Juicio por una muerte en comisaría de El Bolsón

Guillermo “Coco” Garrido murió la noche del 13 de enero de 2011, en el calabozo de la comisaría de El Bolsón.

El joven fue hallado ahorcado con su propio cinturón. Había sido detenido por protagonizar un choque en el centro de esa localidad, en presunto estado de ebriedad. Tenía 24 años.

Los familiares y organismos de derechos humanos denunciaron que se trató de un homicidio, pero los fiscales y exjueces de Instrucción, que pasaron por la investigación, no hallaron pruebas para sostener esa hipótesis.

Las pruebas que constan en la causa apuntan a que se trató de un suicidio. Por eso, los investigadores pusieron bajo la lupa el desempeño del empleados policiales, que estaban la noche cuando ocurrió la muerte del joven. Pero en el medio del camino algunos policías, que habían sido acusados, fueron sobreseídos.

Sólo serán juzgados desde mañana los empleados policiales Laura Leiva y Emilio Oyarzún, que están acusados por haber actuado con negligencia cuando Garrido entró la noche del 13 de enero de 2011 detenido a la comisaría.

Leiva y Oyarzún eran los instructores, a cargo de los agentes policiales recién egresados, que trabajaban en la comisaría.

Según la acusación fiscal, los imputados no hicieron el debido control durante el ingreso y el encierro del joven. Por eso, la fiscalía y la querella acusaron a Leiva y Oyarzún por el delito de homicidio culposo.

El fiscal Martín Lozada intentará sostener la acusación y la abogada Marina Schifrin intervendrá en representación de los padres de Garrido, que son querellantes.

El defensor oficial Marcos Cicciarelo asistirá a Oyarzún y el abogado Darío Barroero defenderá a Leiva. Cicciarelo planteó en la audiencia de control de acusación, que se hizo a principios de agosto pasado, que la fiscalía desconoce la ley que rige el funcionamiento de la Policía provincial y el reglamento policial vigente.

Hay 37 testigos convocados para declarar en el juicio, que se desarrollará en cuatro jornadas, según indicaron fuentes judiciales.

Lozada intervino en la causa como juez de Instrucción, en lugar de su colega Ricardo Calcagno, que había sido apartado a finales de 2011 tras una recusación.

Calcagno investigó, junto con el fiscal Eduardo Fernández, la muerte de Garrido y dispuso el archivo de la causa porque concluyó que el joven se había suicidado. La fiscalía apeló y Lozada se hizo cargo de seguir la investigación. Pero llegó a la misma teoría. Después, Lozada dejó la causa porque fue designado como fiscal de Cámara.

Pasaron los años y el juez Juan Martín Arroyo fue el último que tuvo el expediente en su despacho.

Sólo serán juzgados los policiales Laura Leiva y Emilio Oyarzún, que están acusados por haber actuado con negligencia cuando Garrido entró la noche a la comisaría.