Polémica fea
Entre otras cosas, las protestas vehementes que han sido formuladas por integrantes de lo que podría llamarse el «ala izquierdista» de la coalición gobernante por la decisión del presidente Fernando de la Rúa de votar contra la dictadura castrista en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han servido para recordarnos que, a pesar de todo lo ocurrido en las últimas décadas, todavía abundan los habituados a subordinar dichos derechos a sus propias preferencias ideológicas. Mientras que el presidente, en base de criterios que la mayoría de los políticos nacionales consideraría sumamente ingenuos, señaló que en vista de que el régimen del caudillo vitalicio Fidel Castro sigue pisoteando sin remordimientos los derechos ajenos, correspondería a la Argentina, país consustanciado con los valores civilizados, condenarlo, otro, entre ellos el ministro del Interior Federico Storani, el de Justicia Ricardo Gil Lavedra y, claro está, el ex presidente Raúl Alfonsín, insistieron en que las penurias de los cubanos importaban mucho menos que la necesidad a su juicio imperativa de no alinearse con los Estados Unidos. ¿Cómo solidarizarse con las víctimas del castrismo -se preguntaron- si éstas ya disfrutan del respaldo de los cubanos «derechistas» de Miami y, lo que es peor aún, del ex presidente Carlos Menem? En el fondo, su actitud es idéntica a la ostentada por todos aquellos que se abstuvieron de criticar a la dictadura militar encabezada por el entonces general Jorge Rafael Videla por no querer convertirse en aliados «objetivos» de la izquierda.
Aunque a políticos como Storani, Lavedra y Alfonsín les cueste entenderlo, los derechos humanos no varían según la militancia ideológica de las víctimas de los acostumbrados a subordinarlos a la política, de suerte que encarcelar a un «conservador» o «capitalista», digamos, será infinitamente menos grave de lo que sería tratar del mismo modo a un correligionario. Una dictadura es una dictadura, sea ella «progresista», «antiimperialista», «fascista» u «occidental y cristiana»: para un demócrata genuino, los matices así supuestos son meramente anecdóticos y por lo tanto no pueden incidir a la hora de votar por condenarla o por mostrarse «comprensivo». No hay torturadores «buenos», sólo hay torturadores. Es así de sencillo, pero a muchos políticos e intelectuales que se sienten comprometidos con alguna que otra causa ideológica les resulta virtualmente imposible abandonar la idea de que sea forzoso distinguir entre la violencia justificada o, por lo menos, explicable, la de sus amigos, y la claramente intolerable, es decir, la empleada por sus enemigos. En otras palabras, a muchos les indignó la represión «antisubversiva» desatada por el régimen militar no por oponerse a la brutalidad como tal, sino porque en aquella ocasión los reponsables de la barbarie eran «derechistas».
De más está decir que quienes afirman que no hay que condenar al dictador caribeño por razones a su juicio indiscutibles ideológicas, tácticas, antinorteamericanas o lo que sea tienen sus equivalentes en el bando opuesto, personas que, como la actriz y ex cavallista Elena Cruz, dan por descontado que el ubicarse en el lado «bueno» de la línea divisoria es más que suficiente como para exculpar por completo a cualquier responsable de cometer crímenes atroces. Sin embargo, mientras que la actriz es una figura aislada sin influencia alguna en la política nacional, los dispuestos a reivindicar, aunque sólo sea indirectamente, las violaciones de los derechos humanos por parte de un dictador de retórica izquierdista incluyen a los ministros del Interior y de Justicia y un ex presidente que, acaso a raíz de un malentendido, es considerado todo un paladín de la causa humanitaria.
Aunque sorprendería que estos funcionarios y dirigentes se pusieran a perseguir a sus adversarios -los cuales, para ellos, serán «gusanos» como los millones de cubanos que viven en el exilio-, ya han perjudicado bastante a la cultura política nacional actuando como hipócritas más interesados en el destino de su ideología particular que en la defensa de la dignidad humana.
Entre otras cosas, las protestas vehementes que han sido formuladas por integrantes de lo que podría llamarse el "ala izquierdista" de la coalición gobernante por la decisión del presidente Fernando de la Rúa de votar contra la dictadura castrista en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han servido para recordarnos que, a pesar de todo lo ocurrido en las últimas décadas, todavía abundan los habituados a subordinar dichos derechos a sus propias preferencias ideológicas. Mientras que el presidente, en base de criterios que la mayoría de los políticos nacionales consideraría sumamente ingenuos, señaló que en vista de que el régimen del caudillo vitalicio Fidel Castro sigue pisoteando sin remordimientos los derechos ajenos, correspondería a la Argentina, país consustanciado con los valores civilizados, condenarlo, otro, entre ellos el ministro del Interior Federico Storani, el de Justicia Ricardo Gil Lavedra y, claro está, el ex presidente Raúl Alfonsín, insistieron en que las penurias de los cubanos importaban mucho menos que la necesidad a su juicio imperativa de no alinearse con los Estados Unidos. ¿Cómo solidarizarse con las víctimas del castrismo -se preguntaron- si éstas ya disfrutan del respaldo de los cubanos "derechistas" de Miami y, lo que es peor aún, del ex presidente Carlos Menem? En el fondo, su actitud es idéntica a la ostentada por todos aquellos que se abstuvieron de criticar a la dictadura militar encabezada por el entonces general Jorge Rafael Videla por no querer convertirse en aliados "objetivos" de la izquierda.
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