetas listas” para darles curso.

Los primeros reclamos para “traer” la ley de Regularización Dominial a Bariloche datan de 2007 y ya desde entonces hay documentos del Consejo Local de Tierras según los cuales “la gente se instala donde puede y como puede. El acceso a la tierra no es fácil para los sectores populares”.

También decía que la regularización es una instancia de “progreso” enorme para le gente “que paga impuestos, mejora su calidad de vida y termina con la estigmatización”.

Trabas inesperadas

Un año después de los primeros anuncios, en agosto de 2018, desde el municipio aseguraron que “los primeros 13 beneficiarios ya están en el tramo final” de la regularización.

Pero el actual vice del Instituto de Vivienda admitió que no todo resultó tan fácil. Explicó que recién en julio pasado pudieron enviar los primeros 11 expedientes de “Ley Pierri” al IPPV, que es el organismo de aplicación en Río Negro. Incluían las declaraciones juradas de los solicitantes, mensuras, certificaciones y todo lo necesario para entrar en la regularización.

Pero los trámites fueron devueltos con observaciones “en el tema de la notificación”, admitió Pedernera. Se trata del punto más delicado de la gestión previa al otorgamiento del título, ya que la ley obliga a agotar la búsqueda del dueño original.

Según Pedernera, el Instituto Municipal lo había hecho a través de la Cámara Nacional Electoral, pero el IPPV mandó también a notificar al último domicilio del propietario que figure en el Registro Nacional de las Personas, además de publicar los edictos en el Boletín Oficial y la prensa local.

“Para mí técnicamente están terminados, pero faltará librar oficios al Registro de las Personas y al Registro Público de Comercio, para las personas de existencia ideal. Recién después se podría avanzar con el acta provisoria”, dijo Pedernera.

El bajo costo es una de las grandes ventajas, ya que el servicio de los escribanos está fijado en 9.000 pesos, más gastos administrativos del Instituto que no pasan de los 1.500 pesos.

El camino alternativo es un juicio de usucapión, que demora en promedio siete años y el interesado debe abonar alrededor de 150.000 pesos de derechos, honorarios y otros gastos.

Aprendizaje

Pedernera dijo que todo se tornó más lento de lo esperado porque no hay experiencia previa y sólo les queda avanzar a puro “ensayo y error”. Bariloche, dijo, es la primera ciudad de la provincia en aplicar la ley Pierri y la experiencia es reconocida como “caso testigo”, al punto de que ya recibe consultas de Viedma y de otros municipios adheridos.

Agregó que cada jueves la oficina del Instituto está abierta a recibir nuevos trámites y el listado incluye ya a unos 450 los ocupantes que llenaron el formulario y comenzaron a aportar la documentación. Hay vecinos de Virgen Misionera, Villa Llanquihue, El Frutillar, Nuestras Malvinas y otros barrios de Pampa de Huenuleo.

El funcionario aceptó que la puesta en marcha del proceso de regularización “tuvo muchos devenires” y en un comienzo “la expectativa de la gente era otra”.

Subrayó que la operatoria está limitada a lotes de valuación fiscal no mayor a los 3 millones de pesos, que tengan asentada una vivienda única, y para beneficiarios “que no hagan de esto algo especulativo”.

Señaló que el caso típico, que se repite en todos lados, es el de personas que ocuparon tierra abandonada cuyo titular “vive en otro lado y no tiene ni idea de que sus padres o abuelos habían comprado en esta zona”.

Los problemas de la falta de modelos para imitar

Además de la actuación institucional del Instituto de Vivienda en el seguimiento de las ocupaciones que existen en Bariloche también ejerce un rol protagónico el Consejo Social de Tierras, que integran varias Juntas Vecinales y organizaciones sociales.

En ese grupo participa Bibiana Alonso, quien manifestó su inquietud por los condicionamientos que han frenado hasta ahora la aplicación de la Ley Pierri. “La implementación viene muy lenta y se manejan con cuidado porque hay pocos antecedentes –manifestó Alonso–. Desde el Consejo no hemos podido intervenir directamente porque el municipio sólo inicia el trámite, pero la responsabilidad fue absorbida por la provincia a través del IPPV”.

Dijo que muchas familias esperan desde hace años la regularización y se quejó de que sea tan puntillosa la “notificación fehaciente” de los potenciales propietarios. Estimó que en un proceso judicial es menos exhaustiva. Según le consta, “en Buenos Aires bastaba como la publicación de los llamados en el vidrio de las oficinas”. Mientras que en los procesos iniciados en Bariloche el IPPV demandaría un rastreo por distintas vías.

“Las organizaciones hicimos notar que bastaría con informar el estado del procedimiento. Porque ya está todo completo. Lo que ellos quieren hacer directamente es llamar al dueño de un modo que no es necesario –insistió Alonso–. Deberían averiguar cómo se implementó la ley en otros lados, porque no fue así”.

Tomás Guevara, investigador del Cietes y de la UNRN, también participa por esos organismos en el Consejo de Tierras y calculó que en Bariloche hay no menos de 8.000 propiedades en condiciones de regularizar.

Aclaró que la ley es válida pero acceder a los títulos es apenas un paso, y no resuelve el problema de hábitat de la gente, que debería incluir el acceso a los servicios y a una vivienda digna.

Para Guevara, el trámite de la ley Pierri “no está fluyendo como debería” y conjeturó que puede deberse a diferencias políticas entre el gobierno de la provincia y del municipio.

La ley 24.374 es de 1994. Establece el beneficio de la regularización dominial a “los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pública, pacífica y continua” de un inmueble edificado urbano, que tenga como destino principal el de “casa habitación única y permanente”. El dato nuevo es que permite el acceso a la propiedad por “prescripción administrativa”, sin los costos y demoras de un proceso judicial por usucapión. La fecha de corte (establecida con posterioridad) es el 1 de enero de 2006, de modo que los ocupantes con posterioridad a esa fecha por ahora quedan afuera de la ley. Otras condiciones son las de contar con plano de mensura y que la tierra no sea estatal.