La defensa de los acusados por la explosión de Aguada San Roque pidió que se divida la causa
Durante esta mañana se llevó adelante la audiencia de impugnación en Neuquén. Afuera del edificio judicial estuvieron los maestros congregados en ATEN.
El tribunal dará a conocer mañana si acepta o rechaza los pedidos que formalizaron las defensas de los acusados. (Foto Matías Subat)
Un tribunal de Impugnación definirá mañana al mediodía si acepta o no los pedidos que realizaron las defensas particulares de seis imputados en la causa en la que se investiga la explosión de la escuela Nº 144 de Aguada San Roque. El hecho ocurrido el año pasado tuvo como víctima fatales a los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi, y días después a la docente Mónica Jara.
Los jueces Fernando Zvilling, Liliana Deiub y Federico Sommer escucharon los planteos que realizaron Martín Segovia, Gonzalo Rodríguez, Melina Pozzer y Juan Coto para que se anule de manera parcial lo resuelto por la jueza de Garantías, Patricia Lupica Cristo, en la audiencia de formulación de cargos.
Básicamente solicitan que se desdoble la causa.
Segovia en su argumentación dijo que los delitos que se le endilgan a sus defendidos (el subsecretario de Obras Públicas Roberto Deza; el director de Obras Contratadas, Carlos Córdoba y el director de Obras Contratadas, Raúl Capdevilla) en cuanto a administración fraudulenta sean juzgados en la ciudad de Neuquén y no en Cutral Co, porque no se trata de una sola conducta, sino que son dos hechos distintos.
Pidió al tribunal que anule de manera parcial lo que resolvió la jueza en la audiencia de formulación de cargos para que “los hechos que ocurrieron en San Roque (la explosión e incendio) se juzguen en Cutral Co” y lo que corresponde a administración fraudulenta se haga en Neuquén.
En consonancia y apoyando este planteo Gonzalo Rodríguez que asiste al inspector de la obra Sergio Percat recordó a los jueces que si bien no tiene discusión con la acusación de estrago culposo que se le atribuye a su cliente, entiende que tanto la falsedad ideológica y la administración fraudulenta deben ser juzgados en Neuquén.
“No estamos hablando de un hecho principal y dos accesorios, son tres hechos independientes y autónomos”, fundamentó.
Por su parte, la defensora del representante técnico Diego Bulgheroni, Melina Pozzer, coincidió con sus colegas y recalcó que se trata de «hechos absolutamente distintos, conductas diferentes y de haber ocurrido en fechas y lugares distintos, que tienen que ver con la administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública».
Una vez más insistió en que la decisión de la jueza sea revocada de manera parcial en “cuanto al rechazo de planteo de incompetencia en relación al territorio. Se debe respetar el ordenamiento procesal y la obstrucción y se debe remitir al hecho dos (administración fraudulenta) a Neuquén para su investigación ante un juez del lugar donde habrían ocurrido los hechos”.
Desde la fiscalía y la querella se ratificó que «no hay tres hechos independientes» sino que «hay conductas que se vinculan unas con otras y están en el asiento de la II Circunscripción Judicial (Cutral Co)»,
Para los representantes de la querella lo que se pretende con este pedido es «fragmentar la causa, es decir la investigación».
Fue el abogado de la querella Emanuel Roa Moreno quien recordó que la fiscalía habló claramente de la necesidad de garantizar la eficiencia y celeridad de la investigación. «Se trata de un hecho gravísimo», dijo, y de gran conmoción social. Todas las partes acusadoras pidieron que se rechacen los planteos en todos sus términos.
Los jueces solicitaron a los defensores particulares determinadas precisiones lo mismo que a la fiscalía. Luego resolvieron disponer un cuarto intermedio hasta mañana al mediodía cuando darán a conocer su decisión.
La causa que se inició tras la explosión en un sector de la escuela Nº 144 de Aguada San Roque el pasado 29 de junio de 2021 busca determinar las responsabilidades por las muertes del gasista matriculado, Nicolás Francés, de su sobrino que oficiaba de ayudante, Mariano Spinedi y de la maestra Mónica Jara, quien falleció el 12 de julio después de agonizar varios días.
Debido a las diferentes circunscripciones judiciales que existen en la provincia, la investigación recayó en la II con asiento en Cutral Co y la fiscal jefe Sandra González Taboada junto a Gabriela Macaya, la llevan adelante.
El pasado 26 de abril se acusó a ocho imputados y la semana pasada se hizo lo propio con dos funcionarios más del CPE. El plazo para investigar fue fijado en cuatro meses es decir hasta el 26 de agosto. Además de las familias de las víctimas, el gremio ATEN fue aceptado como querellante.
Comentarios